Petróleos Mexicanos (Pemex) expuso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que el robo de combustibles, también conocido como huachicoleo, continúa representando uno de los mayores riesgos operativos para la empresa, pese a los esfuerzos de mitigación implementados junto con el Gobierno mexicano.
El informe del tercer trimestre enviado al organismo estadounidense, señala que la actividad criminal vinculada al huachicol mantiene un impacto directo en la operación, las finanzas y la seguridad de la petrolera mexicana.
Según el reporte, la empresa enfrenta una alta exposición a actos criminales dirigidos al robo, desvío y manipulación de petróleo crudo, gas natural y productos refinados, principalmente a través de tomas clandestinas perforadas en su red de ductos.
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El informe subraya que el huachicol continúa provocando pérdidas de ingresos, afectaciones a la infraestructura y riesgos para la seguridad del personal y las comunidades. La amenaza permanece como un factor de riesgo crítico para la empresa, con potencial para impactar su situación financiera, sus procesos logísticos y su capacidad para garantizar el suministro.
Francisco Barnés de Castro, ex subsecretario de Energía y ex rector de la UNAM, comentó que el robo de combustibles, también conocido como huachicoleo, es un problema que se ha vuelto cada vez más complejo, en donde hay una colusión entre el crimen organizado, trabajadores y funcionarios.
Contexto: De acuerdo con Pemex, estas acciones se enmarcan en un contexto de intensa actividad delictiva en México asociada con cárteles de drogas y organizaciones criminales.
Riesgos operativos y daños a la infraestructura
El documento enviado a la SEC detalla que el impacto del huachicol no es sólo económico. Las actividades criminales han derivado en incendios, explosiones, daños a la propiedad, afectaciones al medio ambiente, lesiones e incluso pérdidas de vidas humanas.
Estos eventos, señala Pemex, pueden interrumpir operaciones, detener procesos productivos, afectar el suministro y distribución, y comprometer la continuidad del negocio, generando pérdidas financieras significativas que se suman al valor de los hidrocarburos robados.
La petrolera también reconoce que existe riesgo de que empleados o servidores públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles, lo que complica los esfuerzos de control interno y vigilancia.
Más de 26 mil tomas clandestinas en dos años
Pemex proporcionó datos específicos sobre la magnitud del problema. En su informe señaló que en 2024 se detectaron 11,774 tomas clandestinas, mientras que, en 2023, la cifra ascendió a 14,890 tomas clandestinas, en total suman más de 26 mil tomas clandestinas en dos años.
Estas cifras muestran que, aunque hay variaciones anuales, el robo de combustibles persiste en niveles altos y afecta directamente la integridad de la infraestructura operativa.
Medidas de mitigación sin mejoras sostenidas
La petrolera afirma que ha implementado diversas medidas estratégicas para reducir el robo y otras actividades criminales dirigidas a sus instalaciones y productos. Sin embargo, reconoce que las acciones aplicadas hasta ahora no han producido una mejora sostenida en la reducción del mercado ilícito de combustibles.
El Gobierno mexicano, por su parte, ha desplegado fuerzas militares y policiales, reforzado operativos de vigilancia y adoptado medidas adicionales de seguridad, pero Pemex advierte que estas acciones tampoco han logrado disminuir el fenómeno de manera permanente.