Además de la abultada agenda legislativa para el 2026, a partir del 15 de febrero la Cámara Baja tendrá que activar dos procedimientos sensibles tanto por su impacto institucional como por los plazos legales que los rigen: la designación del Auditor Superior de la Federación y la elección de tres integrantes del Consejo General del INE.
En ambos casos, las convocatorias tendrían que emitirse a más tardar entre la segunda y la tercera semana de febrero, lo que obliga a que estos procesos se empiecen a evaluar desde ahora.
En el primer caso, el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación, el periodo vigente concluye en marzo de 2026. Y con base en el artículo 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la convocatoria debería expedirse como máximo el 17 de febrero, a fin de permitir que las etapas de recepción de solicitudes, evaluación, entrevistas y dictamen concluyan antes del vencimiento del encargo.
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Es importante recordar que el proceso no se limita a la eventual designación de una persona distinta, sino que también podría derivar en la reelección del actual Auditor Superior, David Colmenares Páramo.
No obstante, conforme a los antecedentes de procesos anteriores, no existe pase automático a la reelección: en caso de que el titular en funciones pretenda continuar en el cargo, deberá inscribirse y participar en un procedimiento de convocatoria pública abierta, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, pudiendo ser reelecto para un nuevo periodo.
El segundo procedimiento relevante es la selección de tres integrantes del Consejo General del INE, quienes fueron electos en abril de 2018 y concluyen su encargo en el mismo mes de este año.
Se trata de consejerías que, en su momento, fueron propuestas por distintas fuerzas políticas: Dania Paola Ravel (PRI), Jaime Rivera Velázquez (PAN) y Claudia Zavala Pérez (PRD), por lo que conforme a la legislación, el proceso de sustitución también exige una convocatoria pública que deberá emitirse con antelación suficiente durante febrero, para cumplir con los plazos de evaluación y designación.
Este proceso del INE presenta, además, una variable política relevante, pues su desarrollo coincidirá con la discusión de la reforma político-electoral, la cual podría modificar la integración o el diseño del Consejo General.
Sin embargo, mientras no se materialicen cambios constitucionales, el procedimiento aplicable sigue siendo el actual, con plazos definidos que obligan a iniciar formalmente el proceso de renovación.
Los que más saben del tema aseguran que ambos asuntos deben considerarse alertas tempranas de la agenda legislativa del próximo mes, tanto por la inminente emisión de las convocatorias como por su potencial interacción con debates de mayor calado institucional.
Los dos casos que iniciarán en la Cámara de Diputados estarán bajo la conducción de Ricardo Monreal, quien es coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro, por lo que se esperaría que los nuevos funcionarios tanto del INE como de la Auditoría sean afines e incondicionales al partido en el poder.
Así las cosas…