La discusión del Presupuesto de Egresos para el 2026 registró graves errores de forma y de fondo. Si bien el debate público se centró en los recortes a órganos autónomos y en la distribución del gasto social, un asunto específico generó inquietud entre legisladores de oposición y diversos analistas económicos y financieros: la manera en que se asignaron los recursos al Poder Judicial.
El Sistema de Justicia solicitó al Congreso un presupuesto por 85 mil 960.2 millones de pesos, que se distribuía en: 5 mil 869 millones para la Suprema Corte; 74 mil 224 para el Órgano de Administración Judicial; mil 856 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial y 4 mil millones para Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y si bien estas cifras constituyeron la base inicial de la discusión en el Pleno de San Lázaro, el problema se presentó durante la deliberación legislativa, ya que los diputados aprobaron una reducción global de 15 mil 954.6 millones de pesos al presupuesto. Y es a partir de este punto donde inició la controversia…
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Nos cuentan los que más saben que las reservas que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria sólo identifican reducciones específicas para dos instancias: la primera de 629 millones para la Suprema Corte y otra de 5 mil 828.1 millones para el Órgano de Administración Judicial.
El resto del ajuste, que son más de 9 mil 400 millones de pesos, se registraron como un recorte al genérico “Poder Judicial”, sin precisar a cuál de sus órganos correspondían ni cómo se modificaba su presupuesto final, porque prácticamente todas las reservas que se relacionaron con el Poder Judicial se presentaron en Tribuna en una sola intervención y sin dar detalles sobre las asignaciones específicas.
Es decir, el recorte se manejó en su mayoría como una “bolsa general”, lo que generó un vacío normativo, ya que no había forma de conocer el presupuesto final de cada institución por la sencilla razón de que la Cámara de Diputados no llevó a cabo una distribución precisa ni votó un desglose específico.
Sin embargo, al publicarse el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, los órganos del Poder Judicial aparecieron “sorpresivamente” con asignaciones que no se consideraron en la discusión legislativa, dejándole a la Suprema Corte de Justicia un presupuesto de 5 mil 208 millones de pesos; el Órgano de Administración del Poder Judicial con 59 mil 190 millones; el Tribunal de Disciplina Judicial con mil 856 millones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial con 3 mil 750 millones
Esto implica que tras la errónea aprobación y sin que el Pleno de la Cámara de Diputados hiciera nada al respecto, alguna instancia técnica, realizó por su cuenta una distribución de los recursos para cada institución, sin contar con facultades constitucionales o legales.
Lo grave del asunto es que la situación la advirtieron los grupos parlamentarios de oposición y ex funcionarios del propio Poder Judicial quienes observaron que la Cámara Baja nunca autorizó en la sesión ni en votación estos montos; tampoco hay un dictamen, reserva o modificación avalada que explique o respalde la nueva distribución, por lo que la reasignación podría vulnerar el principio constitucional de legalidad presupuestaria.
Por ello, no sería sorprendente que, una vez que el presupuesto entre en vigor el próximo primero de febrero, se presenten recursos jurídicos para impugnar la forma en que se asignaron los recursos, por lo menos al Poder Judicial.
Si bien es cierto que hasta ahora hay quienes tratan de que el tema pase “desapercibido” éste podría convertirse en uno de los frentes jurídicos y políticos más relevantes de los primeros meses del 2026.
Así las cosas…