El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) identificaron y emitieron más de 103 avisos sobre irregularidades fiscales, aduanales y operativas como parte de la red de huachicol fiscal.
De acuerdo con la investigación del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), el SAT remitió al menos 103 constancias de situación fiscal y avisos de modificación al RFC de personas físicas y morales vinculadas a estas operaciones. Dichos oficios, fechados entre 2021 y 2023, advertían de movimientos atípicos, inconsistencias en facturación y vínculos con empresas factureras enlistadas como irregulares.
El oficio FGR/AIC/CFIC/UINTAI/88782/2024, fechado el 12 de agosto de 2024, amplía el diagnóstico con fichas de antecedentes ministeriales y confirma que los avisos interinstitucionales comenzaron desde 2019.
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Durante ese año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a registrar movimientos atípicos en las declaraciones fiscales de varias empresas del sector energético. En los reportes se detectaron ingresos millonarios con pagos mínimos de ISR y operaciones imposibles de comprobar. Entre las compañías observadas estaban Grupo Jomadi Logistics & Cargo, Energy International LLC y Serv Energy LLC, que declaraban importaciones de combustibles sin infraestructura ni permisos activos. Estas irregularidades derivaron en los primeros avisos internos del SAT y de la Secretaría de Energía (Sener), que empezaron a cruzar información sobre las licencias de importación y comercialización de hidrocarburos.
HUACHICOL FISCAL - COBERTURA COMPLETA
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Para 2020, las alertas se habían extendido a las aduanas fronterizas. El SAT detectó el uso de pedimentos falsos y documentos clonados para justificar importaciones de gasolina y diésel desde Estados Unidos. La Sener, por su parte, informó que varias empresas mantenían permisos vencidos o revocados, pero continuaban operando. Entre las compañías señaladas aparecen Hidroexperts, Petrolíferos Lobo, Energética Carvel, Chimel Oil & Gas, Dab Energy, Pyrodiesel del Centro y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México. Los reportes de ese año ya advertían una posible red dedicada a simular operaciones legales en el comercio de combustibles.
En 2021, el SAT suspendió a diversas compañías del Padrón de Importadores de Sectores Específicos, tras confirmar incumplimientos reiterados en sus declaraciones.
Durante 2022, el SAT documentó el uso de empresas fachada para emitir facturas falsas por la supuesta venta de combustibles. Entre ellas aparece Tecnología en Enersólidos S.A. de C.V., incluida oficialmente en la lista negra del SAT por emitir comprobantes fiscales apócrifos (CFDI falsos). Los registros señalan que la compañía carecía de personal, activos y domicilio fiscal verificable.
En 2023, las alertas se convirtieron en un expediente completo. El SAT remitió 103 constancias de situación fiscal y avisos de modificación al RFC de personas físicas y morales relacionadas con la red.
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La información obtenida del SAT y la Sener mostraba un patrón recurrente de importaciones simuladas y pedimentos clonados o falsos. En los registros oficiales se detectó que compañías con permisos para la distribución de combustibles habían excedido los volúmenes autorizados o carecían de autorización vigente, pese a seguir operando.
El expediente detalla además que las irregularidades no se limitaban a la evasión fiscal. En distintos puntos del país, la CRE y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habían documentado alteraciones en los dispositivos electrónicos de despacho, así como denuncias por venta de combustibles adulterados o contaminados, que derivaron en la suspensión temporal de varias estaciones de servicio.
En paralelo, la Secretaría de Economía remitió al Ministerio Público Federal documentación sobre los permisos de constitución de sociedades relacionadas con las operaciones de transporte y comercialización de hidrocarburos.
Los documentos apuntan que, pese a los múltiples avisos y sanciones administrativas, las empresas continuaron operando mediante un esquema de facturación cruzada y contratos con otras compañías del sector energético, lo que permitió mantener las transacciones irregulares sin ser bloqueadas de inmediato por las autoridades fiscales y regulatorias.
El caso evidencia una coordinación limitada entre dependencias frente al tráfico ilegal de combustibles, un delito que combina el uso de empresas fachada, contrabando aduanal y redes de lavado de dinero. Aun cuando las instituciones responsables contaban con reportes de alerta desde años atrás, las medidas de control resultaron insuficientes para detener la operación de la red.