Diana Flores vive desde hace días una pesadilla que no termina al amanecer. Su hija Dana, de seis años, le fue arrebatada por su padre el pasado 15 de junio, día en que tenía derecho a convivir con la menor según lo dictado por un juez. Pero esa noche, cuando debía regresarla, Luis Daniel simplemente desapareció con la niña.
“Me quitaron a mi hija y el juzgado está cerrado”, lamenta Diana. Desde entonces, su vida ha quedado suspendida entre el miedo, la frustración y la burocracia. En medio de su desesperación por recuperar a Dana, ha chocado de frente con un sistema judicial paralizado por un conflicto laboral que la ha dejado sin herramientas para defenderse.
El caso de Diana no es aislado, pero sí profundamente alarmante: se trata de un ejemplo claro de violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que los agresores utilizan a los hijos e hijas como instrumentos para seguir ejerciendo poder y control sobre las madres. En este tipo de violencia, los menores no sólo son utilizados como moneda de cambio, sino que se convierten en víctimas directas.
Te podría interesar
Un vacío institucional, una madre en resistencia
El Poder Judicial de la Ciudad de México cumple ya varias semanas en paro parcial. Desde el 20 de mayo, trabajadores de los juzgados familiares interrumpieron labores para exigir un incremento salarial del 10 por ciento —en lugar del 5 por ciento ofrecido por las autoridades—.
El 5 de junio, el paro se amplió a otras sedes, incluyendo Ciudad Judicial en la colonia Doctores. Con ello, miles de personas que tenían procesos legales abiertos, especialmente en asuntos familiares, han quedado en el limbo.
En ese contexto, Diana intentó denunciar la sustracción de su hija. Pero sin juzgados funcionando, no pudo notificar oficialmente al juez de lo familiar que la menor no regresó con ella. “El señor aprovechó el paro judicial para sustraer a la niña”, denuncia la abogada Mariana Estrada, quien representa legalmente a Diana.
“No están funcionando los juzgados, entonces él se ampara en que allí está decretada la convivencia para sustraerla y no devolverla”.
Ante la falta de respuesta del sistema judicial capitalino, Diana acudió al Estado de México, donde vive el padre de la menor, pero no obtuvo ayuda.
Finalmente, logró presentar una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque el proceso avanza lento y sin garantías.
Un peluche como símbolo de esperanza
A falta de justicia, Diana se aferra a los recuerdos. Cada día carga consigo el peluche favorito de Dana, una pequeña figura de felpa que su hija nunca soltaba. “Me da fuerzas”, dice con la voz quebrada.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Su exigencia es clara: que las autoridades no sean indiferentes ante su caso ni ante los muchos que, como el suyo, implican violencia contra las mujeres a través de los hijos.
“Pido empatía, porque muchas mamás estamos pasando por esto. Pero también por los niños, porque ser separados así de su mamá es violencia”, afirma.
El paro en el Poder Judicial ha exhibido las grietas de un sistema que, al detenerse, deja en vulnerabilidad extrema a quienes más necesitan protección. Y en ese vacío, la violencia vicaria se multiplica, impune.
Diana no solo lucha por recuperar a su hija. Lucha, también, por el derecho de ambas a vivir sin miedo, sin chantajes y sin ser rehenes de un sistema que, hoy, no responde.
djh