El Departamento de Justicia de Estados Unidos colocó el uso de criptomonedas en el centro de su estrategia contra el lavado de dinero vinculado con el narcotráfico. Las autoridades federales identifican estos activos como una vía frecuente para transferir ganancias ilícitas desde ciudades estadounidenses hacia estructuras criminales con operación en México.
Fiscales federales señalan que organizaciones delictivas con presencia binacional incorporan monedas digitales para mover recursos fuera del sistema bancario tradicional. Este mecanismo permite transferencias rápidas y reduce la detección en controles financieros y fronterizos.
De acuerdo con expedientes judiciales, intermediarios financieros recaudan ingresos derivados de la venta de drogas en territorio estadounidense. Posteriormente convierten esos fondos en criptomonedas y ejecutan operaciones de intercambio para dirigir el dinero hacia líderes criminales en México.
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El Departamento de Justicia sostiene que este esquema sustituye de forma parcial al traslado de efectivo a gran escala. La prioridad de las investigaciones se concentra en seguir las rutas digitales del dinero y en ubicar a quienes facilitan esas operaciones.
Criptomonedas en el centro de la estrategia
Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal, señaló que la estrategia apunta al flujo financiero de las organizaciones criminales. Bajo este enfoque, las autoridades consideran que la interrupción de los recursos económicos afecta la capacidad operativa de los cárteles.
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Como parte de este giro, la División Criminal integró equipos con fiscales de narcóticos y especialistas en delitos financieros. El objetivo consiste en rastrear el dinero desde su origen hasta su destino final mediante herramientas de análisis financiero y seguimiento digital.
Las investigaciones identifican al Cártel de Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones mencionadas en expedientes por el uso de intermediarios financieros. Los documentos describen operaciones que conectan puntos de recaudación en Estados Unidos con receptores en México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el uso de criptomonedas no elimina otros métodos de lavado, pero sí modifica la dinámica financiera. Este cambio impulsa una respuesta institucional enfocada en tecnología y cooperación internacional.
Procesos penales y cooperación bilateral
En paralelo a las investigaciones financieras, México transfirió a más de 90 personas acusadas de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero durante el segundo mandato de Donald Trump. Estos movimientos ocurrieron en tres entregas coordinadas con autoridades estadounidenses.
Entre los acusados trasladados figuran Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco. Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para lavar dinero en tribunales federales del estado de Kentucky.
Para el Departamento de Justicia, estos procesos resultan clave para ampliar las investigaciones. Las fiscalías buscan que la información obtenida permita identificar redes financieras, operadores y rutas de transferencia vinculadas con criptomonedas.
Los expedientes judiciales indican que los cargos se concentran en operaciones financieras. Las acusaciones se enfocan en la estructura económica que sostiene las actividades delictivas.
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Debate legal en México
Las transferencias de acusados generaron cuestionamientos legales dentro de México. Abogados y familiares de los detenidos sostienen que los traslados se realizaron sin órdenes formales de extradición emitidas por jueces federales.
El gobierno mexicano argumenta que las entregas se ajustan al marco legal vigente y responden a criterios de seguridad nacional. Las autoridades federales defienden la cooperación bilateral como parte de acuerdos en materia de justicia.
Este intercambio judicial ocurre mientras Estados Unidos mantiene su estrategia de presión financiera contra el narcotráfico. Las criptomonedas, los intermediarios financieros y los procesos penales se integran en un mismo esquema de persecución.
En este contexto, la relación entre activos digitales, cárteles mexicanos y autoridades estadounidenses marca una etapa en la política antidrogas, donde el seguimiento del dinero define el eje de la cooperación entre ambos países.
VGB