En días pasados hemos tenido noticias de varios acontecimientos relacionados con tres empresas de corte financiero que fueron señaladas por la oficina del Tesoro del país vecino del norte (símil a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México SHCP) que habían sido detectadas con operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita (ORPI), y que los recursos eran al parecer de algunos grupos de la delincuencia organizada que operan en la frontera Noreste, Pacífico y Occidente de México; con actividades de tráfico de hidrocarburos y de drogas.
La importancia de ser miembro de una organización internacional que tiene por objeto estandarizar el funcionamiento y revisión de actividades y operaciones de recursos y la procedencia de los mismos, así como el calificar el control de calidad en los servicios financieros en aras de evitar paraísos fiscales y espacios para el blanqueo de dinero, es que México, siendo estado parte, se obligó a contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este organismo es conocido como GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el Grupo de los siete (G7) quienes han hecho su operación a través de recomendaciones que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero, a efecto de que no se financien actividades ilícitas como el terrorismo y narcotráfico o cualquier otro delito en el marco de la convención de Palermo y sus anexos. Es decir, con actividades de la delincuencia organizada transnacional.
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El GAFI, como todo organismo internacional, va midiendo el cumplimiento de las recomendaciones a través de las autoevaluaciones o de evaluaciones mutuas de las acciones que cada país miembro ha realizado en aras de cumplir con el propósito. En México los mecanismos de evaluación que participan son la UIF, la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es por ello que también tuvimos noticia de una sanción administrativa que impuso la CNBV a estas tres instituciones financieras que comenté fueron referidas por la oficina del tesoro estadounidense; no es casual y al menos una instancia nacional ya dejó el precedente de que esta sanción es por no prever y alertar de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita (ORPI) por lo que el monto total de la sanción es de 185 millones de pesos.
De forma y fondo México es un país que debe cuidar mucho el sistema financiero. En términos de cumplimiento de recomendaciones estamos en el límite del foco rojo o sanción, ya que seguimos usando mucho flujo de efectivo, y los bancos no tienen rigor con la apertura de cuentas. Lo anterior propicia que se realicen muchas operaciones con recursos ilícitos, así como la comisión de delitos financieros, como fraude, secuestro, extorsión y robo de identidad, debido también a la falta de mecanismos de seguridad.
En otras ocasiones he hablado de las posibles consecuencias de que Estados Unidos haya declarado narcoterroristas a los grupos de delincuencia organizada, esto es solo quizá la punta del iceberg. Ahora falta ver qué dicen Ovidio Guzmán López e Ismael Mario Zambada García, quienes por cierto están en calidad de detenidos y testigos colaboradores antes de que se hiciera la declaración de narcoterrorismo a su organización criminal. Por esta última razón es que sí pueden negociar con ambos; es importante siempre estar pendiente del Derecho Internacional Público y las consecuencias con el Derecho Penal Nacional, ya sea local o federal.
Nota al pie de página
Mi reconocimiento a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por el programa fuerza devolvedora, que ha propiciado la devolución de inmuebles y vehículos. Gracias a esta acción se está recuperando el espacio público alrededor de las agencias del Ministerio Público en la ciudad.