Días antes de la toma de protesta de la Ministra Lenia Batres, me encontré con una discusión interesante que revela lo preocupante de su llegada a la Suprema Corte de Justicia y a su vez, en el riesgo en que nos encontramos por un mal entendimiento de la justicia misma.
La Jornada publicó una nota con el encabezado “Ordena juez a Fresnillo devolver $16 millones de predial a minera Peñoles”. El punto clave es que la minera demandó al municipio por la presunta ilegalidad en el cobro de predial, siendo ellos concesionarios de una mina.
La hoy ministra Batres escribió “Esto sí es escandaloso ...”, a lo que Sergio Sarmiento refutó: “No, la ley dice que le toca a la federación gravar a la minería. Por eso se creó el impuesto a la minería, que debería apoyar a los municipios. Solo que el gobierno federal de AMLO se lo quedó todo”.
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A su vez, Lenia Batres contestó, pasando del adjetivo escandaloso al de interesante: “Por eso es un caso interesante: un juez considera que una empresa no debe pagar predial porque paga un impuesto federal por su actividad minera. Pero el predial es un impuesto territorial (por eso es municipal) no por actividad económica. Habrá oportunidad de abundar en el tema”.
Primero. Hay una indebida preconcepción de la justicia: si una empresa demanda y gana, está mal. Una nota periodística no nos revela los argumentos, sólo nos dice que una empresa no quiso pagar predial, se amparó y ganó.
Segundo. No tiene por qué haber un prejuicio contra una persona moral en un proceso jurídico. En un litigio persona moral versus persona física, la justicia tiene que ser ciega, no ponerse del lado de la persona física en automático; lo mismo en un litigio persona moral versus autoridad.
Tercero. Que una empresa gane un litigio para no pagar un impuesto, no significa que el resultado del proceso judicial sea “injusto” o “escandaloso”, significa que puede haber un replanteamiento de la ley misma.
La lógica me dice que cualquier predio está sujeto a pago de predial. La realidad es muy distinta: la Federación no paga predial. La lógica me dice que si una empresa tiene una concesión minera, no es dueña del predio, porque el suelo es de la nación, como lo señala el 27 Constitucional.
No tengo la menor duda de que al Municipio de Fresnillo hacen más falta los 16 millones de pesos en litigio, que a Peñoles, pero antes tendríamos que asegurarnos de que el marco jurídico sea el adecuado para que el predial de esa mina se pague al municipio.
Justo en los días en que ocurrió esta discusión tuve una conversación sobre el Impuesto Predial con una especialista en el tema, y me dejó claro un hecho: la Federación no paga predial, porque específicamente el artículo 115 Constitucional (el artículo relativo al Municipio) establece la excepción a los impuestos estatales y municipales, la cual transcribo:
“Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.
Seguramente pueden existir múltiples interpretaciones sobre ese texto y el resto del artículo, pero en términos generales, me parece, está exceptuando del pago de predial a la Federación, en todos los casos, y a las paraestatales y los particulares cuando sí utilicen los predios federales en fines administrativos relacionados con su objeto público.
El problema de fondo tendría que ser resuelto en el Poder Legislativo. La Constitución debe dejar claro que la Federación ha de pagar predial y que, en el caso de las concesiones que otorgue a paraestatales o particulares, éstos se harán cargo de tales contribuciones. Mientras eso no suceda, me parece, lo escandaloso no es que una empresa se ampare contra el impuesto predial y además gane, lo escandaloso es que no nos demos cuenta de que la ley está mal y que debemos modificarla; lo escandaloso es que una ministra tome partido pervirtiendo el sistema de justicia; y lo escandaloso es que ni siquiera se dé cuenta.
Pero lo más escandaloso de todo es que, de prosperar una iniciativa de elección abierta de jueces y magistrados, este tipo de casos se resolverá por popularidad y no atendiendo a la interpretación de las leyes existentes.