El tráfico en las ciudades se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la reducción del bienestar social y personal, afectando de manera particular a las grandes urbes. El TomTom Traffic Index 2025, publicado recientemente y que analiza datos de movilidad en 500 ciudades de 62 países a partir de más de 450 mil millones de millas recorridas en 2024, ofrece una radiografía precisa del tiempo que perdemos atrapados en la congestión. Los resultados, aunque sorprendentes, confirman lo que muchos ya intuimos –la crisis de movilidad es global aparejada a políticas de desarrollo urbano anacrónicas por lo que se requieren soluciones inteligentes y sostenibles–.
El informe destaca la gravedad del caso de Ciudad de México como la urbe más congestionada del mundo, con tiempos de traslado entre los más altos a nivel internacional y cuellos de botella que reflejan un problema estructural. En Europa, Londres aparece como la ciudad con el tráfico más lento, con una velocidad promedio de apenas 18 km/h, lo que significa que recorrer 10 kilómetros puede tomar más de 33 minutos. Por su parte, Lagos fue identificada como la ciudad con mayor nivel de congestión global, lo que evidencia que este fenómeno no distingue continentes.
Más allá de la incomodidad cotidiana, el tráfico genera impactos sociales y económicos de gran alcance. El Banco Mundial estima que los países en desarrollo pierden entre 2% y 5% de su PIB por los costos asociados a la congestión y los accidentes viales. Esto significa que el tráfico no solo limita la calidad de vida de millones de personas, sino que también frena el crecimiento económico y la competitividad de las naciones.
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El tráfico urbano afecta profundamente el desarrollo de las personas. Quienes pasan horas en desplazamientos reducen sus oportunidades laborales, educativas y familiares, lo que limita su crecimiento personal y profesional. A ello se suman consecuencias para la salud física, como el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares por la exposición a contaminantes, y para la salud mental, ya que la congestión diaria genera frustración, ansiedad y fatiga, debilitando la concentración, el rendimiento y la cohesión social. Además, la expansión de infraestructura vial para atender la demanda de automóviles reduce espacios verdes y recreativos, deteriorando el bienestar colectivo. En conjunto, la contaminación ambiental y acústica convierten al tráfico en un problema estructural que impacta directamente en la salud, la productividad y el desarrollo integral.
El impacto del tráfico tampoco es homogéneo, afectando de manera desigual a ricos y pobres. En América Latina, esta desigualdad se refleja en ciudades que crecen de forma desordenada, con transporte público saturado e infraestructura insuficiente, lo que obliga a los más vulnerables a gastar más tiempo y dinero en traslados. Los sectores de bajos ingresos enfrentan viajes más largos, mayor exposición a accidentes y condiciones de movilidad precarias, mientras que los más ricos cuentan con vehículos privados, aplicaciones de movilidad o la posibilidad de vivir en zonas mejor conectadas.
Las estadísticas globales evidencian esta desigualdad: los accidentes de tránsito provocan cerca de 1.3 millones de muertes al año, y en 2021 las Américas registraron 145 mil fallecimientos, lo que equivale al 12% del total mundial. La mayoría de las víctimas son peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, sectores que suelen pertenecer a los grupos de menores ingresos. En México, la brecha es aún más evidente: más de la mitad de la población se traslada caminando, en bicicleta o en transporte colectivo, mientras que las políticas urbanas han privilegiado históricamente a los automovilistas. Como resultado, la congestión vial genera un costo anual de 94 mil millones de pesos, de los cuales 69 mil millones corresponden a pérdidas de ingreso para quienes dependen del transporte público, frente a 25 mil millones de los automovilistas.
El tráfico no es únicamente un problema de movilidad urbana, sino un fenómeno que profundiza la desigualdad social. Los sectores más desfavorecidos pierden más tiempo y dinero, enfrentan mayores riesgos para su salud y seguridad y cuentan con menos alternativas para mejorar su situación. Los más ricos, aunque también afectados, disponen de recursos para mitigar el impacto. Esta diferencia demuestra que el tráfico es un factor estructural que limita el desarrollo humano y económico, al tiempo que restringe la movilidad social. Se trata de una advertencia para urbanistas, ingenieros, gobiernos y empresas que tienen la responsabilidad de construir ciudades más justas. Por ello, las políticas de desarrollo urbano deben superar la visión limitada de ser meros proyectos de infraestructura y asumir una dimensión social y de equidad en sus decisiones. No se trata únicamente de reparar baches o gestionar cierres viales, sino de garantizar igualdad de oportunidades, movilidad social y bienestar colectivo.