Uno de los puntos centrales de los próximos años será recuperar la contribución fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), sería “la mejor reforma fiscal disponible”, dado su impacto potencial cercano a 300 mil millones de pesos al año, aseveró el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña.
En el marco del Foro económico: perspectiva y plan económico para 2025, organizado por la Universidad Panamericana, y en la reaparición pública del exfuncionario, Meade destacó que Pemex pasó de ser un fuerte contribuyente a convertirse en un factor de presión fiscal.
Detalló que las contribuciones promedio de la petrolera cayeron notablemente de 542 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a 297 mil millones en el sexenio de López Obrador y a 157 mil millones este año.
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“A esto se suma lo que recibe la empresa vía presupuesto, lo que en conjunto representa alrededor de 2.4 billones de pesos de destrucción de capacidad contributiva”, alertó el ex funcionario.
Contexto: De acuerdo con un análisis de Francisco J. Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía, de enero a septiembre, la aportación negativa asciende a 228 mil millones de pesos, cifra que confirma el papel de Pemex como receptor de recursos públicos, y no como un contribuyente.
Sector energético lastra las exportaciones
Meade subrayó que las exportaciones mexicanas han mostrado un dinamismo notable: crecieron dos veces más rápido en el sexenio de López Obrador que en el de Peña Nieto, con expectativas aún mayores este año. De hecho, dijo, avanzan a un ritmo comparable con el de China o India en periodos recientes.
Sin embargo, advirtió que el crecimiento exportador está limitado por el sector eléctrico, ya que el contenido energético de las exportaciones es mayor que el contenido laboral. Si la generación eléctrica no crece al mismo ritmo que las exportaciones, señaló, se convierte en un cuello de botella que obstaculiza la expansión económica.
Un déficit manejable, pero con riesgos por la deuda
El exfuncionario destacó que el déficit de 3.6% no es alto en comparación internacional y que el nivel de deuda —alrededor de 52.6% del PIB, sigue siendo sostenible. Sin embargo, advirtió que, dado que la deuda crece al ritmo del déficit más la tasa de interés real, hoy avanza alrededor de 7%, mientras la economía solo crece 0.5%. Esto implica un desbalance que, de mantenerse, presionará al marco fiscal del país.
Afirmó que uno de los grandes retos de los próximos años será lograr que la economía crezca al menos al ritmo de la deuda o que la deuda deje de crecer tan por encima del PIB, para evitar escenarios de vulnerabilidad fiscal.
Inversión pública politizada
El exsecretario afirmó que México no ha logrado despolitizar la infraestructura, lo que ha llevado a que proyectos clave se determinen por voluntad política y no por viabilidad técnica. Señaló que en cada administración se realiza una “pausa” para redefinir prioridades, lo que afecta el desarrollo de largo plazo.
Propuso que México se atreva a pensar dónde quiere estar en los próximos 40 años y que, con base en ello, defina una agenda de infraestructura estable y con financiamiento claro.
Incertidumbre política y constitucional
Finalmente, alertó sobre una nueva fuente de incertidumbre en México: la posibilidad de que una sola fuerza política pueda modificar la Constitución sin contrapesos, algo que no ocurría desde los años 80. Esto, dijo, genera cautela entre inversionistas, quienes en contextos de incertidumbre institucional prefieren esperar antes que arriesgar capital.
Advirtió que esta incertidumbre se suma a la externa, especialmente la relacionada con la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será tema central en 2025.