A diez años de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, las fiscalías estatales mantienen rezagos que limitan el acceso a la justicia. Así lo señala el informe “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, elaborado por México Evalúa, que documenta la acumulación de millones de investigaciones pendientes y la permanencia de prácticas asociadas al modelo anterior.
De acuerdo con el estudio, al cierre de 2024 las fiscalías del país registraron más de 2.6 millones de carpetas de investigación sin concluir. La organización señala que este volumen de asuntos pendientes incrementa la carga de trabajo institucional y reduce la capacidad de respuesta frente a nuevos delitos denunciados.
México Evalúa indica que, pese a los cambios legales e institucionales impulsados durante la última década, gran parte de las fiscalías continúa centrando sus actividades en la integración y gestión de expedientes físicos. Según el informe, esta dinámica limita el desarrollo de estrategias de investigación y litigación acordes con el sistema acusatorio.
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Archivo temporal concentra miles de casos
Uno de los hallazgos del reporte corresponde al uso del archivo temporal como mecanismo de salida para las investigaciones. El documento señala que 34.42 por ciento de los casos iniciados en el país termina bajo esta figura procesal, la cual suspende temporalmente las indagatorias cuando no existen elementos suficientes para continuar.
La organización identificó que esta práctica también alcanza delitos graves. En una muestra de 19 entidades federativas, el estudio encontró 2 mil 308 expedientes por homicidio enviados al archivo temporal. México Evalúa señala que estos casos permanecen sin avances mientras las fiscalías enfrentan limitaciones operativas y acumulación de asuntos pendientes.
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El informe advierte que el crecimiento constante del inventario de carpetas sin resolver genera un efecto acumulativo que dificulta la atención de nuevos casos y amplía los tiempos de respuesta institucional.
Autonomía y rendición de cuentas
México Evalúa también revisó el funcionamiento de las fiscalías autónomas. El reporte señala que 26 instituciones estatales operan bajo esta figura jurídica; sin embargo, identifica retos relacionados con supervisión, transparencia y evaluación de resultados.
La organización sostiene que la transición de procuradurías a fiscalías no siempre se traduce en mejoras operativas. En varios casos, indica, persisten estructuras administrativas y procesos de trabajo que limitan la capacidad institucional para investigar delitos y atender a víctimas.
Los datos de percepción ciudadana incluidos en el estudio muestran que 62.9 por ciento de la población considera que existe corrupción en los Ministerios Públicos y fiscalías estatales. Además, el nivel de confianza reportado para estas instituciones alcanza 33 por ciento.
Rezagos en la operación
El informe también analiza la ejecución de órdenes de aprehensión. Entre los casos revisados destaca la Fiscalía de Guerrero, que durante 2024 ejecutó 2.1 por ciento de las órdenes obtenidas, de acuerdo con los datos recopilados por México Evalúa.
La organización señala que este resultado contrasta con la proporción de personal adscrito a funciones de investigación dentro de la institución. El estudio plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre las áreas encargadas de integrar investigaciones y aquellas responsables de ejecutar mandamientos judiciales.
México Evalúa agrega que las diferencias de desempeño entre entidades reflejan capacidades operativas desiguales y distintos niveles de desarrollo institucional.
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Mecanismos alternativos con uso limitado
El reporte identifica una utilización reducida de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), herramientas previstas para resolver determinados conflictos sin necesidad de llegar a juicio.
Según el estudio, únicamente 3.22 por ciento de los casos concluye mediante acuerdos reparatorios u otras vías alternativas. La organización estima que cerca de 39.3 por ciento de los delitos registrados durante 2024 podría resolverse a través de estos mecanismos.
México Evalúa considera que un mayor uso de estas herramientas permitiría disminuir la carga de trabajo de las fiscalías y concentrar recursos en investigaciones relacionadas con delitos de mayor complejidad.
Las recomendaciones del informe incluyen programas específicos para abatir rezagos, adopción de sistemas de gestión digital, fortalecimiento del servicio profesional de carrera y ajustes organizacionales que permitan mejorar la supervisión y el desempeño institucional.
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VGB