El Senado de la República avaló la participación del sector privado o social en colaboración con el público para el financiamiento, diseño, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de obras estratégicas en México. Además, avaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice, “por excepción” a las dependencia y entidades que convoquen o inicien procedimientos de contratación, sin contar con la suficiencia presupuestaria.
“En caso de que otorgue dicha autorización la dependencia o Entidad de que se trate debe tramitar las adecuaciones presupuestarias que correspondan para contar con la suficiencia presupuestaria previo a la emisión del fallo o a la adjudicación”, establece el artículo 85 de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y la adición del Artículo 35 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Un punto adicional es que las convocatorias para las licitaciones de los proyectos de infraestructura deben indicar expresamente que se trata de “inversión para el desarrollo de Infraestructura estratégica del país a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”.
Contexto: el pasado 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la apuesta de alcanzar inversiones por 5.6 billones de pesos en México, durante su sexenio. Se anunció que contempla la instrumentación de contratos mixtos y en donde 54.15% de la inversión corresponde al ramo de la Energía.
Contratos mixtos
De acuerdo con Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar a través de cinco mecanismos, la iniciativa privada participará con el Estado en el desarrollo de infraestructura.
La Secretaría de Energía ya llevó acabo un paquete de obras mixtas, en donde la iniciativa privada ya está participando en algunos proyectos del sector.
El más importante son los esquemas mixtos, el cual es el pilar fundamental para la colaboración, del sector privado con el Estado para el financiamiento, diseño, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de proyectos estratégicos.
En el esquema, se deben compartir riesgos, costos, inversiones, beneficios o retribuciones conforme al interés público.
La iniciativa privada puede participar mediante aportaciones de capital, derechos de uso, aprovechamiento de bienes, activos, permisos o derechos intangibles, según la ley aprobada con 84 votos a favor y 28 en contra.
Contratación de Largo Plazo
El esquema también contempla que el sector privado participe en las diversas etapas del proyecto, que pueden ir desde el financiamiento hasta la prestación de servicios asociados a la infraestructura, durante un plazo determinado.
Para la recuperación de la inversión, se establece que, a cambio de su participación, la empresa recibe pagos periódicos, contraprestaciones, tarifas o ingresos derivados del proyecto. En donde los pagos pueden estar vinculados al cumplimiento de estándares de desempeño y niveles de servicio previamente establecidos.
Crean vehículos de Propósito Específico (VPE)
En la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, se establece que la SHCP instrumentará la creación del vehículo de Propósito Específico, como sociedades anónimas o fideicomisos, con la finalidad de generar una coordinación efectiva entre los sectores público y privado.
Los proyectos con recursos privados pueden obtener acceso a estos vehículos para mejorar sus condiciones de financiamiento, incluso mediante el otorgamiento de garantías por parte del Gobierno Federal o la Banca de Desarrollo.
Inclusive, en el Mercado de valores los VPE podrán emitir certificados bursátiles fiduciarios o instrumentos de deuda para financiarse, sujetándose a la Ley del Mercado de Valores.
De cuatro a 40 años
La ley establece que habrá procesos de Adjudicación y Contratos, en donde la participación privada se formaliza a través de licitaciones públicas que garantizan la libre concurrencia y competencia.
Se proyecta que puedan participar personas morales nacionales o extranjeras, así como consorcios (propuestas conjuntas),.
Ahora bien, los contratos de Inversión Estratégica se formalizarán con personas morales cuyo objeto social incluya las actividades necesarias para el proyecto. Los contratos deben tener un plazo de entre 4 y 40 años.
Los sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente y sostenibilidad, energía, salud, educación, urbana, turística, parques industriales, tecnologías, competitividad nacional o cualquier otro pueden ser sujetos de la Ley.
