A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie las reformas en materia laboral y de pensiones, crece la preocupación ante los posibles cambios constitucionales.
Las iniciativas que se presentarán al Congreso abarcarían hasta 10 temas: indexar salarios e inflación, aumento del 100% de las jubilaciones, incremento de pensiones sociales a adultos mayores, universalizar apoyos a discapacitados, reformas al Poder Judicial para elección de Ministros, Magistrados y Jueces, cambios en materia electoral que tocarían al INE, la desaparición de órganos autónomos, principalmente el INAI, Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
También se insistirá en la reducción de las percepciones de funcionarios bajo el principio de la austeridad republicana y se buscará ratificar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Control de concesiones del sistema ferroviario.
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Sin embargo, la mayor inquietud se centra en el sistema de pensiones, ya que el presidente López Obrador adelantó que para que los trabajadores reciban el 100% de su último sueldo será necesario aplicar un plan de austeridad republicana, por lo que insistió en que deberán reestructurarse organismos que él considera onerosos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Por lo pronto, nos adelantan, no prevén eliminar o limitar las funciones de las Afores; tampoco se considera una disminución de las comisiones que cobran. No obstante, la posibilidad de modificar la Constitución y tocar el artículo 4 y el 123, es lo que genera preocupación entre los patrones porque las consecuencias podrían ser catastróficas.
Nos cuentan que las expectativas del mandatario en materia de pensiones son muy altas, ya que en ningún país los trabajadores logran jubilarse con el 100% de su salario, en el mejor de los casos y en las naciones más desarrolladas, la cifra llega a 80%. Con la reforma que se aprobó en 2020 y que consideró un aumento gradual en la cuota patronal, el pensionado alcanzará para el año 2030, el 70% de su última percepción.
En la Secretaría de Hacienda aseguran que por el momento trabajan a marchas forzadas en las “corridas y cálculos financieros” a fin definir de dónde se obtendrán los recursos para solventar el aumento en las jubilaciones, ya que en la actualidad las erogaciones gubernamentales que se destinan a las pensiones ascienden a entre 5 y 6 billones de pesos.
Lo que sí es una realidad es que son pocas las expectativas de que las reformas puedan obtener la mayoría en el Congreso, por lo que se quedarán en el tintero y esto se aprovechará como una bandera política a unos meses de las elecciones.
Preocupan créditos a corto plazo en Estados
Especialistas de distintas casas de análisis empezaron a ver con preocupación el crecimiento de la deuda de corto plazo de algunos Estados y Municipios. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera las entidades federativas deben cubrir este tipo de adeudos tres meses antes del cambio de administración. Lo que más inquieta es que este año hay comicios en más de 1,300 municipios y 9 entidades federativas, por lo que las agencias calificadoras ya adelantaron que harán un monitoreo minucioso de aquellas que podrían enfrentar presiones en sus finanzas.
Así las cosas…