El Plan México que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum dará mucho de qué hablar en los siguientes días. Tanto la iniciativa para la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización y las Leyes secundarias en materia energética para que el 54% de la producción sea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto del sector privado empezaron a generar controversia.
En el primer caso, la legislación permitiría a la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones ejercer la atribución que le otorga la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es formular una política nacional en materia de Soberanía Tecnológica y promover soluciones para la digitalización de trámites y servicios.
Sin embargo y aunque a simple vista todo se ve bien, en la práctica no resulta tan fácil; de inicio el Congreso no tendrá facultades constitucionales para expedir una Ley nacional en esa materia, por lo que se requerirán ajustes a la Carta Magna.
Te podría interesar
Si bien el legislativo tiene potestad en temas de ciberseguridad a nivel federal, no está facultado constitucionalmente para emitir una Ley General que distribuya competencias en ese ámbito entre la federación y los estados.
No hay que olvidar que las facultades del Congreso para legislar en diversos temas se establecen en el artículo 73 constitucional, el cual se complementa con el 124, el que establece que las leyes que no han sido “expresamente” otorgadas a los órganos federales quedan reservadas a los estados y a la Ciudad de México, lo que se conoce como facultades residuales.
Los que más saben del tema aseguran que este principio refleja el carácter federal del sistema mexicano, donde los estados conservan su autonomía para legislar y gobernar en los asuntos que no sean competencia exclusiva del estado.
Las facultades residuales permiten a los gobiernos estatales ejercer su soberanía en temas como educación local, desarrollo urbano, justicia estatal y seguridad pública, siempre y cuando no contravengan disposiciones generales.
Por esta razón, se requerirá plantear una iniciativa que toque las competencias federales o estatales y delimite con claridad las atribuciones del Congreso para evitar una invasión de competencias.
En el caso de la ciberseguridad o aspectos afines, no hay ninguna disposición en el artículo 73 constitucional que faculte a los legisladores a expedir una Ley General que distribuya competencias entre la federación y los estados.
El punto sustancial y de fondo es que impulsar una ley nacional quitarán a las entidades sus atribuciones locales.
Y ya que hablamos del llamado gubernamental para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el sector industrial y específicamente el automotriz reaccionó.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) insistió en la importancia de establecer prioridades ambientales, económicas y sociales que transformen al país.
En el organismo reiteran que la apuesta por la descarbonización del autotransporte es una de las propuestas más ambiciosas, que no solo responde a los compromisos climáticos, sino también a la necesidad de modernizar un sector clave para la economía.
Incluso, el impulso hacia una movilidad sustentable e incluyente es una oportunidad para consolidar un modelo que fomente el crecimiento económico y el bienestar social, todo bajo un enfoque técnico y viable.
Así las cosas…