El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, anunció una serie de cambios que el gobierno federal busca aprobar en el Congreso para combatir a las empresas factureras.
Las medidas incluyen la suspensión del sello digital al iniciar un proceso por irregularidades, la prohibición a socios y accionistas de crear nuevas empresas y la posibilidad de aplicar prisión preventiva oficiosa en casos graves.
Martínez Dagnino señaló que uno de los controles consiste en una modificación al proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica para mayor control de la facturación, ahora las empresas deben comprobar los domicilios fiscales para evitar el uso de prestanombres.
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El jefe del SAT señaló que para ello se tendrá un procedimiento abreviado de no más de 24 días que incluye:
- Suspender el sello para facturar
- Socios, accionistas y representantes legales que vendan facturas no podrán registrar nuevas empresas
- Se plantea prisión preventiva oficiosa para todas aquellas personas que afectan al fisco federal y no paguen sus contribuciones.
Contexto: el pasado 21 de septiembre, La Silla Rota difundió una entrevista con Gari Flores, Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expuso que aquellas personas, ya sean accionistas o representantes legales de una empresa, que incurran en la utilización de facturas falsas, podrán enfrentar la prisión preventiva oficiosa, la cual es la principal reforma a las modificaciones en factureras que se plantea para 2026.
“Desde que se presume que se está cayendo en este delito, en esta conducta delictiva, la primera acción que se puede llegar a implementar es la prisión preventiva oficiosa para los representantes legales y accionistas de este tipo de empresas. Es la sanción más grave que existe en el sistema penal mexicano, la pérdida de la libertad”, expresó en entrevista con La Silla Rota.
¿Qué son las factureras y cómo operan?
Las factureras o empresas fantasma son entidades que simulan operaciones comerciales o de servicios, con el único fin de emitir facturas por transacciones inexistentes. Estas facturas permiten a otras empresas o personas físicas deducir impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generando una evasión fiscal multimillonaria.
Estas empresas no cuentan con oficinas reales, empleados, ni actividad económica comprobable. Muchas veces están registradas a nombre de personas vulnerables (como adultos mayores, personas sin educación financiera o incluso personas fallecidas).
¿Por qué es importante este tema?
Principalmente, las usan empresas grandes y gobiernos locales y estatales para justificar gastos o reducir su carga fiscal. El fenómeno también se ha detectado en contratos públicos, donde se simulan compras o servicios inexistentes.
Además, redes del crimen organizado han utilizado factureras para lavar dinero, aprovechando su estructura opaca y la complicidad de funcionarios corruptos.
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