La reciente elección popular de jueces en México estuvo marcada por improvisaciones, decisiones políticas que no estaban definidas por la reforma al Poder Judicial que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso y dejó en manos de 9 millones de personas (las que emitieron los votos válidos) la decisión de seleccionar a quienes juzgarán a 100 millones de personas.
Jaime Arellano, integrante de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue viceministro de Justicia de Chile, compartió sus experiencias en la supervisión de las elecciones con académicos y juristas dentro del programa Aula Judicial, del Poder Judicial de Puerto Rico.
"Una minoría de nueve millones, sobre 100 millones de electores, ha elegido al Poder Judicial y, lamentablemente, además significa que esos jueces responden a una mayoría circunstancial de la política mexicana".
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Las reglas para definir candidatos permitían que infinidad de personas cumplieran con los requisitos de tener título de abogados y un promedio regular, pero los comités de selección ni siquiera cumplieron con la tarea de revisarlos.
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"Detectamos que personas que no cumplían con los puntajes mínimos en sus resultados académicos, maestrías, doctorados, etcétera, o en su calificación previa en el ejercicio de la profesión y, sin embargo, fueron incluidos en la nómina de preselección. Es decir, hubo un criterio político muy poco transparente".
Comités ni evaluaron ni revisaron
Los comités de evaluación no hicieron la revisión que les correspondía, pero además improvisaron por encima de la ley que los propios legisladores del oficialismo había aprobado, agregó Arellano.
"Hubo personas que integraban la saliente (Suprema) Corte Justicia, que no se habían postulado y, sin embargo, fueron incorporados por interpretación expost del presidente del Senado que dice: 'entiendo que estas personas tienen un pase directo'. Así lo bautizó, esa fue su interpretación jurídica, un pase directo a cualquier cosa que quieran postular. No lo decía en ninguna parte de la reforma constitucional, nadie lo había entendido así, llegó y pasaron ¿quienes? Tres miembros del antiguo Consejo de la Judicatura".
Arellano se refiere a la inclusión de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cuyos nombres no fueron incluidos en la lista que envió el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE) en el plazo establecido por la ley, pero fueron incluidas como candidatas.
“La elección en México, lamentablemente, fue político-partidaria... rompió con la independencia judicial porque lo que hizo fue partidizar esa elección sin control.”
Elección masiva, diseño caótico
El 1 de junio se eligieron más de 800 cargos judiciales, incluida la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, jueces federales de distrito y algunos jueces locales. Sin embargo, la magnitud del proceso superó la capacidad de evaluación real.
“Habían muchísimos más de los posibles, de los que podían caber en un voto. Entonces hicieron una insaculación, decidieron sortear quiénes entraban al voto,” explicó Arellano.
El problema: se vendió como un sistema meritocrático pero se terminó decidiendo por tómbola.
“Cuando usted está diciendo que el criterio es de calidad y mérito, y resulta que hay una tómbola… entonces hay un problema de transparencia,” enfatizó.
Rasgos autoritarios
Arellano llamó la atención sobre el papel del Tribunal de Disciplina Judicial, que remplazará al Consejo de la Judicatura Federal, que tiene el potencial de ser más poderoso que la Suprema Corte de Justicia porque hará una evaluación de todos los jueces electos el 1 de junio y decidirá al término del primer año si los manda a capacitación por estar insuficientemente preparados, si los sanciona e incluso puede destituirlos si dictan una sentencia que atente contra el interés público.
"Todos los regímenes autoritarios tienden a crearse esas normas amplias de seguridad nacional, interés superior del país, interés nacional, interés del Estado, etcétera, para sancionar a todo aquel que falle en contra del interés de quien ostenta el poder. Ahí está el peligro, Es decir, lo que no logré por la elección popular, si no logré que la mayoría eligiera a los que yo quería, después los puedo ir removiendo o amoldando con la amenaza de la sanción, del reentrenamiento o incluso de la expulsión".
Voto dirigido y baja participación
Otro hallazgo alarmante fue el uso de “acordeones”, plantillas de voto partidistas repartidas física y digitalmente en todo el país, a pesar de estar prohibidas por ley.
“Yo presencié cuatro casillas donde personas levantaban su teléfono para ver el acordeón,” relató Arellano.
La evidencia sugiere que estos acordeones fueron altamente efectivos:
“A nivel estadual, el 85% de los candidatos electos coincide con los acordeones que circularon. A nivel federal, el 80%.”
Mientras tanto, la participación fue exiguamente baja. De 100 millones de electores habilitados, apenas votaron 13 millones, de los cuales 2 millones fueron nulos y 2 millones en blanco. Solo 9 millones de votos válidos definieron a todo el nuevo Poder Judicial.
“Fue una elección político-partidaria sin control,” resumió Arellano.
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Principales hallazgos y peligros
- Insuficiente evaluación de méritos: evaluación meramente formal, sin pruebas de conocimiento.
- Preselección opaca y politizada: decisiones arbitrarias, pases directos.
- Sorteo para reducir candidatos: criterio meritocrático reemplazado por azar.
- Uso ilegal de acordeones: operación de voto dirigido por el partido oficialista.
- Bajísima participación: 9 millones de votos válidos de 100 millones posibles.
- Dominio partidario en los resultados: 80–85% de coincidencia con listas partidarias.
- Tribunal de Disciplina Judicial con poder excesivo: riesgo de purgas y control político.
- Destrucción de la función contramayoritaria: jueces elegidos para complacer mayorías y partidos, no para proteger derechos frente al poder.
Una advertencia para América Latina
Arellano advirtió sobre el peligro de exportar este modelo:
“El peligro está en que, disfrazado de un proceso más democratizador... se debilita la función esencial del Poder Judicial.”
La experiencia mexicana, dijo, muestra la fragilidad de los contrapesos institucionales frente a diseños improvisados y ambiciones partidarias.
“Mi primera lección es que, en mi opinión, la elección de juezas y jueces para América Latina y dado, además, el contexto actual de polarización nuestra, es muy complicado porque destruye la independencia y la autonomía judicial.”
djh