La marcha que jueces y magistrados en retiro tienen programada para este 12 de noviembre frente a las oficinas del Órgano de Administración Judicial a las 9am, para exigir su indemnización, sigue en pie, dijo a La Silla Rota la jueza Magdalena Victoria Oliva, quien participó en la anterior marcha el 29 de octubre.
Ello, pese a que el órgano ya puso fecha para el pago de la indemnización a la que tienen derecho jueces y magistrados dados de baja, porque declinaron continuar en su cargo a raíz de la reforma judicial o porque perdieron en la elección judicial.
Las razones por las cuales la manifestación sigue en pie -que incluirá el cierre de la vialidad, frente a avenida Revolución 160, en la colonia Guadalupe Inn- es que los juzgadores en retiro le piden al OAJ que sea transparente en cuanto al pago a todas las personas cesadas con motivo de la reforma judicial de septiembre del año pasado, sin excepción.
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Además, que haya un pago del salario integrado -que incluye prestaciones y bonificaciones-, del total de antigüedad y que el pago sea por transferencia y no por cheque, para no exponerlos a la inseguridad, informó la jueza.
El Órgano de Administración Judicial informó este 10 de noviembre que el pago único extraordinario dirigido a juezas, jueces, magistradas y magistrados, establecido en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional, se llevará a cabo el 10 de diciembre próximo, en un horario de 8am a 7pm, en el edificio sede ubicado en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.
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Para ello, los jueces y magistrados cesados deben ir en persona y con un testigo, y el pago se les hará con un cheque.
Será la tercera marcha
La jueza Magdalena Victoria recordó que se trata de la tercera marcha. La primera fue el 1 de octubre, cuando detectaron que el pago de la pensión complementaria no les había sido transferida el 30 de septiembre.
El pago lo esperaban el 30 de septiembre y al no recibirlo, se movilizaron para protestar, lo que ayudó a que en la noche de ese mismo día lo recibieran. Aun así, un grupo de juzgadores acudió el 1 de octubre a la sede del órgano e incluso se reunieron con el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano.
Hubo una primera posición del OAJ, que les comunicó la Asociación de Jueces y magistrados (JUFED) derivado de su primera reunión, en el sentido de que les pagaría la indemnización en octubre, cosa que no sucedió, dijo la jueza.
?Después de la primera marcha, se organizó otra el 29 de octubre y se reunieron con el Pleno del OAJ en el edificio Prisma y se obtuvo un segundo compromiso de pago en noviembre, lo que ahora ven que tampoco va a suceder, porque será en diciembre.
“?Curiosamente, cuando empieza la presión mediática otra vez y en vísperas de la nueva marcha, hay un nuevo comunicado, ahora con la promesa de pago el 10 de diciembre”, dijo a La Silla Rota.
Para la jueza, el OAJ actúa de manera reactiva, cuando viene una protesta inminente y lo hace para calmar los ánimos. No lo hace voluntariamente y por el mero hecho de que es su obligación.
Con el último comunicado del OAJ,los alrededor de 850 juzgadores que fueron cesados, no tienen claros tres puntos, afirmó.
Uno es saber quiénes están incluidos en el pago de diciembre, porque la mención de que se pagará “a quienes declinaron su participación en el proceso de ratificación previsto para 2027”, como dice el boletín, excluye expresamente a los que declinaron participar para el proceso de elección de 2025. El término ratificación no aplica y nada dicen del 2025.
?Tampoco hay claridad de cómo se calculará el pago, ni siquiera en términos generales. Necesita haber al menos una mención expresa de que se hará con salario integrado y considerando la antigüedad total en el PJF.
Una duda más es la indicación de que en un solo día se presenten personalmente más de 800 personas a recibir el pago y con testigos.
“Es una señal al menos de desconfianza y coacción hacia nosotros. Cualquiera que haya visto juicios laborales sabe que precisamente de ese modo actúan los patrones y patrones asimilados en el Estado”.
Otra postura que expresarán en la marcha de este 12 de noviembre es que el pago debe ser por transferencia con expedición del recibo electrónico correspondiente, para efectos fiscales.
“No hay ninguna garantía. Por ello la protesta no se mueve, es nuestro reclamo legítimo”, expresó.
Contexto: la jueza explicó que del mandato del Poder Revisor de la Constitución se desprende, del artículo décimo segundo transitorio de la reforma judicial, que a las personas juzgadoras que declinaron de participar en la elección judicial del pasado 1 de junio o la perdieron, tienen derecho a una indemnización por su retiro de 3 meses de salario más 20 días por año.
Dicha disposición se justifica en función de que las personas juzgadoras federales tenían el derecho a la inamovilidad en su cargo, conforme al marco constitucional abrogado, al haber obtenido sus encargos por medio de la carrera judicial y ascendido, al resultar triunfadores de los concursos de oposición.
Así, se les brinda el mismo tratamiento que en el derecho mexicano se da a cualquier trabajador en supuestos análogos.
Aunado a la anterior, debe referirse que la compensación antes expuesta se justifica por el impedimento para las y los juzgadores federales retirados de ejercer como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación por dos años respecto del circuito judicial de su adscripción, conforme al segundo párrafo del artículo 101 de la Constitución.