Guanajuato.- Diputados del Congreso de Guanajuato tomaron por sorpresa a activistas provida y pro elección cuando esta mañana incorporaron de último momento - a la agenda - la votación en torno al aborto, matrimonio igualitario y las terapias de conversión.
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En las últimas semanas, tres discusiones que podrían cambiar el rumbo de Guanajuato en materia de derechos humanos han mantenido a la sociedad al pendiente de las votaciones en el Congreso local:
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-La despenalización del aborto.
-Sanciones a quienes realicen terapias de conversión.
-Matrimonio igualitario: eliminar la distinción entre matrimonios heterosexuales y matrimonios entre personas del mismo sexo y establecer una sola figura jurídica de matrimonio para todas las parejas.
Hoy, como cada jueves, diputadas y diputados se reunieron para la discusión, votación u oposición de diversas reformas; sin embargo, la sorpresa radicó en que estos tres temas fueron agregados no solo de último momento, sino sin documentos que respalden la propuesta de reforma.
¿Por qué las agregaron de manera repentina y por qué importa?
Antes de llegar a una sesión de votación, lo siguiente debe pasar:
-El dictamen debe existir por escrito previamente: no basta con “decir” que habrá dictamen; debe haber un documento completo con fundamentos jurídicos, propuesta concreta (modificación o derogación) y firma de las comisiones.
-Ese dictamen debe integrarse al Orden del Día: el Orden del Día no es solo la lista; debe adjuntar los documentos.
-Ese dictamen debe publicarse en la Gaceta Parlamentaria un día anterior a la sesión: la Gaceta no es un resumen; es la publicación oficial obligatoria donde se presentan los documentos que se discutirán, porque los diputados deben conocerlos antes de discutir y votar.
Si el dictamen no está adjunto, la discusión es irregular y puede ser impugnada.
Lo que pasó en Guanajuato fue que, aunque el Orden del Día sí aparece actualizado, los dictámenes no están disponibles en la Gaceta. Por lo tanto, los diputados ni la ciudadanía tienen el texto que se votará. Si se hubiese avisado antes, grupos conservadores habrían acudido al Congreso.
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¿En qué consisten exactamente las reformas y qué cambiaría en Guanajuato?
Matrimonio igualitario
El Congreso local aprobó en la Comisión de Justicia un dictamen favorable para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo: redefine el matrimonio en el Código Civil —pasa de “un hombre y una mujer” a “la unión libre de dos personas”. En la Comisión de Justicia, la iniciativa logró mayoría, a pesar de disidencias internas.
Qué implicaría si se aprueba: que en Guanajuato las parejas del mismo sexo puedan casarse civilmente con las mismas consecuencias legales que parejas heterosexuales: igualdad de derechos patrimoniales, de adopción/filialidad, seguridad social, etcétera, bajo la ley local.
Prohibición / sanción de “terapias de conversión” (ECOSIG)
Hay iniciativas que buscan penalizar las llamadas “terapias de conversión”, es decir, prácticas para “corregir” u “orientar” la orientación sexual o identidad de género de una persona. El dictamen elaborado por la Comisión de Justicia incluye un nuevo tipo penal en el Código Penal estatal. La propuesta contempla sanciones de 2 a 6 años de prisión y multa para quien imparta o financie esas “terapias”.
Qué implicaría si se aprueba: que en Guanajuato estas prácticas de “terapia” dejarían de ser legales; quien las imparta, promueva u obligue podría ser sancionado penalmente - una protección legal explícita para personas LGBTIQ+ frente a tratamientos forzados.
Aborto / Interrupción legal del embarazo
En 2025 hubo al menos tres iniciativas presentadas para despenalizar la interrupción del embarazo (por ejemplo, hasta ciertas semanas o garantizando autonomía reproductiva). Pero en junio de 2025 el Congreso rechazó las iniciativas: un dictamen en sentido negativo fue aprobado, lo que archivó esos proyectos. El rechazo ocurrió tras una votación muy ajustada: inicialmente empate; luego, un cambio de voto de una diputada permitió la mayoría para archivar.
Qué implicaría si se aprueba: las reformas rechazadas buscaban modificar el Código Penal (para retirar penalidades), la Ley de Salud y la Ley estatal de Violencia contra la Mujer, además de ajustar la Constitución local (para evitar definiciones restrictivas sobre “vida desde la concepción”).
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