Para 2026, el gasto destinado para garantizar el Estado de derecho por persona equivale a 2,465 pesos, esto es mil pesos menos que en 2015, además de que el costo del delito en México es 153% mayor, según estimaciones de México Evalúa.
Un análisis refiere que, el delito tuvo un costo promedio de 6,225 pesos por víctima en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi), es decir, esto es 153% más que lo que se invierte en garantizar el Estado de Derecho, es decir, los recursos para garantizar la seguridad y justicia.
“Con este menor gasto lo que vemos es que la seguridad no es una prioridad, y tampoco lo es el tema de la gobernanza porque no se están destinando los recursos para garantizar el Estado de derecho en el país”, indicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.
El especialista explicó a La Silla Rota que lo que ven es que algunos índices de violencia han aumentado, la población ha crecido, pero los recursos no, lo que afecta la seguridad de la ciudadanía.
“Tener menores recursos significa invertir menos en policías civiles, en instancias que brinden seguridad a las personas y esto al final afecta a la ciudadanía porque no se cuenta con lo necesario para garantizar su seguridad”, destacó el especialista.
En 2026, presupuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el Estado de derecho alcanzará 331.3 mil millones de pesos, apenas 2.5% más que en 2025, pero 97 mil millones por debajo del máximo registrado en 2015.
El organismo destaca que, en proporción a su economía, México gasta lo mismo que países seguros como Noruega, pero enfrenta niveles de violencia superiores a Colombia.
Presupuesto en mínimos históricos
México Evalúa detalla que, al excluir transferencias no relacionadas con seguridad (como fideicomisos de infraestructura de la Defensa Nacional), el gasto efectivo en Estado de derecho representa el segundo nivel más bajo en los últimos 15 años.
De acuerdo con Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública.
El estudio muestra que los tres componentes principales del presupuesto destinado a garantizar el Estado de Derecho presentan recortes significativos respecto a su punto máximo histórico:
- Asuntos de Orden Público (policías civiles): 62.3 mil millones de pesos, 31% menos que hace 12 años.
- Seguridad Nacional (Sedena y Marina): 138.4 mil millones, 20% por debajo de 2015.
- Justicia: 130.6 mil millones, una caída de 28% respecto a 2016.
Jorge Cano advirtió que esta tendencia prolongada de desinversión en seguridad y justicia limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar delitos.
Inseguridad y violencia en aumento
A pesar de un repunte marginal del presupuesto para 2026, la violencia y la percepción de inseguridad continúan en aumento.
Entre enero y septiembre de 2025, los homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones mostraron tendencias al alza en 17 entidades del país.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi reveló que 63% de la población adulta se siente insegura en su ciudad, una cifra que no ha mejorado pese al aumento marginal del gasto en seguridad.
Expertos advierten desequilibrio estructural
México Evalúa ha insistido en la necesidad de reorientar el gasto público hacia el fortalecimiento institucional y la mejora de las capacidades de procuración de justicia, en lugar de privilegiar el gasto militar o administrativo.
El centro de análisis advierte que mantener un nivel de inversión insuficiente aumenta la brecha entre los costos sociales del delito y la capacidad del Estado para enfrentarlo.
“México sigue gastando más en reparar los daños del crimen que en prevenirlos”, señala el organismo en su informe más reciente.
