En sus primeros seis meses de operación, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un 37 por ciento menos de casos que su antecesora, alcanzando un total de 1,218 casos frente a los 1,944 resueltos un año antes.
De acuerdo al reporte “El nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño”, publicado por Integralia, la nueva Corte se ha caracterizado por dar mayor peso a la forma que al fondo: siete de cada diez asuntos (el 70.2 por ciento) concluyeron mediante resoluciones procesales, como sobreseimientos o desechamientos, sin que se analizara el asunto de fondo.
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Las decisiones sustantivas (de fondo) fueron minoría y se concentraron casi en su totalidad en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, mientras que los medios de defensa para particulares, como los amparos directos en revisión, fueron mayoritariamente desechados argumentando falta de importancia constitucional.
La carga de trabajo
Integralia encontró que la actividad del máximo tribunal no se distribuyó equitativamente. La carga de trabajo se concentró de manera desproporcionada en tres personas: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero, quienes acapararon casi la mitad de los asuntos resueltos.
Temáticamente, la agenda de la Corte estuvo dominada por tres materias principales: administrativa, penal y fiscal-tributaria.
Altos niveles de unanimidad
A pesar de la polarización o desacuerdos que han trascendido en la esfera pública y redes sociales, los datos duros revelan una alta coincidencia entre las y los ministros.
Más de la mitad de las 1,118 votaciones analizadas en el periodo fueron unánimes, y casi ocho de cada diez resoluciones se lograron por unanimidad o con mayorías de ocho votos.
Su relación con el oficialismo
El reporte de Integralia detecta una tendencia en la SCJN a emitir resoluciones que muestran deferencia frente a los intereses gubernamentales, particularmente en áreas estratégicas como energía, hidrocarburos y finanzas.
Los datos reflejan que, en 64 asuntos de fondo donde el Poder Ejecutivo fue la parte demandante, la Corte falló a su favor en 53 casos declarando la invalidez de lo impugnado.
Por otro lado, cuando el Congreso de la Unión o el Ejecutivo actuaron como demandados, la Corte negó la protección a los quejosos en 36 amparos resueltos de fondo, beneficiando así a las autoridades federales.
Por otra parte, se presenta un impacto en el clima de negocios y una curva de aprendizaje. Institucionalmente, la SCJN sufre los estragos de una "curva de adaptación". La desaparición de las Salas ha provocado un cuello de botella, ya que concentrar el trabajo en el Pleno ralentiza la resolución de los asuntos.
De forma cualitativa, el informe advierte una menor profundidad teórica y conceptual en el análisis jurídico de las resoluciones, así como una alta probabilidad de que se modifiquen criterios y jurisprudencias de épocas anteriores.
Esta falta de previsibilidad en las sentencias y el menor margen de maniobra para los litigios del sector privado están reconfigurando negativamente el entorno de certidumbre jurídica para empresas e inversionistas.
Integralia Consultores: reporte de los primeros 6 meses de la nueva Corte by La Silla Rota
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