El expediente judicial sobre la red de marinos y funcionarios federales acusados de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos revela que no sólo el Cártel Jalisco Nueva Generación infiltró las aduanas marítimas del país mediante empresas fachada, sobornos y la estructura institucional de protección dentro de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México; también el de Sinaloa buscó beneficiarse del entramado de corrupción en los puertos.
Los informes de inteligencia incluidos en la causa penal 325/2025 advierten que los grupos criminales tomaron el control de una parte del mercado energético nacional con el respaldo de servidores públicos en activo, capaces de manipular permisos, alterar revisiones y facilitar el ingreso de combustibles ilegales y cocaína por los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.
Gasolineras del narco
De acuerdo con los reportes del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), varias empresas estuvieron señaladas de estar vinculadas a las organizaciones delictivas y fueron utilizadas para lavar dinero y ocultar operaciones ilícitas.
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En junio de 2025, los analistas concluyeron que las empresas investigadas tomaron el control del mercado de energéticos e hidrocarburos generando un impacto económico y social grave por su capacidad de corrupción y penetración institucional.
Los testigos y las transcripciones incluidas en la investigación describen la existencia de un sistema paralelo que dependía de funcionarios navales, verificadores, gerentes y directores encargados de garantizar el libre tránsito de embarcaciones. Uno de los testigos refirió que la red contaba con personal infiltrado en las zonas de verificación portuaria que hacía caso omiso de las inspecciones y, a cambio de sobornos, permitía el paso de contenedores con combustible o drogas.
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El mismo documento judicial menciona que varias de las empresas implicadas están vinculadas al Cártel de Sinaloa y a Los Cuinis, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellas destaca Era Tech Combustibles, S.A. de C.V., señalada por obtener permiso para vender combustible a empresas presuntamente vinculadas al narco.
De acuerdo con ese reporte, la Comisión Reguladora de Energía aprobó un permiso para el expendio de petrolíferos a la compañía, cuyo accionista figura en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador del Cártel de Sinaloa.
En el expediente se advierte que la empresa forma parte de una red de gasolineras utilizadas para el lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. Además, en los trámites de actualización fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria de enero de 2021 y febrero de 2022, los investigadores ubicaron los números telefónicos, así como el nombre de su representante legal, quien es mencionado en los registros de inteligencia como uno de los posibles operadores financieros de la organización.
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Triangulación de recursos
Los informes de campo y peritajes financieros del CFIC coinciden en que esta y otras empresas sirvieron para triangular recursos provenientes del contrabando de combustible y del tráfico de cocaína. Los ingresos se mezclaban con operaciones comerciales aparentemente legales y eran transferidos a cuentas bancarias de estaciones de servicio, transportistas y proveedores ficticios. El expediente señala que el flujo de dinero en efectivo, la manipulación de facturas y el uso de empresas intermediarias permitió blanquear los recursos sin activar alertas fiscales. Según los testigos, las ganancias se repartían entre funcionarios de aduanas, mandos navales y operadores civiles, y eran trasladadas en efectivo a través de vehículos oficiales o depósitos programados en distintas ciudades portuarias.
El documento detalla que las organizaciones criminales adaptaron su estructura al interior del sistema institucional, creando una red que combinaba la logística militar con el financiamiento empresarial.
Los testigos aseguraron que, además del contrabando de combustible, la red servía para facilitar el transporte de cocaína oculta en contenedores.
VGB