El sector automotriz mexicano no quitará el dedo del renglón para que el gobierno entrante frene el ingreso de vehículos “chocolate” o chatarra al país.
Por lo pronto, las distintas organizaciones de autos ligeros y pesados iniciaron negociaciones con el equipo de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que se ponga fin a esta decisión que ha generado pérdidas importantes para los productores y comercializadores de unidades nuevas.
Hace unos meses el gobierno federal anunció que la regularización de vehículos usados procedentes del extranjero conocidos como “chocolate” se mantendrá hasta el último día del gobierno actual, lo que causó preocupación en el sector automotriz por sus implicaciones en la industria, el empleo y el medio ambiente.
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En el caso de los autobuses, camiones y tractocamiones hay una creciente inquietud por el ingreso de chatarra, ya que éstos no cumplen con las condiciones técnico-mecánicas y generan un impacto importante al medio ambiente.
Las consecuencias por la legalización de los “autos chocolate” se planteó en diversas ocasiones a funcionarios del más alto nivel en las Secretarías de Economía, de Hacienda, de Seguridad Pública, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como en la cancillería, sin embargo, no se tomaron en cuenta bajo el argumento de que la orden venía desde Presidencia.
Por lo pronto, la competencia desleal que representa la regularización de estos vehículos atenta contra la recuperación de un sector clave para el país, ya que de continuar el ingreso aumentará la caída en las ventas del mercado nacional, lo que necesariamente tendrá un impacto en la generación de empleos.
La medida también tiene efectos en la recaudación, ya que los fabricantes dejan de pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción por una menor demanda de autos nacionales y se registra una contracción en la captación de otros impuestos.
Los que más saben del tema aseguran que permitir el arribo de autos chocolate es como autorizar el robo de combustible, debido a que éstos entran de manera ilegal, es decir, no cuentan con papeles porque en su mayoría ya no pueden circular en Estados Unidos o son robados.
Por si fuera poco, los autos procedentes del extranjero y su regularización provoca una reducción de precios de hasta 20% o más en unidades usadas nacionales del mismo año y modelo que el “chocolate”, por lo que los propietarios desisten de venderlos afectando la cadena de la renovación vehicular.
Y ya que hablamos del sector automotriz, los altos mandos de la Asociación Nacional de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) presentó una serie de propuestas al equipo de transición que serán clave para el crecimiento del sector, entre ellos la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Otra de las peticiones es el impulso al mercado interno, en particular en la renovación de la flota que tiene más de 20 años en uso y la búsqueda de instrumentos financieros que permitan impulsar la relocalización.
Así las cosas…