La cadena Lili Pink, con operaciones en Colombia, Panamá y México, enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y contrabando. Autoridades judiciales de Colombia revisan los movimientos financieros de la empresa tras detectar registros inusuales en su contabilidad. El caso incluye el análisis del origen de los recursos que respaldaron la expansión de sus tiendas en varios países. La indagatoria involucra a una firma con amplia presencia en el mercado minorista de ropa interior femenina en América Latina.
El negocio inició en 2006 con una tienda en el norte de Bogotá, fundada por la familia Abadi. Desde sus primeros años, la empresa aplicó un modelo basado en precios accesibles y rotación constante de inventario dirigido a consumidoras jóvenes. La estrategia impulsó la apertura de nuevos puntos de venta en centros comerciales y zonas de alto flujo. La marca amplió su catálogo con productos de lencería básica y artículos de belleza.
En 2015, el grupo panameño Lili Brands adquirió la totalidad de la compañía, lo que marcó un cambio en su estructura de control. A partir de esa operación, la firma inició su expansión fuera de Colombia bajo un esquema corporativo internacional. La gestión local quedó a cargo de Fast Moda S.A.S., responsable de las franquicias en el país. La empresa figura entre las de mayores ingresos operativos dentro del sector textil colombiano.
Sistemas de monitoreo de la autoridad tributaria detectaron irregularidades en solicitudes de devoluciones fiscales. Las alertas incluyeron accesos no autorizados a bases de datos por parte de funcionarios vinculados con la investigación. El análisis identificó patrones atípicos en el manejo de información tributaria. Los datos también conectaron a varias sociedades comerciales con una misma dirección física.
Estructura financiera bajo revisión
La investigación señala el uso de empresas de papel para simular compras de insumos y servicios inexistentes. Estas operaciones permitieron registrar gastos elevados y tramitar devoluciones de impuestos. Los documentos también sirvieron para respaldar el ingreso de mercancías sin el pago de aranceles. El esquema dio apariencia de legalidad a productos introducidos fuera de control aduanero.
Las autoridades estiman que las operaciones bajo sospecha alcanzan unos 730 mil millones de pesos colombianos en lavado de activos. El expediente incluye un posible enriquecimiento ilícito superior a 430 mil millones de pesos colombianos. Las facturas simuladas encubrieron la entrada de ropa, juguetes y cosméticos provenientes de mercados internacionales. El mecanismo afectó la recaudación fiscal mediante evasión en procesos aduaneros.
Un juez ordenó el embargo de 405 establecimientos y 40 inmuebles vinculados al grupo empresarial. La medida busca recuperar bienes relacionados con actividades bajo investigación en el sector textil. El operativo se realizó en 59 ciudades con apoyo de unidades especiales. Las inspecciones detectaron grandes volúmenes de mercancía en bodegas listas para distribución.
La empresa mantiene operaciones abiertas en sus tiendas y continúa la atención al público. La administración de los bienes intervenidos pasa de forma temporal a la Sociedad de Activos Especiales mientras avanza el proceso. La compañía informó que colaborará con las autoridades para aclarar su situación financiera. La medida busca preservar los empleos directos asociados a la operación comercial.
Expansión y proceso judicial en curso
La marca amplió su presencia en México con la apertura de tiendas en centros comerciales. Este crecimiento coincide con el desarrollo de la investigación en Colombia. El avance del caso genera atención en otros mercados donde la empresa tiene operaciones. La evolución del proceso definirá el impacto en su presencia regional.
El operativo incluyó la captura de una persona y la emisión de siete órdenes adicionales de detención. Investigadores recopilaron evidencia física, entre ella registros de presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos. Los documentos describen transferencias relacionadas con el paso de mercancía y trámites aduaneros. El caso involucra a servidores de la autoridad tributaria en delitos como cohecho y concierto para delinquir.
La plataforma digital de pagos de la empresa registra fallas temporales por ajustes internos. La compañía recomienda a sus clientes realizar compras en tiendas físicas mientras restablece el servicio. Directivos gestionan trámites ante reguladores para mantener la continuidad de las operaciones. El sector minorista sigue el caso por su alcance en el comercio textil.
El proceso judicial continuará con la presentación de pruebas ante los tribunales. La marca YOI aparece en las líneas de investigación para rastrear el destino de los recursos. La resolución del caso marcará referencias para el control de inversiones en el sector retail. La autoridad judicial definirá el destino de los activos conforme avance el proceso legal.
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VGB
