Cinco compañías con operaciones en América Latina y España fueron incluidas en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se acusa a diversas multinacionales de beneficiarse económicamente del conflicto armado en Gaza.
La autora del reporte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, sostiene que estas firmas participan directa o indirectamente en lo que califica como una “economía del genocidio”.
“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, así lo explica el documento citado por BBC Mundo.
Pero Israel ha rechazado tajantemente la acusación, calificando el informe de “infundado” y asegurando que “entrará en el basurero de la historia”.
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Señalamientos a empresas de México, Colombia, Brasil y España
Entre las firmas aludidas se encuentra Orbia Advance Corporation, empresa mexicana que opera a través de su filial Netafim, especializada en sistemas de riego.
El informe de la ONU indica que esta tecnología ha sido utilizada para expandir cultivos israelíes en Cisjordania, en detrimento de comunidades palestinas.
“La tecnología de Netafim ha permitido la explotación de manera intensiva del agua y la tierra (…) mientras los agricultores palestinos, privados de agua, se ven desplazados”, señala la relatora.
Contexto: el conflicto en Gaza es parte de una larga disputa entre Israel y Palestina, que se intensificó drásticamente el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas lanzó un ataque masivo contra territorio israelí. En respuesta, Israel inició una ofensiva militar a gran escala sobre la Franja de Gaza.
Desde entonces, el conflicto ha causado una grave crisis humanitaria. De acuerdo con cifras de organismos internacionales, más de 38,000 personas han muerto en Gaza en el último año, en su mayoría civiles, incluyendo miles de mujeres y niños.
La violencia también ha dejado decenas de miles de heridos, desplazamientos masivos y una devastación generalizada en infraestructura.
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También Petrobras
El reporte también menciona a Petrobras, la petrolera estatal brasileña, por su presunta participación en el suministro de crudo a Israel.
Aunque Petrobras negó haber exportado petróleo durante el periodo mencionado, el informe sostiene que la compañía posee una participación significativa en los campos brasileños desde donde se originan los envíos.
Ante ello la firma respondió a la BBC que “no se puede concluir que haya exportado petróleo a Israel solo por su participación en los campos”.
El grupo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) con sede en España, también fue señalado por colaborar en la expansión de infraestructura que conecta asentamientos israelíes con Jerusalén.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el tranvía en el que participa la empresa “contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales”.
Por su parte, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, pidió a la firma que “abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, según BBC Mundo.
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Exportaciones de carbón colombiano bajo la lupa
Otro punto clave del informe es el presunto incumplimiento del embargo colombiano al carbón con destino a Israel.
Aunque el presidente Gustavo Petro anunció en 2024 que Colombia suspendería las exportaciones mientras persistiera el conflicto, Albanese indica que dos multinacionales, Glencore y Drummond, continuaron enviando mineral desde territorio colombiano.
Glencore rechazó las acusaciones y las calificó como “infundadas y sin fundamento jurídico alguno”.
Mientras que Drummond señaló que el gobierno colombiano autorizó las exportaciones bajo un régimen de excepción por compromisos contractuales anteriores.
“La compañía procedió a cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas”, indicó en un comunicado dirigido a BBC Mundo.
Estados Unidos responde con sanciones a la relatora
La postura de Francesca Albanese ha generado reacciones internacionales. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció sanciones contra la relatora por sus críticas al Estado de Israel.
El Departamento de Estado la acusó de “antisemitismo” y de mantener un “sesgo implacable”, tras no lograr su destitución en el Consejo de Derechos Humanos.
En respuesta, Amnistía Internacional consideró esta medida como un intento de silenciar su trabajo.
“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos. Su mandato es defender los derechos humanos y el derecho internacional”, finalizó Agnès Callamard, secretaria general de la organización.
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¿Cómo se benefician empresas del conflicto de Gaza?
El conflicto en Gaza no solo representa una crisis humanitaria y geopolítica, sino que también tiene implicaciones económicas globales.
La cadena de suministro de insumos clave —como combustibles, minerales, infraestructura y tecnología— involucra a empresas de múltiples países, incluidos varios en América Latina y Europa.
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Estas firmas, directa o indirectamente, participan en dinámicas comerciales que pueden verse afectadas por sanciones, bloqueos o decisiones políticas derivadas del conflicto.
Además, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos generan presión sobre gobiernos y corporaciones para revisar sus vínculos comerciales. Esto puede traducirse en restricciones legales, daños reputacionales y riesgos financieros para las empresas involucradas.
Por ello, lo que ocurre en Gaza no es un asunto lejano para las economías: repercute en decisiones de inversión, comercio exterior y cumplimiento normativo a nivel internacional.