El gobierno de Estados Unidos solicitó a México revisar si la empresa Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA), ubicada en Veracruz, negó a sus trabajadores el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, informó este viernes el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer.
La solicitud responde a lo establecido en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En esta ocasión, las autoridades estadounidenses determinaron que hay “pruebas suficientes y creíbles” de una posible negación de derechos laborales en la planta veracruzana.
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Como parte de la medida, Estados Unidos suspendió la liquidación de aranceles sobre los productos fabricados por TAMSA, en lo que se concluye el proceso de revisión.
El origen del caso
Contexto: De acuerdo con la información publicada, el pasado 14 de mayo de 2025, el Comité Interinstitucional de Supervisión y Cumplimiento Laboral (ILC, por sus siglas en inglés), copresidido por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, recibió una petición formal del Sindicato Nacional de la Industria de la Transformación del Acero, Metalúrgica Siderúrgica y Metal Mecánica (Sinain).
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Según el sindicato, la empresa niega sistemáticamente a sus integrantes el derecho a organizarse y negociar colectivamente, por medio de actos de discriminación antisindical e interferencia por parte del patrón.
Tras una revisión de la denuncia y la documentación presentada, el ILC concluyó que la queja requiere la activación del mecanismo de revisión del T-MEC.
¿Qué ocurrirá con el caso?
En el acuerdo trilateral, México tiene 10 días hábiles para aceptar la solicitud de revisión. En caso de aceptarla, el gobierno mexicano contará con 45 días a partir de la fecha de solicitud para llevar a cabo y concluir la revisión interna.
Durante ese periodo, las autoridades mexicanas deberán determinar si existió una denegación de derechos en perjuicio de los trabajadores de TAMSA.
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Esta es una de las más recientes acciones bilaterales bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, una herramienta creada para garantizar que las empresas en territorio mexicano respeten los derechos laborales fundamentales, como la libertad sindical y la negociación colectiva.