Las directrices que rigen el desarrollo urbano en la Ciudad de México no son perfectas; sin embargo, hasta en tanto se lleven a cabo reformas, constituyen el marco legal vigente, para lo bueno y lo malo.
La gestión de 2012 a 2018 se caracterizó por un acentuado dinamismo en el sector de la construcción privada, con un notable incremento en proyectos de vivienda residencial, centros comerciales y espacios de oficinas. Contrariamente, durante la administración actual se ha observado un drástico desplome en este ámbito, pese a la presencia de algunos proyectos significativos en áreas como el Paseo de la Reforma. Esta contracción se inició previo a la pandemia y lamentablemente no se ha visto una recuperación posterior a ella.
En ocasiones anteriores, he expresado mi descontento con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda desde 2018, describiéndolos como inepta, acosador y corrupto. Ahora parece que finalmente ha llegado alguien con un conocimiento sólido sobre el tema, aunque es una pena que solo le resten seis meses de gestión. Sin embargo, este nuevo titular, Inti Muñoz, enfrenta el riesgo de ser absorbido por la tendencia maniquea de buscar culpables en lugar de corregir, facilitar y promover el desarrollo inmobiliario.
Te podría interesar
En todas las metrópolis, la construcción es uno de los sectores más dinámicos, contribuyendo hasta un 13% al Producto Interno Bruto global, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La paralización del desarrollo urbano repercute negativamente en la generación de empleo y en las cadenas de suministro, provocando además un incremento en los costos de la vivienda.
Desde una perspectiva política, el gobierno en turno ha intentado simplificar a sus contrincantes políticos como parte de un "cártel inmobiliario". Sin embargo, los procesos administrativos en la construcción tienden a ser discrecionales en cada una de sus etapas, muchas de las cuales se llevan a cabo fuera del alcance de las alcaldías. Esto indica que el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho poco para combatir la corrupción, optando en cambio por esperar a cualquier equivocación o incidente, como una fuga de gas o cualquier otro suceso, para criticar o atacar al grupo político del probable ganador de las elecciones del 2 de junio.
Un reciente incidente que capturó la atención mediática fue la caída de cemento en un tren de la línea 12 del metro, por una obra que perforó el túnel. Hasta ese momento, la mayoría desconocía que la obra del metro pasaba a 11 metros por debajo de un terreno donde se erige un edificio de seis niveles. La pronta reacción del Gobierno de la Ciudad, culpando a la Alcaldía, y las declaraciones del encargado de la Fiscalía, el sociólogo Ulises Lara, solo contribuyeron a politizar el incidente sin ofrecer soluciones concretas.
Este evento subraya la necesidad de documentar adecuadamente la infraestructura urbana para prevenir futuras complicaciones. Construir un edificio de seis niveles en una avenida principal es completamente legítimo tanto legal como urbanísticamente. La cuestión reside en abordar y corregir las malas prácticas en la gestión de obras, responsabilidad que compete tanto a las alcaldías, al Instituto de Verificación Administrativa, como a la propia SEDUVI. Como estamos en campaña, las acciones no van por ahí, sino por el lado del denuesto.
En el análisis de acciones preventivas que cada entidad (el Gobierno de la Ciudad, la empresa desarrolladora y la Alcaldía Benito Juárez) pudo haber tomado para evitar el incidente en la Línea 12 del metro, parece que el gobierno central tenía la capacidad de prevención al advertir sobre la existencia de la infraestructura subterránea; seguido por la responsabilidad de la constructora, con un buen estudio de mecánica de suelos. Esta lógica sugiere la necesidad de establecer procedimientos que beneficien a la ciudadanía, actuando aquel que posea los medios o la información necesaria para evitar un incidente.
Negar los problemas y culpar a adversarios políticos es una táctica irresponsable.
Es fundamental reconocer que la industria de la construcción, correctamente regulada y fomentada, es esencial para el progreso urbano, la creación de empleo y el acceso a la vivienda asequible. En vez de criminalizar a este sector vital, deberíamos buscar soluciones colaborativas que permitan tanto el crecimiento como la sostenibilidad de nuestras ciudades. A través de una revisión de las normas y procedimientos, en el marco de políticas transparentes y justas, podemos asegurar un desarrollo urbano que beneficie a todos los ciudadanos sin comprometer la integridad, la sustentabilidad y la funcionalidad de nuestro entorno.