Un grupo de 24 estados de Estados Unidos interpuso una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional estadounidense para que declare ilegal el arancel global del 10% impuesto por el presidente Donald Trump.
Los nuevos aranceles, que podrían elevarse al 15%, fueron anunciados un día después de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional la política comercial que Trump ha manejado desde su llegada a la Casa Blanca.
¿Qué estados demandan al gobierno por los aranceles?
La demanda en contra de los nuevos aranceles está liderada por los estados demócratas de Nueva York, California, Oregón y Arizona, a los que se les han unido Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky y Pennsylvania.
Te podría interesar
Estos sostienen que el presidente está intentando eludir la sentencia previa a sus aranceles usando una base legal distinta para mantener su política comercial.
También lee: El plan de Trump para volver a imponer aranceles tras el revés en la Corte Suprema.
Aranceles anunciados tras el fallo del Supremo
Los nuevos aranceles del 10% a las importaciones fueron justificados con la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar aranceles temporales durante 150 días para responder a emergencias monetarias o problemas graves en la balanza de pagos.
Sin embargo, los fiscales argumentan que esa sección no fue creada para abordar déficits comerciales estructurales como los que se producen cuando una economía como la de Estados Unidos importa más de lo que exporta.
“Es un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump”, afirmó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
Rayfield también recalcó que la política económica de Trump les esta costando “a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares”.
Impacto económico
Un análisis citado por el fiscal general de Connecticut, William Tong, elaborado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90% del coste de los aranceles en 2025 fue pagado por consumidores y empresas estadounidenses.
La demanda también solicita que el tribunal ordene al Gobierno federal reembolsar a los estados los costos arancelarios que hayan pagado.
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que la política arancelaria de Trump está generando más “caos económico” y trasladando los costes a los consumidores.
También lee: Pese a los aranceles de Trump, el déficit comercial de EU persiste.
Debate constitucional sobre el poder de imponer aranceles
El documento presentado ante el tribunal indica que durante más de un año, Trump ha impuesto, modificado o suspendido arancele mediante ordenes ejecutivas, memorandos y decretos de agencias federales sin contar con la autoridad legal necesaria.
Rayfield aseguró que la nueva medida es un intento de “eludir la colaboración con el Congreso”, requisito que establece la Constitución estadounidense.
“No puede continuar solo porque unos pocos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal”, afirmó.
La defensa de la Casa Blanca
Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el gobierno defenderá la acción del presidente en los tribunales.
El portavoz presidencial Kush Desai afirmó en un comunicado que el presidente está usando la autoridad que el Congreso le ha otorgado para abordar los problemas de pagos internacionales del país.
“El presidente está usando la autoridad que le ha otorgado el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y hacer frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país”, señaló.
El secretario de Tesoro, Scott Bessent, indicó que es probable que los aranceles del 10% suban hasta el 15% en los próximos días.
JL