El Senado argentino otorgó media sanción a la denominada Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei. El proyecto modifica más de 50 artículos del régimen vigente y altera reglas sobre jornada laboral, licencias por enfermedad, indemnizaciones, negociación colectiva y derecho a huelga. Centrales sindicales afirman que la iniciativa “esclaviza” a los trabajadores al reducir derechos establecidos por décadas.
El oficialismo sostiene que la reforma busca generar empleo formal, reducir litigios y dar previsibilidad a las empresas. Cámaras empresariales, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), respaldan la propuesta y la consideran un cambio estructural para el mercado laboral.
La legislación actual se basa en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que fija jornada de ocho horas, pago obligatorio de horas extras con recargos y salario íntegro durante licencias por enfermedad. El nuevo texto introduce modificaciones en cada uno de esos puntos.
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El proyecto debe tratarse en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Mientras avanza el trámite parlamentario, sindicatos convocan paros y movilizaciones en distintas ciudades del país.
Jornadas de 12 horas y banco de horas
La reforma habilita jornadas de hasta 12 horas diarias mediante un sistema de “banco de horas”. Bajo este esquema, las horas trabajadas por encima del límite legal pueden compensarse con descansos en otros días, sin obligación de pagar recargos del 50% o 100% como establece la normativa vigente.
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La ley actual fija un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales y exige pago adicional por horas extraordinarias. El nuevo mecanismo permite redistribuir el tiempo laboral según acuerdos individuales o colectivos.
El texto también autoriza fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días corridos. Además, reduce la obligación de otorgarlas en temporada de verano a una vez cada tres años.
Sindicatos sostienen que estas medidas eliminan la previsibilidad del tiempo de trabajo y afectan ingresos vinculados a horas extras.
Reducción salarial por enfermedad
El proyecto modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral. La normativa vigente garantiza el 100% del salario durante períodos que varían entre tres y doce meses según antigüedad y cargas familiares.
La reforma establece que el trabajador percibirá el 75% del salario si la enfermedad o accidente no se vincula con el trabajo. Si la lesión ocurre en una actividad considerada voluntaria y riesgosa, la remuneración se reducirá al 50%.
También dispone que, al reincorporarse con una incapacidad parcial, el empleador podrá adecuar salario, categoría y jornada de manera proporcional a la capacidad laboral resultante. La ley actual obliga a mantener remuneración y categoría asignando tareas compatibles.
Dirigentes gremiales afirman que estos cambios trasladan al trabajador el costo de la enfermedad y reducen garantías vigentes.
Cambios en indemnizaciones y fondo laboral
La iniciativa altera el cálculo de indemnizaciones por despido. Excluye del salario base conceptos como aguinaldo, premios y bonos no mensuales. La legislación actual toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con inclusión proporcional de esos ítems.
El texto permite que pequeñas y medianas empresas paguen indemnizaciones en hasta doce cuotas. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de aportes periódicos destinado a cubrir futuras desvinculaciones.
El esquema funciona de forma similar al régimen de la industria de la construcción, donde existe un fondo específico de cese laboral. Organizaciones sindicales sostienen que este mecanismo reemplaza el sistema tradicional de resarcimiento por antigüedad.
La reforma también amplía el período de prueba y establece incentivos para la registración de trabajadores mediante condonación de multas por empleo no registrado.
Convenios colectivos y derecho a huelga
El proyecto elimina la ultraactividad automática de los convenios colectivos. Con el nuevo esquema, al vencer un acuerdo, las cláusulas pierden vigencia hasta que se firme uno nuevo. La normativa actual mantiene la aplicación del convenio hasta su reemplazo.
La reforma dispone que los convenios por empresa prevalezcan sobre los de rama o actividad. También establece que el descuento de la cuota sindical requerirá autorización expresa del trabajador.
En materia de conflicto colectivo, amplía la lista de servicios esenciales obligados a garantizar hasta un 75% de funcionamiento durante una huelga. La categoría incluye sectores como educación, transporte y telecomunicaciones.
Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador y el tiempo utilizado no será remunerado.
Protestas y enfrentamientos
Durante el debate en el Senado se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Organizaciones sindicales convocaron a paros y concentraciones en Buenos Aires y otras provincias.
Los operativos dejaron más de 300 heridos y al menos 15 detenidos, según reportes oficiales. También se registraron daños materiales en el centro de la capital.
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El presidente Milei defendió la reforma y afirmó que permitirá crear empleo formal. Dirigentes sindicales y referentes opositores sostienen que el proyecto elimina derechos laborales históricos y deja desprotegidos a los trabajadores ante abusos de su empleadores.
La votación en la Cámara de Diputados definirá el alcance de una reforma que modifica de manera estructural las reglas del trabajo en Argentina y coloca el debate sobre derechos laborales en el centro de la agenda regional.
VGB