La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una red de corrupción integrada por mandos navales, funcionarios aduaneros y representantes de empresas privadas que habrían permitido el desembarque ilegal de combustible en el puerto de Ensenada, Baja California, a través del buque Torm Agnes, en marzo de este año.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, la operación fue facilitada por funcionarios vinculados con la Secretaría de Marina (Semar) y la Administración General de Aduanas, quienes, según la indagatoria, permitieron la descarga irregular de millones de litros de diésel bajo registros falsos que lo clasificaban como “aditivos para aceites y lubricantes”.
Entre los principales señalados se encuentran Fidel Murillo Gastélum y el agente aduanal Ángel Acevez Hernández, identificados como los responsables directos de autorizar y facilitar la entrada del Torm Agnes. Ambos habrían actuado en complicidad con una red encabezada por los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quienes lideraban el grupo de marinos implicados en los hechos.
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Las investigaciones también apuntan a Marco Aurelio Ochoa López, quien habría desempeñado un papel clave al gestionar los movimientos administrativos necesarios para concretar el desembarque. Ochoa fue representante de la empresa Intanza, compañía relacionada con Mefra Fletes, propiedad del llamado "El señor de los buques" y señalada de tener un papel recurrente en las operaciones de importación de combustible en varios puertos del país.
Otro de los mandos bajo escrutinio es el capitán Víctor Hugo Perry Pérez, comisionado de la Semar y actual titular en funciones, quien —según informes de inteligencia— habría gestionado una prórroga para mantener la coordinación de las reuniones previas con la red de funcionarios que operaba en los puertos del Pacífico. Estas reuniones contaron con la participación del capitán José Manuel López Cabrera, subdirector de Operación Aduanera en Ensenada.
De acuerdo con el expediente ministerial, López Cabrera no sólo habría evitado la toma de muestras del cargamento del Torm Agnes, sino que también habría modificado los horarios de descarga para realizar las maniobras en fin de semana, con el objetivo de reducir la supervisión institucional. La FGR detalla que este funcionario se habría sentido protegido por un grupo de confianza dentro de la red de corrupción, que incluso se benefició de recursos económicos cuya procedencia no ha sido esclarecida.
La información forma parte de un expediente más amplio que involucra a puertos como Guaymas, Altamira y Tampico, donde operaban los mismos mandos y empresas privadas bajo sospecha.
Sheinbaum informa que FGR identifica a empresarios de EU en caso de huachicol fiscal
En conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó a empresarios estadounidenses involucrados en el esquema de huachicol fiscal.
La mandataria mexicana explicó que algunas de estas carpetas por contrabando de combustibles ya fueron ante un juez con el objetivo de obtener órdenes de aprehensión.
Remarcó que sí hay empresarios estadounidenses investigados, ya que no se explica que “venga combustible de Estados Unidos a México de manera ilegal y que no tuviera a alguien del otro lado”.
La travesía del buque huachicolero Torm Anges que llegó a Ensenada revelada por Reuters
Este miécoles, la agencia de noticias Reuters publicó un reportaje sobre el huachicol fiscal que afecta a México y salpica de corrupción a empresas coludidas con funcionarios de la Marina. El caso que documentó Reuters se centra en el buque cisterna Torm Agnes, el cual salió de Canadá rumbo al puerto de Ensenada, en Baja California.
Contexto: el robo de combustibles y el huachicol fiscal representó una merma económica de más de 30 mil millones de dólares, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía en entrevista con La Silla Rota.
“Entre el impacto financiero que Pemex y el gobierno federal han tenido por el robo directo y por la evasión fiscal. Estamos hablando de cifras impresionante, de más de 30 mil millones de dólares en un sexenio”, expuso en entrevista con La Silla Rota.
El exfuncionario enfatizo que, si los 30 mil millones de dólares hubieran ingresado a las arcas públicas, habría, seguramente, mayor presupuesto para educación, hospitales públicos y seguridad nacional, entre otras prioridades en el país.
El Caso Torm Agnes, Ikon Midstream e Intanza
De acuerdo con la reconstrucción del viaje del Torm Agnes, la carga se realizó en el puerto de Vancouver Wharves en Canadá, donde el buque comenzó a cargar el 2 de marzo.
El Torm Agnes transportaba diésel, el cual había recogido en ese país. Se calculó que cargó cerca de 120,000 barriles. El diésel que transportaba el buque provenía de Imperial Oil,
Reuters describe que el cargamento fue comprado en Canadá por la empresa estadounidense Ikon Midstream, y para cuando llegó a su destino en el Puerto de Ensenada, México, el 8 de marzo de 2025, la carga había sido declarada en la documentación aduanera como "lubricantes" o un petroquímico utilizado para fabricar lubricantes industriales, productos exentos de impuestos en México
La investigación detalles el sofisticado esquema de contrabando de combustible conocido como la "flota oscura", liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facilitado por empresas estadounidenses, que evade miles de millones de dólares en impuestos y ha provocado un escándalo de corrupción que sacude a la Armada de México (Marina).
El buque tanque Torm Agnes ingresó el 8 de marzo de 2025 al Puerto de Ensenada, baja California, con alrededor de 120,000 barriles de diésel.
Ikon Midstream compró el diésel en Canadá y alquiló el buque, pero en la documentación aduanera afirmó que el cargamento era de lubricantes o aditivos para lubricantes, un producto exento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mexicano.
La destinataria del cargamento, según registros portuarios y facturas, fue la empresa mexicana Intanza, con sede en Monterrey. Autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del CJNG.