La pobreza se puede eliminar sin depender exclusivamente del crecimiento económico, concluye el Relator Especial de la ONU Olivier De Schutter.
Detalla que los países deben abandonar la obsesión por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) como condición previa para el progreso social.
A través del documento “La hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento”, se plantea que la obsesión con el Producto Interno Bruto (PIB) ha agravado la crisis ecológica y la desigualdad social, fallando en proteger los derechos humanos.
El informe presentado en junio de 2026 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, sostiene que el crecimiento económico actual, a menudo basado en la extracción de recursos y la explotación laboral, no solo es incapaz de erradicar la pobreza, sino que con frecuencia la perpetúa, exacerba las desigualdades y conduce al colapso ecológico.
La hoja de ruta
El documento presentado por Naciones Unidas propone una hoja de ruta para eliminar la pobreza sin depender exclusivamente del crecimiento económico.
El informe identifica 80 medidas de política pública estructuradas, a través de seis pilares estratégicos, en donde se sugieren reformas profundas en los sistemas fiscales, el empleo y la gobernanza internacional para crear una economía de derechos humanos.
En los seis pilares interdependientes se encuentran la transformación de sistemas económicos, reformas fiscales y regulatorias para redistribuir la riqueza y controlar el poder corporativo.
Además, trabajo, cuidados y democracia económica, a través de valorar el trabajo de cuidados y fortalecer la negociación colectiva.
Además de servicios básicos universales y protección social para garantizar un nivel de vida adecuado mediante el acceso universal a servicios públicos.
Un aspecto adicional es la Justicia ecológica, en donde se centrar la justicia climática y la suficiencia como ejes del desarrollo.
Impuestos al patrimonio y herencias
En el documento se plantea la reconfiguración del régimen macrofinanciero para que las instituciones fiscales, monetarias e industriales dejen de depender del crecimiento continuo para ser estables.
Entre sus propuestas clave se incluyen contar con sistemas fiscales justos, en donde se establezcan límites a la acumulación de riqueza extrema mediante impuestos al patrimonio y a las herencias, así como asegurar una contribución justa de las corporaciones y los gigantes digitales.
En materia de Política Monetaria para el bien público, proyecta que se adapten los mandatos de los bancos centrales para abordar la desigualdad y la crisis ecológica, incluyendo el financiamiento monetario público para inversiones sociales.
Plantea la instrumentación de una Economía Social y Solidaria, en donde se expandan las formas de empresa que no se basan en la maximización del lucro, sino en el propósito social y la gobernanza democrática.
Salarios dignos
Un apartado del documento proyecta un pilar en donde se propone transformar la organización del trabajo y los cuidados, reconociendo que el trabajo es un derecho y no una mercancía.
Entres sus estrategias principales son la implementación de una garantía de empleo público con salarios dignos y reducir el tiempo de trabajo sin reducir la paga para redistribuir el empleo y el tiempo de vida.
En el caso de Justicia en los cuidados se proyecta reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado (mayoritariamente realizado por mujeres), invirtiendo en infraestructura de cuidados y creando una Renta Universal de Cuidados.
Adicional a ello, se considera una democracia en el lugar de trabajo, con la institucionalización de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones corporativas para reequilibrar el poder frente a los accionistas.
Orientar estrategias nacionales de lucha contra la pobreza
En el documento se plantea una “Economía de los Derechos Humanos", con un marco que organiza la producción, la distribución y la inversión en torno a la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, el acceso universal a servicios públicos y la sostenibilidad planetaria, en lugar de la maximización de beneficios a corto plazo.
“La pobreza no es solo una falta de ingresos, sino un proceso multidimensional y relacional de exclusión y violación de derechos humanos. El crecimiento económico a toda costa resulta contraproducente porque debilita los derechos laborales, profundiza la inseguridad y agota las condiciones materiales necesarias para la vida”, se plantea en el documento.
El documento enfatiza que la erradicación de la pobreza exige un enfoque experimental y colaborativo, donde las políticas se basen en las experiencias vividas por las personas pobres y se sometan a procesos de planificación democrática, permitiendo que la sociedad tome decisiones sobre qué producir, cómo y para qué.
“La función más inmediata de la Hoja de Ruta será orientar las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos podría aprovechar esta Hoja de Ruta para desarrollar el concepto de una "economía de los derechos humanos" y alentar a los Estados miembros a transformar la economía con el fin de hacerla más inclusiva y sostenible desde su propia concepción”, detalló.
Agrega que el gran número de personas y organizaciones que unieron sus fuerzas para desarrollar estas propuestas comparten la convicción de que la lucha contra la pobreza —un obstáculo importante para el disfrute de los derechos humanos— solo puede tener éxito si se tiene en cuenta el imperativo de mantenerse dentro de los límites planetarios.
Además, proyecta que se debe reformar el sistema financiero global, abordando la deuda y promoviendo la soberanía económica de los países del Sur Global, en donde haya una economía centrada en los derechos humanos y el bienestar del planeta.
