Todo parece indicar que las reformas al sistema de pensiones serán más de forma que de fondo ante los altísimos costos que significarían para las finanzas del país promover cambios estructurales en las jubilaciones de los trabajadores mexicanos.
Nos cuentan que se anunciarán cambios regulatorios en el régimen de inversión al que deben sujetarse las Siefores. También se pondrán en marcha acciones de comunicación para que los trabajadores puedan entender mejor los estados de cuenta de su Afore.
En este proceso, las Administradoras de Fondos sí tendrán mucho que ver en los cambios que anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero. En principio se buscará reorientar los estados de cuenta, la publicidad y la educación previsional, a fin de centrarla en el afiliado.
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Como una acción inmediata se buscará que la información que reciba el trabajador se enfoque a incentivar una mayor tasa de reemplazo, esto es el porcentaje de su último salario que recibirá el empleado al jubilarse, mientras que los estados de cuenta deberán especificar las semanas de cotización, así como una estimación personalizada de la tasa de reemplazo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, de los 305 mil 385 trámites de pensión que se iniciaron entre el 2021 y noviembre del 2023, bajo la Ley del 97, poco más de 67 mil corresponden a pensionados con menos de 1,250 semanas de cotización.
La intención de la actual administración es que el trabajador esté más informado y se preocupe más por aumentar su jubilación.
Baja inversión en vivienda
El incremento en las tasas de interés y la especulación de algunos inversionistas provocó una caída en la venta de inmuebles, por lo que ya suman varios años con una tendencia recesiva que no prevén se pueda revertir en el 2024.
Los empresarios del sector afirman que de cada cinco transacciones inmobiliarias, 4 son para renta y sólo una de compra/venta. En los últimos años son cada vez menos los empresarios extranjeros que invierten en grandes proyectos de bienes inmuebles. Las zonas con el mayor interés son las costeras y ciudades como Monterrey y Tijuana en las que se busca detonar el famoso nearshoring.
Pero lo que más preocupa a los empresarios es que hay una demanda potencial de 3.2 millones de hogares que podrían adquirir una vivienda de interés social y poco son los mexicanos que adquieren un inmueble.
En el segundo semestre de 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector inmobiliario creció 10.5%, avance que se debió principalmente al repunte en la obra civil, cuyo crecimiento fue de 78%. Incluso, el PIB de la edificación sigue por debajo del 2019 y todavía está lejos de recuperarse del impacto de la pandemia por covid-19.
Por lo pronto, los organismos del sector inmobiliario preparan una serie de propuestas que presentarán a las dos candidatas a la presidencia de la República, a fin de que se instrumenten las acciones necesarias para detonar la inversión.
Así las cosas…