Un análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República revela que un entramado empresarial amplio sirvió para facilitar la importación, comercialización y distribución de huachicol fiscal; algunas de estas empresas aún mantienen negocios en diversas entidades del país. En la lista de empresas se encuentra Vector Casa de Bolsa, está ligada al empresario regiomontano, Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de Presidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El documento que forma parte de la causa penal iniciada contra oficiales de Marina que participaron en el esquema de defraudación al fisco identifica al menos 555 empresas vinculadas a conductas ilícitas desde 2021 y, dentro de ese universo, subraya un repertorio de 109 compañías directamente implicadas en la importación, exportación, comercialización y transporte de combustibles muchas con señales de posibles irregularidades como facturación inconsistente, dispositivos de venta alterados o suspensión en padrones regulatorios.
Ese grupo “selecto” de 109 empresas aparece en el expediente como la columna vertebral del mercado criminal: empresas exportadoras/importadoras, comercializadoras, transportistas, estaciones de servicio y factureras que operan en diversos estados (Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, entre otros).
Te podría interesar
Entre los ejemplos consignados figuran desde firmas internacionales con fachada logística hasta pequeñas gasolineras y sociedades de transporte que, en conjunto, habrían permitido montar maniobras como pedimentos de importación clonados, descargas repetidas y ventas por debajo del precio de mercado.
Aduanas portuarias, centro del esquema de corrupción
El mapa georreferenciado que acompaña el análisis traza la actividad de cinco “objetivos” telefónicos asociados a empresas clave y documenta comunicaciones y desplazamientos en las inmediaciones de aduanas y puertos en Ensenada, La Paz, Lázaro Cárdenas, Cancún, Mazatlán, Veracruz y Guaymas durante el periodo abril 2023–marzo 2025. Esa distribución territorial es la base para la hipótesis de que las descargas ilícitas se realizaron en múltiples puertos y con actores locales coordinados.
Los analistas cruzaron controles de las cargas de combustible, pedimentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) para detectar inconsistencias, por ejemplo, existencias finales que no cuadran con entradas y salidas reportadas, lo que sugiere compra o ingreso de producto no declarado y riesgos de evasión fiscal o lavado de dinero.
El documento subraya patrones operativos recurrentes: uso de pedimentos “clonados” o manipulados para justificar procedencias; descargas fraccionadas o retornos al mar para reingresar producto con nueva documentación; participación de transportistas y pipas que movían volúmenes masivos entre recintos fiscales; y un flujo persistente de efectivo y facturación entre empresas que, según los analistas, encubre la comercialización ilícita.
Empresas señaladas en el expediente
Entre las compañías que participaban en el ingreso de gasolina o dieses declarados como aceite o aditivo, por los que se paga una tarifa de importación sustancialmente más baja, lo que representan una pérdida para aduanas, pero una ganancia en la misma proporción para las empresas, se encuentran:
Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V., a la que se achacan señales de inconsistencia volumétrica y alcance nacional
Los analistas del CFIC documentan que Altos Energéticos reporta comercialización y distribución de petrolíferos y declara 99 tanques, pero sus controles volumétricos muestran discrepancias: las existencias manifestadas al cierre de mes no siempre coinciden con la suma de saldos anteriores más entradas menos salidas, lo que abre la posibilidad de adquisiciones no registradas o de procedencia dudosa.
Además, el expediente consigna que la empresa tramitó numerosos pedimentos de importación (813 pedimentos en 2020) y que, en varios de ellos, no se identificó al proveedor extranjero en la documentación disponible. El estudio de georreferencia asocia la línea telefónica vinculada a la empresa con movimientos y comunicaciones cercanas a aduanas en Ensenada, La Paz, Lázaro Cárdenas, Cancún y otros puertos.
Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V. registra ventas que no cuadran con declaraciones y vínculos comerciales cuestionables
El análisis financiero señala que Grupo Base aparece como empresa con actividad en asfalto y venta de combustibles, ingresos importantes y operaciones con terceros señalados en notas periodísticas vinculadas al huachicoleo fiscal. Los peritos detectaron que la compañía realizó compras de diésel, gasolina y lubricantes (según CFDI) pero no declaró inversiones o compras coherentes en sus estados, y que realizó exportaciones con divisas sin manifestarlas adecuadamente en su declaración anual. Ese desajuste fiscal, junto con relaciones comerciales documentadas con otras sociedades del listado, condujo a la recomendación de pedir información financiera detallada para corroborar el origen de los recursos.
Era Tech y Transportistas: operadores logísticos en la trama
El expediente nombra a Era Tech Combustibles S.A. de C.V. y a la Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V. entre los objetivos que aparecen vinculados a números telefónicos con antenas cercanas a aduanas marítimas; ese rastro refuerza la hipótesis de que transportistas y operadores logísticos fueron parte del circuito que permitió mover y descargar el producto sin la documentación debida.
Trafigura y los intentos de descarga por Tuxpan
El expediente detalla que la multinacional Trafigura figuró en productos de inteligencia como parte de la cadena utilizada para el ingreso irregular de combustibles: el análisis apunta a un intento de la empresa por introducir un cargamento por el puerto de Tuxpan (Veracruz) sin la documentación que acredite el origen legal del material.
Vector Casa de Bolsa y la red comercial señalada
Los analistas del CFIC incluyen a Vector Casa de Bolsa dentro de un entramado de sociedades que, según el expediente, funcionarían en red con importadores y comercializadores de combustible, una lista amplia que, en conjunto, habría facilitado operaciones de comercio exterior con documentación cuestionada.
Mefra Fletes: vinculación con aseguramiento masivo y cambios de representantes
Los oficios integrados en la carpeta relacionan a Mefra Fletes S.A. de C.V. con el aseguramiento —por parte de la FGR— de alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo en la carretera Ensenada–Tijuana el 26 de marzo de 2025; además, el expediente registra múltiples cambios de representante legal entre 2020 y 2024, un dato que los analistas consideran relevante en la investigación.
Diesel Max Internacional y relaciones con maquiladoras y proveedores
El expediente registra que Diesel Max Internacional S.C. de R.L. de C.V. aparece en cadenas de suministro con maquiladoras y otras empresas proveedoras —un eslabón en el mapa logístico que, para los analistas, muestra cómo productos (gasolina, diésel, lubricantes) circularon entre actores que no siempre declararon origen o permisos.
Transportistas y operadores logísticos (Marvic / Marvic Petroleum / Autotransportes)
La investigación identifica a transportistas y operadores como Marvic (Autotransporte de Carga Especializados Marvic, S.A. de C.V.) y otras empresas de logística que habrían movilizado hidrocarburos sin contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía, según la carpeta; su papel operativo —pipas, contenedores y rutas terrestres— figura como un componente esencial del circuito investigado.
Petrosina y otros compradores/facilitadores en la cadena comercial
Analistas vinculan a Petrosina S.A. de C.V. y a otras estaciones o comercializadoras en la red de relaciones comerciales que alimentó el mercado sospechoso: esas empresas aparecen en listados de CFDI y en vínculos comerciales que, para la fiscalía, requieren verificación para determinar flujo de recursos y posible participación en operaciones no regladas.