La excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exfuncionaria de Televisa, Dora Alicia Martínez Valero, presentó una denuncia por violencia política en razón de género que ha puesto en el ojo del huracán a varios periodistas, activistas y figuras públicas, incluida la actriz Laisha Wilkins.
La denuncia de Martínez Valero se origina a raíz de la investigación periodística "Televisa Leaks", publicada por Aristegui Noticias, y específicamente por una nota en la que se acusa a la excandidata a ministra de la SCJN de pretender censurar investigaciones de Televisa Leaks.
Martínez Valero había solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) medidas cautelares para eliminar 15 textos y videos de Televisa Leaks, argumentando que contenían violencia política de género.
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Sin embargo, el INE desechó por unanimidad esta solicitud inicial, determinando que no existía, ni siquiera de forma indiciaria, contenido que pudiera considerarse violencia política de género en la mayoría de las publicaciones, y que la crítica se dirigía a su trayectoria profesional, no a su condición de mujer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó esta resolución del INE.
La Ampliación de la Denuncia y los Requerimientos del INE
Pese al fallo inicial, Dora Martínez Valero amplió su denuncia, dirigiéndola contra aquellos que reprodujeron o comentaron la nota de nota en redes sociales.
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La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE ha notificado a diversas personas, solicitando que respondan un cuestionario en un plazo de tres días hábiles. Se les exige, entre otras cosas, confirmar si administran sus cuentas, si reconocen las publicaciones como propias, el propósito de las mismas, si hubo pagos o solicitudes para su difusión y si tienen vínculos con partidos políticos o candidaturas.
Entre los señalados en esta ampliación de la denuncia se encuentran:
- Laisha Wilkins, por un tuit en el que se burla del adjetivo que la publicación de Aristegui Noticias le da a Dora Martínez Valero.
- El alertador de Televisa Leaks, Germán Gómez, por seis publicaciones en X y una en Instagram relacionadas con la nota.
- El periodista Juan Omar Fierro, por un hilo donde cuestiona los intentos de censura.
- El articulista César Martínez, por un post que relaciona a Dora Martínez con Televisa y Arturo Zaldívar.
- El activista Virgilio Pasotti, por un comentario sobre el trato favorable de la excandidata en algunos medios.
- El propio medio Aristegui Noticias.
Laisha Wilkins y la denuncia de censura
La actriz Laisha Wilkins ha manifestado públicamente su situación, recibiendo una notificación formal del TEPJF sobre la denuncia en su contra. Ella ha calificado el acto como un "mecanismo de censura y de inhibición sumamente grave que vulnera los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos".
Wilkins considera que su comentario no era agresivo, sino una burla a la posibilidad de censura de una nota periodística. Además, ha expresado su preocupación por la posible multa, que podría ascender a entre 2 mil y 200 mil pesos, y ha cuestionado cómo el Tribunal obtuvo su domicilio, ya que se reservaron los datos del denunciante.
Laisha ha declarado su firme postura de "dar batalla" y no ceder ante la presión para no permitir la censura en México.
Cabe destacar que Dora Martínez Valero afirmó a EL UNIVERSAL que ella no denunció directamente a Laisha Wilkins, y que el INE requiere a quienes retuitean estas publicaciones porque violentan sus datos personales, asegurando que si se le aplicara una sanción, ella estaría en contra.
Germán Gómez y el corazón de "Televisa Leaks"
Germán Gómez García es una figura central en este caso, siendo el "alertador" y la fuente de la masiva filtración de 5 terabytes de información sobre las presuntas operaciones clandestinas de Televisa.
Gómez ha afirmado que Dora Alicia Martínez Valero trabajó en "El Palomar", un área secreta dentro de Televisa dedicada a manipular la opinión pública y crear campañas de desinformación. Según su testimonio, el objetivo de "El Palomar" era posicionar a figuras políticas, como supuestamente ocurrió con Arturo Zaldívar en la SCJN, y ahora, según Gómez, se busca hacer lo mismo con Dora Martínez Valero.
Gómez ha desmentido las acusaciones de extorsión y robo de equipo hechas por Javier Tejado, argumentando que su intención era exigir una compensación laboral justa por sus ocho años de trabajo en Televisa, sin acceso a derechos como IMSS o AFORE. Narró que su despido fue tácito y que su tío, el periodista Salvador García Soto, intentó mediar para que entregara la información a cambio de dinero para sus tratamientos médicos y evitar problemas legales.
Tensión entre libertad de expresión y violencia de género
Este caso subraya una creciente tensión entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género en México. Abogados como Mónica Calles Miramontes, de la organización Defensa Electoral, han advertido que los requerimientos del INE, al buscar la autoincriminación, podrían violar derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución.
El periodista Juan Omar Fierro ha señalado que su propia pregunta, que cuestionaba un posible "retroceso para la libertad de expresión" si Dora Martínez se convertía en ministra, le valió una denuncia por violencia política de género.
Aunque el INE inicialmente determinó que la mayoría de los contenidos de Televisa Leaks y sus derivados no constituían violencia política de género, al no contener expresiones discriminatorias ni estereotipos de género, sí identificó algunas publicaciones que, por su lenguaje sexualizado o estereotipado ("mamadora", "perra", "fea", "trepadora", "pinche gata", "lavandera del bienestar", "cara de pendeja"), sí podrían actualizar la violencia política en razón de género, cosificando y denigrando a la denunciante y minimizando su capacidad para el cargo político.
En consecuencia, el INE ha ordenado a varios usuarios de X y a la propia plataforma que retiren estos comentarios ofensivos.
El caso de Laisha Wilkins, junto con el de Karla María Estrella Murrieta —quien fue sancionada con una multa, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, una disculpa pública y un curso por un tuit sobre nepotismo—, resalta la preocupación de diversos sectores sobre el uso de estas denuncias para silenciar críticas legítimas y potencialmente censurar el periodismo de investigación.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico ya está atendiendo el caso de Wilkins, y se espera una resolución definitiva sobre su situación.
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¿Por qué es relevante el tema?
La denuncia de Dora Martínez, defensora de derechos humanos y activista, contra Aristegui Noticias y periodistas que se refirieron a ella de una forma que considera despectiva y ofensiva, es relevante por varias razones relacionadas con la libertad de expresión, el respeto al trabajo de las defensoras y los límites del debate público.
En primer lugar, el caso pone en discusión los límites entre crítica legítima, sátira y violencia simbólica en medios de comunicación. Dora Martínez denunció que el mote tenía una carga peyorativa que buscaba desacreditar su labor en la defensa de derechos humanos y deslegitimar su postura frente a ciertos contenidos considerados discriminatorios. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo se ejerce el periodismo y el derecho a disentir sin recurrir a la descalificación personal.
En segundo lugar, el conflicto adquiere relevancia porque ocurre en un contexto de alta exposición y riesgo para defensoras de derechos humanos en México, donde mujeres activistas frecuentemente enfrentan campañas de desprestigio, violencia en línea y amenazas. La forma en que los medios abordan a estas figuras puede influir en su seguridad, credibilidad y bienestar.
Además, este caso también se relaciona con el derecho de réplica y reparación ante discursos mediáticos que pueden considerarse lesivos o estigmatizantes. Si bien la libertad de prensa es un pilar democrático, también lo es el respeto a la dignidad y al debate informado.
En resumen, la denuncia de Dora Martínez es relevante porque abre un debate sobre los equilibrios entre libertad de expresión, responsabilidad mediática y protección de quienes defienden derechos humanos, especialmente en un entorno de polarización y hostigamiento digital.
VGB