El pasado lunes 15 de abril, Víctor Beltri narraba en Excélsior los estragos causados por una explosión en el Sector Reforma de Guadalajara, culminación de días durante los cuales los vecinos reportaron un “intenso olor a gasolina”. Lo ocurrido hace más de treinta años ya es historia. Sin embargo, actualmente, el agua en una amplia área de la Ciudad de México despide olor y sabor a combustible.
Se podría especular acerca de las causas, los riesgos y las posibles secuelas. Sin embargo, no me detendré en eso, confiando en que las autoridades están gestionando adecuadamente la investigación y la mitigación. Prefiero enfocarme en cómo el Gobierno de la Ciudad de México y sus aliados políticos están intentando negar la realidad.
En plena campaña, unos usarán la problemática del agua como argumento contra el gobierno de la capital, y otros, en un intento de exonerarse, dirán que no es asunto suyo. Desde mi perspectiva, la lucha por beneficio político es inevitable. Mi inquietud es cómo el gobierno actual enfrenta un problema tan grave como este: el peor escenario es el rechazo a aceptar la realidad.
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La catástrofe de Chern��bil fue producto de una serie de erróneas decisiones y se agravó por la inicial negación soviética. A los dos días tuvieron que reconocer la catástrofe, aunque la minimizaron, hasta que, ante la magnitud de los riesgos, se vieron forzados a admitir la crisis y solicitar ayuda. Chernóbil fue uno de los golpes fatales para la Unión Soviética.
Un gobierno democrático debe admitir sus fallos y enfrentar las consecuencias. No se trata solo de perder elecciones, sino de responsabilizar a los culpables, llevar a cabo investigaciones y efectuar las compensaciones correspondientes. Por eso, muchos gobernantes intentan deslindarse. El populismo que nos dirige no es la excepción: primero negaron las denuncias de la población sobre el agua contaminada, hasta que no tuvieron más remedio que aceptar la realidad y recurrir a una medida extrema: la intervención del ejército.
Actualmente, se barajan diversas hipótesis: los microsismos, las obras de la Línea 12 del metro, el robo de combustible y los ductos de Pemex cerca de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en la zona. Se percibe un empeño por exculpar a Pemex. Pero, ¿qué pasaría si hay cientos o miles de metros cúbicos de tierra contaminada? ¿Están otros pozos en peligro?
La lista de preocupaciones sigue. Esta administración ha avanzado poco en la ampliación de la Línea 12, y se conocen daños a viviendas por esta obra. ¿Estarán ocultando un problema mayor? Un gobierno que comunica deficientemente fomenta la especulación y el 'sospechosismo'.
El actual gobierno debe informar con claridad sobre el estado de las viviendas afectadas por las obras de la Línea 12, la seguridad de las zonas implicadas, el monitoreo de los microsismos, las fallas geológicas y la contaminación del suelo, además de estudios de riesgo pertinentes a los pozos de la ciudad. Aquello que desconocen, deberían estar investigándolo con urgencia.
Sin embargo, hacen lo contrario: si alguien señala un problema, los gobernantes, sus líderes partidistas y sus propagandistas responden con acusaciones. Este no es el camino hacia el éxito. No beneficia a la ciudad ni asegura los votos que pretenden retener frente a la crisis de contaminación del agua. De hecho, esos votos ni siquiera deberían ser parte de la ecuación, al menos no desde el poder. Pero lo son.
Como menciono el caso del pozo en la colonia Alfonso XIII, existen muchos otros problemas que periódicamente se ven atrapados entre dos verdades: la que percibe la sociedad y la que admite el gobierno. En lo personal, creo que aquella máxima de Jesucristo de “Conocereis la verdad, y la verdad os hará libres” debería guiar a los políticos y gobernantes. Siempre será mejor gobernar con la verdad y buscar colectivamente las soluciones, así las consecuencias sean severas.