En México, la desigualdad de género no solo se refleja en los ingresos o la participación laboral, también en la autonomía de tiempo. Todas las personas contamos con 24 horas cada día, pero no todas tenemos la capacidad de decidir sobre lo que hacemos con ellas. Cuando la suma de actividades necesarias como empleo, traslados, trabajo doméstico y cuidados absorben persistentemente el tiempo para descansar, formarse o participar en la vida comunitaria, estamos frente a una forma de privación de autonomía, menos visible pero determinante: la pobreza de tiempo.
La más reciente Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) muestra que, en 2024, las mujeres de 12 años o más dedicaron en promedio 40.9 horas semanales al trabajo no remunerado, más del doble que los hombres (19.5 horas). Si sumamos trabajo remunerado y no remunerado, ellas acumulan 61.1 horas semanales de trabajo productivo frente a 58.0 de los hombres. Esta brecha se intensifica en las edades centrales del ciclo de vida (25 a 49 años), cuando se combinan empleo, crianza y cuidados. En otras palabras, la “doble jornada” es la regla para millones de mujeres.
Ello representa un problema por diversas razones, principalmente, porque la pobreza de tiempo reduce el descanso, limita la capacitación y restringe la autonomía económica de las mujeres que la sufren. Esta sobrecarga se traduce en una mayor incidencia de pobreza cuando destinan a cuidados cuatro horas o más al día, solo en el caso de las mujeres; ya que en el caso de los hombres, el tiempo dedicado a estas tareas no incide sobre su situación. Ante ello, aumentar los ingresos no basta: el bienestar debe asociarse con el tiempo disponible y con una mejor distribución del trabajo no remunerado.
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Este tipo de trabajo, específicamente del cuidado, es relevante pues es el que sostiene al sistema económico. La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado estima que, en 2024, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados equivalió a 23.9 % del PIB. Esto indica que, si se remunerara, representaría casi una cuarta parte de la economía. Además, cada mujer que realizó estas actividades contribuyó con un equivalente de 99 mil 539.7 pesos anuales, mientras que los hombres aportaron menos de la mitad (47 mil 515.1). Lo anterior revela que las mujeres son las que sostienen los cuidados de todas y todos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incorporó por primera vez el Anexo 31 “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, un primer esfuerzo para visibilizar el gasto en la materia, con 468 mil 641.5 millones de pesos, equivalentes al 1.26 % del PIB. Este monto representó apenas 5.42 % del valor económico del trabajo no remunerado, lo cual no solo es insuficiente, sino que su estructura privilegia transferencias monetarias (64.1 %) sobre la provisión directa de servicios de cuidados (35.9 %). Y aunque las transferencias pueden aliviar restricciones de ingreso, no liberan tiempo cuando la oferta de servicios es insuficiente o inaccesible. Además, la inversión actual está por debajo de lo requerido para consolidar un sistema nacional de cuidados (solo se alcanza un 1.26 % del 4.17 % del PIB).
Por otra parte, el Anexo 31 ayuda marginalmente a aliviar la problemática de la carencia de autonomía de las mujeres sobre su propio tiempo. El 98.5 % de los recursos observados en el Anexo 31 se dirige a población que recibe cuidados, mientras que el 1.5 % se orienta explícitamente a quienes los realizan. Tampoco se identifica un programa enfocado específicamente en reducir la pobreza de tiempo de las mujeres de 25 a 49 años, grupo donde la carga de cuidado es más intensa. De esta manera, este diseño presupuestario revela que el gasto se orienta, principalmente, en quienes reciben cuidados: personas adultas mayores, infancias o personas con discapacidad; pero no en quienes los proveen.
Sin una expansión efectiva de infraestructura social de cuidados como guarderías, educación con horarios compatibles con empleo, servicios de larga duración y apoyos comunitarios, el cuidado continúa resolviéndose dentro de los hogares, el cual recae desproporcionadamente en las mujeres.
Reducir la pobreza de tiempo implica transitar de un modelo predominante en transferencias a uno de provisión efectiva de servicios y corresponsabilidad entre Estado, mercado, familias y la comunidad.
Porque sin tiempo, no hay autonomía; y sin autonomía, no hay igualdad. Consulta el análisis completo en www.ciep.mx.
Nubia Monserrat Pedraza Chávez*
Economista especializada en competencia y regulación económica, con experiencia en mercados digitales, telecomunicaciones y radiodifusión, y con un enfoque transversal de género. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), donde coordina proyectos de investigación en finanzas públicas, y economía de los cuidados. Previamente fue Directora de Análisis Cuantitativo en la Dirección General de Condiciones de Mercado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el cual realizó investigación y análisis de datos para dictámenes sobre barreras a la competencia, insumos esenciales, condiciones de competencia efectiva y poder sustancial. También colaboró en la SHCP (UPEHP) en análisis y visualización de indicadores, y participó en investigaciones de prácticas monopólicas relativas en COFECE. Es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM con mención honorífica; ha complementado su formación con el Diplomado de Competencia Económica (ICC México) y con el Diplomado de Desarrollo de Competencias Profesionales (Universidad Panamericana).