La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el envejecimiento de la población va a provocar escasez de mano de obra y presiones fiscales.
Para 2060, los países que integran al organismo enfrentarán una disminución de 8% de la población en edad de trabajar, mientras el gasto público anual en pensiones y sanidad se verá incrementado en torno a un 3% del PIB, detalló el organismo.
"El envejecimiento de la población podría provocar una importante escasez de mano de obra y presiones fiscales”, planteó el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.
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Agregó que es necesario políticas ambiciosas que permitan mejorar las oportunidades laborales de los trabajadores de más edad, movilizar el potencial infrautilizado de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral y reactivar el crecimiento de la productividad, dotando a los trabajadores de las competencias que les permitan hacer uso de las nuevas herramientas de IA.
Durante la presentación de las perspectivas de empleo de la OCDE 2025, el organismo planteó que “la disminución de la fertilidad y el aumento de la esperanza de vida implican que la población de la OCDE está envejeciendo”.
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Explicó que con la progresiva salida de la generación de los baby boomers de la fuerza laboral, la población en edad laboral en los países de la OCDE (tradicionalmente definida como la población de entre 20 y 64 años) está disminuyendo.
De igual forma, la tasa de dependencia de la tercera edad —definida como la proporción de personas de 65 años o más con respecto a la población en edad laboral— aumentó drásticamente, de 19% en 1980 a 31% en 2023; se prevé que siga aumentando hasta alcanzar el 52% de media en la OCDE para 2060.
México enfrenta serios obstáculos para ejecutar embargos
México se encuentra entre los países que enfrentan mayores retos para hacer cumplir embargos ordenados por la vía judicial, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En las perspectivas del empleo 2025 que se presentó este día, el organismo internacional informó que, en México, aunque el marco legal permite la ejecución forzosa de sentencias mediante embargos, en la práctica persisten limitaciones administrativas, operativas y de coordinación entre autoridades que impiden su cumplimiento efectivo.
En el apartado “Ejecución de sentencias civiles y comerciales 2025” la OCDE citó como ejemplo concreto un caso ocurrido en el corredor México–Toluca, donde se ordenó el embargo de autobuses como parte de un procedimiento judicial.
No obstante, el embargo “no pudo concretarse debido a obstáculos administrativos y falta de coordinación entre autoridades”, se explica en el informe.
Este tipo de situaciones, añade el organismo, refleja una deficiencia estructural: “Las decisiones judiciales no siempre se traducen en resultados prácticos debido a la limitada capacidad de ejecución”.
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El organismo internacional advierte que la falta de ejecución efectiva socava la confianza en el sistema judicial y puede desalentar la inversión, ya que los acreedores no tienen garantías reales de recuperar lo que les corresponde, incluso después de haber ganado un juicio.
Contexto: el mercado laboral en México enfrenta una recuperación desigual. Aunque el empleo formal ha mostrado signos de crecimiento sostenido en sectores como manufactura y servicios, persisten retos estructurales como la alta informalidad, la precariedad salarial y brechas de género.
Además, según la OCDE, el país aún arrastra deficiencias en materia de capacitación laboral, protección social y cumplimiento de derechos laborales, lo que limita las oportunidades de inclusión económica para amplios sectores de la población.
Falta de efectividad compromete la confianza en el sistema judicial
El estudio identifica varias causas detrás de la falta de efectividad en el sistema judicial. Entre ellas, menciona la escasez de recursos humanos y tecnológicos para ubicar y asegurar bienes, así como la ausencia de protocolos claros de colaboración entre juzgados, actuarios, registros públicos y otras instancias administrativas.
“En algunos casos, el cumplimiento de una orden judicial depende de la voluntad o disponibilidad de autoridades ajenas al proceso”, señala la OCDE, lo cual entorpece la ejecución efectiva.
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La organización también advierte que la falta de cumplimiento real de las sentencias puede disuadir a empresas e inversionistas de recurrir al sistema legal para resolver disputas, ya que, aun obteniendo resoluciones favorables, podrían no obtener el resarcimiento esperado.
“Una sentencia que no se puede ejecutar es, en la práctica, un derecho negado”, remarca el documento.
Recomendaciones específicas para México
Para revertir esta situación, la OCDE sugiere que México implemente una serie de reformas puntuales.
Entre ellas, mejorar la capacitación del personal judicial involucrado en procesos de ejecución, establecer mecanismos de control de plazos, así como limitar los recursos legales dilatorios que suelen ser utilizados para alargar indefinidamente la aplicación de sentencias.
También plantea la necesidad de crear canales institucionales claros entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas involucradas en la ejecución de embargos.
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El organismo considera que la efectividad del sistema judicial mexicano está estrechamente ligada a su capacidad de ejecutar decisiones.
Por ello, la OCDE concluye que “los Estados deben garantizar no solo el acceso a la justicia, sino también el cumplimiento de lo resuelto por los jueces”.
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¿Por qué son importantes las perspectivas de empleo de la OCDE?
Las perspectivas de empleo de la OCDE son una herramienta clave para evaluar las condiciones laborales en los países miembros y socios.
A través de análisis comparativos y evidencia empírica, este informe permite identificar fortalezas y debilidades en los mercados laborales, así como prever riesgos asociados al desempleo, la informalidad o la baja productividad.
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En el caso de México, estas perspectivas resultan fundamentales para formular políticas públicas más eficaces, al señalar cuellos de botella estructurales como los desafíos en la ejecución judicial, la protección social limitada o la desigualdad de ingresos.
Además, ofrecen un punto de referencia internacional para evaluar avances o rezagos respecto a estándares globales.