La Cámara de Diputados detuvo este 28 de abril la discusión de una reforma que buscaba limitar prácticas de aseguradoras en México y establecer sanciones más estrictas. El dictamen salió de la agenda de la Comisión de Hacienda en San Lázaro horas antes de su análisis, lo que interrumpió el avance de cambios dirigidos a fortalecer la protección de los usuarios de seguros.
La propuesta planteaba modificar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para obligar a las compañías a resolver reclamaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles. También incluía sanciones económicas que podían alcanzar hasta el 10% de los ingresos anuales de las empresas que incurrieran en retrasos o incumplimientos en el pago de siniestros.
Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que las reclamaciones contra aseguradoras aumentaron durante el último año. Los principales motivos se concentraron en negativas de pago y diferencias en la interpretación de contratos, lo que impulsó la elaboración de la iniciativa legislativa.
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El retiro del dictamen ocurrió tras intercambios entre legisladores y representantes del sector asegurador. El argumento central para posponer la discusión se centró en la necesidad de revisar el impacto financiero de las medidas y evaluar posibles efectos en el costo de las primas que pagan los usuarios.
Reforma detenida en San Lázaro
El proyecto buscaba eliminar prórrogas en la atención de siniestros y establecer reglas más claras para la respuesta de las aseguradoras. Con estos cambios, el Congreso pretendía reducir los tiempos de espera que enfrentan los clientes al solicitar pagos o hacer válidas sus pólizas.
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La iniciativa también contemplaba mecanismos de supervisión más estrictos para verificar el cumplimiento de contratos. Las autoridades financieras tendrían mayores facultades para sancionar a las empresas que incumplieran con los términos acordados con los asegurados.
Legisladores que impulsaron la reforma señalaron que el marco legal vigente permite interpretaciones que generan conflictos entre compañías y usuarios. En contraste, quienes pidieron aplazar el debate indicaron que las modificaciones requieren ajustes técnicos antes de su aprobación.
Aumentan quejas y presión regulatoria
El freno legislativo ocurre en un contexto donde más personas recurren a seguros privados para cubrir gastos médicos y patrimoniales. Este aumento en la demanda se relaciona con limitaciones en el sistema público de salud y con la búsqueda de atención inmediata en el sector privado.
Registros oficiales muestran un incremento constante en el número de reclamaciones presentadas ante instancias de defensa del consumidor financiero. Estas quejas reflejan inconformidades con cobros, cobertura y tiempos de respuesta, lo que mantiene la presión sobre el Congreso para retomar la reforma.
El debate también incluye el equilibrio entre la protección al usuario y la estabilidad del sector asegurador. Las autoridades buscan evitar medidas que generen aumentos generalizados en los costos de los seguros o afecten la operación de las instituciones financieras.
Propuestas paralelas en el Senado
En paralelo, el 29 de octubre de 2025 el senador Iván Jaimes Archundia presentó una iniciativa enfocada en seguros de vida y gastos médicos. El planteamiento propone limitar el aumento de primas para usuarios con al menos 15 años de antigüedad en sus pólizas y fijar topes a cargos adicionales.
La propuesta establece que los incrementos no superen el 10% en estos casos y que los recargos anuales se mantengan por debajo del 5%. También incluye medidas para evitar cambios en las condiciones de cobertura después de largos periodos de contratación continua.
El proyecto asigna a la Condusef y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas funciones de vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis y posible dictamen en el Senado.
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Incertidumbre en el corto plazo
El congelamiento de la reforma en la Cámara de Diputados deja sin cambios inmediatos las reglas que rigen al sector asegurador. La discusión podría retomarse en un siguiente periodo legislativo, aunque no existe una fecha definida para su reactivación.
Mientras tanto, los usuarios continúan bajo el marco legal actual y recurren a instancias administrativas para resolver controversias con las compañías. El desarrollo de nuevas propuestas en el Congreso mantiene abierto el debate sobre el alcance de la regulación en el sector.
El tema se mantiene en la agenda pública por su impacto en millones de personas que utilizan seguros para proteger su salud y patrimonio. La evolución de estas iniciativas definirá el rumbo de la regulación y las condiciones de acceso a estos servicios en México.
VGB