La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso de manera indefinida la discusión de un proyecto que buscaba frenar la reducción del plazo legal para abortar en Aguascalientes, una decisión que organizaciones defensoras de derechos reproductivos consideran un retroceso y una señal de incertidumbre jurídica para las mujeres del estado.
En su primera semana de sesiones de 2026, el máximo tribunal del país retiró del orden del día del Pleno el análisis de la reforma aprobada en Aguascalientes que disminuye de 12 a seis semanas el límite para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin informar públicamente una nueva fecha para retomar el asunto.
La suspensión del debate generó preocupación inmediata entre colectivos feministas y organizaciones civiles, que esperaban que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de la reforma avalada por el Congreso local en agosto de 2024.
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Para Católicas por el Derecho a Decidir México, la postergación del fallo mantiene un escenario de indefinición legal y médica que afecta directamente a las mujeres, quienes, señalan, siguen sin poder ejercer plenamente su derecho a decidir.
“Había una expectativa real de que hoy iniciara la discusión. Lamentablemente, no ocurrió”, declaró a EFE la directora de la organización, Aidé García Hernández. “La Corte no está atendiendo una demanda que ya estaba madura y lista para resolverse”.
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Acción federal y perfil de la nueva Corte
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en 2024 tanto por el Ejecutivo federal como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de diversas disposiciones del Código Penal de Aguascalientes y de una ley estatal que protege la vida desde la concepción.
García calificó como “delicado” el retraso, especialmente porque, en teoría, los nueve ministros y ministras que integran la Corte —electos por voto popular el 1 de junio pasado— han sido identificados como de orientación progresista.
“La SCJN necesita enviar señales claras de congruencia: una Corte que defiende los derechos humanos y que esté a la altura del discurso que ha construido en los últimos años”, sostuvo.
Recordó además que fue el propio tribunal el que en 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel nacional y ordenó a los congresos estatales armonizar sus leyes para permitir la IVE hasta las 12 semanas de gestación.
Sospechas de presión conservadora
Aunque la Corte no ha explicado oficialmente por qué retiró del listado las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, organizaciones civiles consideran probable que existan presiones externas para frenar el fallo.
Entre ellas, señalan a sectores de la Iglesia católica y a figuras del Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política históricamente dominante en Aguascalientes y opuesta a la ampliación de los derechos reproductivos.
Tras conocerse que el proyecto estaría a cargo del ministro Irving Espinosa, la arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar la vida humana”, al asegurar que el análisis buscaba permitir el aborto hasta los nueve meses de gestación.
Espinosa rechazó esa interpretación y aclaró que la propuesta no abre la puerta al aborto en cualquier etapa del embarazo, sino que impide que los congresos locales reduzcan arbitrariamente el plazo legal, como ocurrió en Aguascalientes.
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Un estado conservador frente a estándares nacionales
Para García, Aguascalientes es una de las entidades más conservadoras del país, donde —afirma— la Iglesia ha ejercido una influencia constante en decisiones relacionadas con justicia y derechos humanos, en contravención al principio de laicidad del Estado mexicano.
En ese contexto, subrayó que este caso representa una oportunidad clave para que la nueva integración de la Corte confirme su carácter progresista y declare inconstitucional la reducción del plazo para la IVE.
“No existe ningún argumento ético, bioético, médico o científico que justifique limitar el aborto a seis semanas”, afirmó. Añadió que existen precedentes en América Latina, como Colombia, donde la interrupción del embarazo es legal hasta las 24 semanas.
Actualmente, 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto como decisión voluntaria hasta la semana 12 de gestación, en línea con los criterios de la Suprema Corte. Aguascalientes, con un límite de seis semanas, y Sinaloa, con 13, permanecen como excepciones en el mapa nacional.
VGB