La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prepara una demanda colectiva contra Walmart de México que incluye operaciones de Walmart y Bodega Aurrera. El proceso surge tras reportes de cancelaciones de pedidos y falta de entrega de productos adquiridos en línea por consumidores en México.
La acción legal se dirige a casos registrados durante los días 17 y 18 de marzo de 2025. Usuarios que realizaron compras en plataformas digitales de ambas cadenas reportaron cancelaciones de órdenes o incumplimiento en la entrega de mercancías.
La institución indicó que la demanda busca reunir a consumidores con afectaciones similares para presentar un juicio colectivo ante tribunales. Este mecanismo permite que un grupo de personas participe en un solo proceso judicial cuando existe una causa común.
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Las compras involucradas corresponden a transacciones realizadas en los portales oficiales walmart.com.mx y bodegaaurrera.com.mx. Los casos considerados incluyen pedidos cancelados por la empresa o productos que no llegaron a los compradores después del pago.
Quiénes pueden integrarse al proceso
La convocatoria se dirige únicamente a consumidores que realizaron compras en las fechas señaladas y reportaron problemas con sus pedidos. Las personas que cumplan con estos criterios pueden solicitar su incorporación al proceso colectivo.
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Los usuarios deben demostrar que realizaron la compra en línea durante el periodo establecido. También deben acreditar que la empresa canceló el pedido o no entregó el producto adquirido.
La Profeco informó que las personas interesadas pueden participar siempre que presenten pruebas que respalden la transacción. Los documentos permiten integrar el expediente que sustenta la reclamación colectiva.
El organismo federal señaló que la participación en la demanda se realiza de forma voluntaria. Cada consumidor decide si autoriza a la institución para representarlo dentro del juicio.
Documentos necesarios para registrarse
Los interesados deben entregar un formato de consentimiento donde autorizan a la Profeco para actuar en su representación legal. Este documento forma parte del expediente que integra la acción colectiva.
También deben presentar copia de una identificación oficial vigente por ambos lados. La institución solicita este requisito para confirmar la identidad del solicitante.
Otro documento corresponde a un escrito libre donde el consumidor describe la compra y el problema ocurrido con el pedido. En ese relato se detallan la fecha de la transacción, el portal utilizado y la situación registrada.
La Procuraduría solicita además comprobantes de la compra. Entre las evidencias aceptadas se incluyen tickets, facturas, comprobantes de pago, transferencias bancarias, estados de cuenta o correos electrónicos de confirmación.
Canales para enviar la documentación
La Profeco habilitó un canal digital para recibir los expedientes. Los consumidores pueden enviar los archivos escaneados al correo electrónico institucional destinado a acciones colectivas.
Otra opción consiste en entregar los documentos de forma presencial. Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales del organismo o a una Oficina de Defensa del Consumidor ubicada en su entidad.
El registro se realiza una vez que la institución recibe los documentos y revisa la información presentada. El expediente permite integrar cada caso al proceso colectivo.
La Procuraduría indicó que el seguimiento del juicio se realiza conforme al procedimiento establecido en la legislación de protección al consumidor.
Cómo funciona la acción colectiva
Una acción colectiva permite que un grupo de al menos 30 personas presente una demanda por afectaciones similares. Este mecanismo concentra los casos en un solo proceso judicial.
El modelo permite que los participantes soliciten reparación del daño derivado de una práctica comercial. El tribunal revisa las pruebas y determina las medidas que correspondan según el resultado del juicio.
Los consumidores pueden integrarse al proceso mientras el juicio continúe en trámite. La normativa también permite reclamar beneficios hasta 18 meses después de que una sentencia quede firme.
La institución señaló que el procedimiento se sustenta en la legislación vigente de protección al consumidor. El objetivo consiste en resolver conflictos derivados de transacciones comerciales en plataformas digitales.
VGB