La pregunta que muchos se hacen es: ¿Si los integrantes de la Corte se hubieran inclinado por alguien completamente afín al presidente López Obrador en lugar de elegir a la Ministra Norma Piña, se estaría hablando de una reforma al poder judicial? Es probable que no.
Sin embargo, como bien dicen el hubiera no existe y ahora la preocupación por el avance de la iniciativa llegó a las más altas esferas de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Para inversionistas, empresarios y analistas los cambios en esta materia ya encendieron focos de alerta, por lo que representantes de los intereses estadounidenses y canadienses buscan reunirse con los coordinadores de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como con los titulares de las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Hacienda tanto del gabinete actual como del que entrará en funciones el próximo 1 de octubre.
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Nos cuentan que la ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se convirtió en su obsesión tendrá consecuencias graves para el país, para los mercados financieros, para la economía y para las relaciones comerciales con los vecinos del norte.
Incluso, muchos de los capitales que estaban por ampliar o instalarse en México lo empezaron a pensar dos veces ante la incertidumbre jurídica y el cuestionable cumplimiento del Estado de Derecho.
A esto se suma otro escenario adverso: las amplias posibilidades que tiene el expresidente Trump de ganar las elecciones en noviembre y su evidente antipatía por México, lo que complicará más la agenda bilateral.
No es casualidad que distintas casas de análisis y empresarios mexicanos levantaron la voz para advertir los riesgos de aprobar la reforma, pero el gobierno sigue sin escuchar las advertencias. Así ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de la Terminal Felipe Ángeles que a dos años de su operación sigue sin despertar el interés de la mayoría de las aerolíneas.
De acuerdo con un estudio de Citibanamex si bien la iniciativa judicial no desaparece el sistema de tribunales y jueces del país sí se somete a una “aventura imposible” y se corre el riesgo de que se desmorone la función judicial.
Una de las señales de alarma de la propuesta es que para convertirse en juzgadores, cerca de 7 mil jueces, magistrados y ministros tendrán que ser elegidos por la ciudadanía, en lugar de demostrar conocimiento de la materia y capacidad judicial.
Nos cuentan que Bolivia aplicó un esquema similar al que pretende impulsar el presidente López Obrador y no funcionó. En la primera votación para la elección de sus jueces en 2011, el 60% anuló la boleta porque la ciudadanía no tenía conocimiento sobre los candidatos ni elementos de criterio para votar; hace un año le fue imposible a ese país configurar la planilla de postulados y celebrar la elección, por lo que el desempeño de los juzgadores bolivianos es caótico y contribuyó a precipitar la crisis constitucional. Y ahora el gobierno mexicano busca transitar hacia ese camino.
Así las cosas…