El 15 de agosto fue el último día que Martha Magaña ejerció de juez. Aunque podía haberse quedado hasta 2027 y ese año participar en la elección judicial para seguir en el cargo o buscar otro, declinó hacerlo.
Lo hizo porque no se sentía identificada con el nuevo Poder Judicial Federal, derivado de la reforma judicial de 2024. Al declinar y seguir en el cargo, tenía derecho a una indemnización de tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, pero hasta el 10 de octubre ella y otros 800 juzgadores aún no tienen noticias de cuándo se pagará lo que dispone la ley.
“Legalmente tenemos derecho a una indemnización. Es un beneficio laboral que los legisladores pusieron. Esa indemnización no es la que consideramos legal y justa porque no toma en cuenta el proyecto de vida, los estudios que hicimos, el dedicarnos a esto, la afectación a todos los derechos sociales, legales y hasta psicológicos que estamos peleando a nivel internacional”, explica en entrevista con La Silla Rota.
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La exjueza Magaña se refiere a la petición que juzgadores mexicanos presentaron, representadas por el Vance Center, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo pasado, por violaciones resultantes de la reforma judicial y para pedir la reparación integral por ello.
Mientras llega esa resolución, la indemnización contemplada en el décimo transitorio de la reforma judicial no llega. A un mes y 9 días de que entró el nuevo PJF ningún juzgador ha recibido nada. El nuevo Órgano de Administración de Justicia (OAJ). que sustituyó en la parte administrativa al Consejo de la Judicatura Federal, les ha dicho que analiza su solicitud de indemnización, pero sin darles una respuesta concreta.
Ansiedad y preocupación
Además, el dinero dispuesto para la indemnización Nafin lo entregó a la Tesorería de la Federación y no se ha devuelto.
“Sí nos preocupa no tener certeza en algo y nos genera ansiedad y preocupación. Se han tenido platicas de comisiones de compañeros que han hablado con el OAJ, sabemos que es un tema que se hizo político y estamos en espera de que el órgano haga la gestión y que sea este año”, dice Magaña, quien recuerda que en este caso el OAJ sería el patrón.
Explica que la liquidación en la Constitución quedó asimilada de forma parecida a cuando un empleado es despedido por el patrón, y este lo que hace es pagar la liquidación para que el primero tenga un tiempo para replantear su situación laboral.
Pero en el caso de los juzgadores ese tránsito a un nuevo empleo tiene muchas afectaciones, ya que en la reforma judicial quedó establecido que quienes declinaron están impedidos para litigar en el estado donde viven, y si quieren hacerlo implica cambiarse de entidad, que equivale a una mudanza con un costo de entre 50 mil a 70 mil pesos.
A ello se suman los gastos cotidianos, los de educación, en algunos casos hipotecas y los del seguro de gastos médicos mayores, que era una prestación superior a la ley, quizá extralegal, reconoce, pero el entonces patrón, el Poder Judicial de la Federación, la otorgaba.
“Cuando tú vas a un trabajo, ves prestaciones y las tomas. Muchos de nosotros ya hemos pasado por algún siniestro. Hay quien tiene asegurados a sus padres y esos derechos adquiridos con aseguradora se van a perder”, lamenta.
Por eso es tan importante la indemnización para los juzgadores que declinaron continuar, porque todos los gastos cotidianos y que se contrajeron a futuro pudieran ser resueltos con ese pago, en lo que consiguen un nuevo empleo.
“No tenerla nos sanciona en lo económico y genera una bola de nieve, porque los pagos siguen, los intereses suben y hay que buscar ver dónde nos aseguramos”.
No todos alcanzaron pensión complementaria
Aunque Magaña acumuló una trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, sólo tenía cuatro de jueza y por ello solamente alcanzó pensión del ISSSTE, no la complementaria, para la cual debía tener por lo menos seis años de juzgadora.
Además, ella se adscribió al sistema de cuentas individuales en 2017, cuando era impensable la reforma judicial, por lo que no tenía los años suficientes para jubilarse. El resultado es que la pensión que recibe del ISSSSTE es de 8 mil 500 pesos, casi el equivalente al salario mínimo, de 8 mil 480 pesos.
“Simplemente que la situación de todos es compleja y hay quien alcanzó pensiones por su edad, porque ya tiene mucho más tiempo de trabajo, pero también hay quien no alcanzó ninguna pensión y no está ni lo suficientemente joven para comenzar ni lo suficientemente adulto mayor para tener una pensión. Entonces, simplemente que el órgano de administración debe actuar ya”, implora.
La Silla Rota consultó al área de comunicación del Órgano de Administración Judicial en torno a las denuncias de falta de pago; el OAJ respondió que se trabaja para pagar las indemnizaciones, sin embargo, no hay una fecha estimada para cumplir con la disposición legal.
Ya tendrían que estar los pagos
Por su parte, la magistrada en retiro Julia García dice que ya se cumplieron las condiciones para que se entregue lo que dispone el décimo artículo transitorio de la reforma constitucional, que contempla una compensación de tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a las que tenían derecho quienes decidieron no participar en la elección.
“Ya tendrían que estar los pagos, pero no sabemos ni para cuándo”, sintetiza.
La magistrada en retiro pide no perder de vista que el transitorio preveía que esos recursos se iban a obtener de los fideicomisos del Poder Judicial.
Eso es parte del problema porque ya hubo un cambio de situación jurídica porque esos recursos no los tiene a su alcance el Órgano de Administración Jurídica, lo que era el Consejo de la Judicatura Federal. Fueron entregados a la Secretaría de Hacienda.
Hay quien dice que no se puede disponer de los recursos de los fideicomisos, porque ya no los tiene físicamente el OAJ y ahora el tema está en la cancha de Hacienda, continúa la magistrada.
“En eso nos traen. O sea, el plan era que se nos pagaran empezando septiembre. Pues luego dijeron que en octubre, a ver si es cierto.
-Pero no les han dado ningún aviso ni nada.
-Oficial, concreto, con fechas específicas, no. Nada más nos traen con que están viendo las gestiones, que están hablando con Hacienda, que están viendo la posibilidad de que a ver si etiquetan recursos para el próximo presupuesto de Egresos, con eso estamos.
Contexto
El 15 de septiembre de 2024 fue promulgada la reforma judicial, que modificó la Constitución para que los juzgadores fueran electos. La legislación ordenó que la primera elección judicial se realizara este 1 de junio, en el que fueron electos 881 cargos.
Entre los juzgadores que podían quedarse hasta 2027, hubo algunos que declinaron. De acuerdo con el artículo décimo transitorio del decreto de la reforma judicial, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad.
Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables, se lee en el decreto.
Además, las Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del artículo Segundo transitorio de este Decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, “mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”.