TULA DE ALLENDE.- A casi un año de la suspensión de labores en la planta cementera de La Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo que inició del conflicto por el control directivo de la empresa, se reportan pérdidas millonarias de más de 22,000 millones de pesos, según la estimación por parte del economista Rutilo Estrada contratado por el grupo de Federico Sarabia Pozo. La cifra podría ir aumentando de no llegar a una pronta solución.
Además de las pérdidas económicas para la cementera Cruz Azul, el conflicto entre los dos grupos: el de José Antonio Marín y Víctor Velázquez, al igual que el de Federico Sanabria Pozo, que luchan por tener el control, han generado enfrentamientos armados que han dejado pérdidas humanas y afectado de manera directa e indirecta a 5,000 familias que dependen del trabajo de esta cementera hidalguense.
Desde el año 2022 que paró la producción de cemento cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro eléctrico a la planta, cerca de 230 cooperativistas han sufrido las consecuencias dejando de percibir sus ingresos salariales. La falta de producción también ha repercutido en algunas industrias que dependen de esta como son la del concreto, transporte y la de la construcción. Al corte de este diciembre se estima las pérdidas económicas sean de 22,854 millones de pesos luego de la paralización de la planta desde el 17 de agosto de 2022.
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Aunado a las pérdidas económicas por la producción suspendida, existe entre los cooperativistas, la preocupación constante de ser víctimas nuevamente de la violencia al no contar con la iluminación. Al momento, la disputa entre los dos grupos continúa al asegurar cada uno ser los administradores legales, además de acusarse mutuamente de malversación de recursos económicos y materiales de la cementera.
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El origen del conflicto en Cruz Azul
Dos grupos de cooperativistas, encabezados por Federico Sarabia Pozo y Víctor Manuel Velázquez Rangel se disputan el control de la planta cementera Cruz Azul en Tula de Allende, considerada la de mayor manufactura del país. El conflicto comenzó en julio del año 2020 cuando Guillermo Billy Álvarez renunció a la dirección general de la cooperativa, luego de más de tres décadas en el cargo. El directivo fue señalado de liderar una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la firma.
Tras la salida de Billy Álvarez, los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera, en ese entonces al mando de Víctor Velázquez y José Antonio Marín, tomaron las oficinas de la firma ubicadas en Pedregal de Carrasco, en la Ciudad de México. Algunos socios activos los desconocieron y pidieron la intervención presidencial en la toma de las oficinas corporativas. Convocaron a una asamblea, en la que se reunieron más de 500 socios y eligieron a Federico Sarabia como presidente del Consejo de Administración y a Alberto López como presidente del Consejo de Vigilancia.
El 15 de septiembre del 2020, el grupo encabezado por Víctor Velázquez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde acusó al grupo encabezado por Sarabia de modificar ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa, para que con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente pudieran tener las características de empresas que facturan operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia ilícita.
Para abril de 2021 se celebró una Asamblea Extraordinaria en la cooperativa, en la que participaron socios de las plantas de Tula, Lagunas, CYCNA Aguascalientes y de las oficinas en la Ciudad de México. Ahí se votó de nuevo por el liderazgo de Velázquez y de Marín como presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia, respectivamente.
En diciembre de 2021 un actuario del Poder Judicial en Hidalgo dio la posesión al complejo al Consejo de Administración encabezado por Víctor Velázquez; el grupo encabezado por Federico Sarabia no reconoció el acto y de forma ilegal tomó las instalaciones de la planta cementera en el municipio Tula. Durante la toma hubo un enfrentamiento entre simpatizantes de ambos grupos; en esta ocasión, miembros del grupo de Federico Sarabia, retuvieron las instalaciones. La asamblea a la que pertenecía Federico Sarabia fue declarada inválida el 31 de marzo de 2022 en forma definitiva.
Enfrentamiento deja 9 muertos
El 27 de abril de 2022, se registró un enfrentamiento entre dos grupos de cooperativistas de la empresa Cruz Azul, luego de que un grupo de más de 500 personas intentara tomar las instalaciones de la cementera. En el intercambio de agresiones resultaron nueve personas fallecidas y 12 heridas.
Fue durante la madrugada cuando un grupo numeroso de personas llegó en autobuses a la cementera Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo. De acuerdo con autoridades locales, el enfrentamiento se debió a la disputa que mantienen dos grupos de cooperativistas por el control de la planta, los que apoyan a Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín, y los que simpatizan con Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García.
Mediante un comunicado, los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera informaron sobre el deceso de los socios cooperativistas, así como de los daños ocasionados a la planta cementera, concretamente en el acceso de la puerta tres. Derivado del conflicto trabajadores han realizado diferentes marchas pacíficas solicitando la intervención del gobierno para recuperar la planta y sus trabajos.
jgp