Cuando se debatía la Constitución Política de la Ciudad de México en 2016 y 2017, el partido de la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Morena, propuso un nombre ridículo para el organismo encargado de la planeación. En la búsqueda de consensos, se salieron con la suya. Dicho organismo se llama Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Este nombre, cargado de redundancia, es especialmente irónico dado que el gobierno actual ha demostrado falta de voluntad para impulsar una planeación verdaderamente democrática y una falta de visión para hacerla prospectiva.
Hace unos días abortó el proceso de aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial, abreviado como PGOT y humillado como “Pegote”. Un documento de mala calidad, carente de visión, ausente la prospectiva, fue presentado ante el Congreso de la Ciudad de México como uno de los últimos actos de Sheinbaum como Jefa de Gobierno. Quisieron imponerlo mediante la “afirmativa ficta”, es decir, enredaron el proceso de aprobación del documento al interior del Congreso Local, para que no se aprobara de forma directa, sino indirecta. Al final, todos sabíamos que se iba a caer en el Poder Judicial.
La Ciudad de México necesita actualizar sus ordenamientos jurídicos en materia de suelo. Los programas de ordenamiento territorial se siguen llamando “delegacionales” porque no han sido actualizados en dos décadas o más. Son ordenamientos restrictivos para los cuales se han creado un sinnúmero de normas jurídicas que permiten edificaciones con altos impactos locales y la sensación generalizada de corrupción.
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Las reglas en materia de ordenamiento territorial no son útiles para la ciudad y no satisfacen a nadie, y la causa de esto no es el grupo político que amenaza con quitarle la entidad capital a Morena, es justo la falta de visión y prospectiva que los ha acompañado.
No hemos creado el escenario que nos permita un desarrollo armónico, tampoco estamos en condiciones de satisfacer a todos los actores: ni los vecinos quedan contentos, ni los grandes desarrolladores. Se nos ha olvidado por completo la escala de ciudad: hoy una casa, unifamiliar, puede tener como vecino un edificio de 22 pisos alineado a una avenida, no hemos sido capaces de establecer transiciones más suaves entre las grandes edificaciones y las pequeñas.
Mucho se podrá acusar de corrupción, pero en realidad las normas existentes permiten todo tipo de interpretaciones en cualquier punto de la ciudad. Con voluntad de la autoridad, se puede abrir un Starbucks en la plancha del Zócalo, un Oxxo en la glorieta del Ahuehuete y una pizzería en la del Ángel, y podría ser tan absurdo como legal.
Toda la resistencia vecinal de la ciudad ha construido sus argumentos en función de riesgos reales, pero no basados directamente en los programas de ordenamiento territorial, sino de todo el sistema normativo que genera una gran incertidumbre respecto a lo que puede o no ser aprobado. Mientras el Plan General de Desarrollo y el PGOT no construyan un modelo de ciudad medianamente consensuado y sostenible, los permisos de construcción serán un estira y afloje entre desarrolladores, vecinos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con poca voz de las alcaldías, quien quiera que las gobierne.
Hablar de cárteles inmobiliarios es absolutamente ridículo, cuando los problemas de las grandes construcciones se derivan de ordenamientos que no revisan los impactos objetivos de las edificaciones, sino que se convierten por un lado en camisas de fuerza y por otro en atajos para librarse de ellas, con la complacencia e indolencia del gobierno central.
Tras el cuarto fracaso en los intentos por renovar la normatividad del desarrollo inmobiliario, necesitamos autoridades de desarrollo urbano serias, que apuesten por un trabajo más responsable en la elaboración de los programas urbanos, sin evadir los consensos y poniendo sobre la mesa las realidades: las alturas por sí mismas no están mal, el comercio en planta baja es mejor que llenar los límites de un predio con cocheras, densificar es deseable, el desarrollo urbano debe resolver problemas antes que crearlos.
La discusión del PGOT tendría que ser con metodologías que construyan consensos y caminen en una mejor dirección. Hoy la ciudad está a la deriva, sin planes, sin visión, e incluso sin cabeza en su maltrecho Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.