Los inversionistas tienen “bajo lupa” la reforma al poder judicial. Los cambios que se aprobaron hace unos meses para la elección de jueces, ministros y magistrados no termina de convencer al sector privado nacional y extranjero.
De acuerdo con especialistas será difícil que los cambios logren su objetivo, incluso, hay quienes anticipan que el proceso de votación será un fracaso. Y las cifras hablan por sí solas.
En la propuesta que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que aprobó el Congreso, se estableció que debían de registrarse un total de 5,379 aspirantes, divididos en partes iguales entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 1,793 por cada uno.
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Sin embargo, sólo quedaron 3,778 que se distribuyen con 1,407 por parte del Ejecutivo, 1,416 desde el Legislativo y 955 del Judicial.
Las cifras revelan que en el conteo final hay un déficit significativo de 1,601 candidatos, siendo el Poder Judicial el más afectado con 838 vacantes que no se cubrieron. Esta disparidad sugiere que la participación fue mucho menor a la esperada, lo que obedece a restricciones en los criterios de selección, falta de interés o dificultades en el proceso de postulación.
Lo que más llama la atención es que el número inicial de registros fue de 49,428 aspirantes, pero después de la filtración se eliminó a 45,650 candidatos, que equivale a una depuración del 92.4% del total.
Los especialistas aseguran que estos resultados y la complicaciones para llevar a cabo una elección exitosa representan una oportunidad para replantear la reforma judicial –o al menos postergar su entrada en vigor– ya que la elección por voto popular incrementa el riesgo de que grupos de interés, entre ellos el crimen organizado, intervengan en el tema de impartición de justicia.
En este momento y bajo las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las empresas, inversionistas y productores deben contar con certidumbre jurídica, factor que es clave para mantener la confianza del sector privado.
No es casualidad que las distintas casas de análisis y grupos empresariales levantaron la voz para advertir los riesgos de la reforma, pero el gobierno sigue sin escuchar.
Un estudio del entonces Citibanamex alertó hace varios meses que si bien la reforma judicial no desaparece el sistema de tribunales y jueces del país, sí se somete a una “aventura imposible” y se corre el riesgo de que se desmorone la función judicial.
Una de las señales de alerta es que para convertirse en juzgadores, cerca de 4 mil jueces, magistrados y ministros tendrán que ser elegidos por la ciudadanía, en lugar de demostrar conocimiento de la materia y capacidad judicial.
El grupo financiero advirtió que Bolivia aplicó un esquema similar al que aprobaron los legisladores no funcionó. En la primera votación para la elección de sus jueces en 2011, el 60% anuló la boleta porque la ciudadanía no tenía conocimiento sobre los candidatos ni elementos de criterio para votar.
La consecuencia: le fue imposible a ese país configurar la planilla de postulados y celebrar la elección, por lo que el desempeño de los juzgadores bolivianos es caótico y contribuyó a precipitar la crisis constitucional.
La preocupación de los especialistas es que ahora el gobierno mexicano busca transitar hacia ese camino y hay altas probabilidad de que fracase.
Así las cosas…