La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República dio a conocer el acuerdo para realizar una serie de conversatorios con el fin de abordar la iniciativa de expedición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Estos foros buscan abrir un espacio de debate plural y abierto, dada la relevancia del sector.
Los conversatorios estarán a cargo de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, así como de Estudios Legislativos.
El objetivo principal es discutir el dictamen que fue devuelto a comisiones unidas y demostrar que la nueva norma no implica censura, permitiendo la participación de todos los interesados.
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Esta apertura se produce tras la controversia generada por el contenido de la iniciativa, que ha alertado a diversos sectores sobre posibles riesgos de censura y control.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que, si es necesario, el artículo 109 (referente a plataformas digitales) podría eliminarse o modificarse para evitar confusiones sobre censura.
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¿Qué propone la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones?
- Abrogar la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente y expedir una nueva.
- Que el nuevo regulador de los medios de comunicación sea el Poder Ejecutivo tras la desaparición del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones).
- Evitar la injerencia extranjera mediante propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con la excepción de la promoción turística o cultural. Específicamente, no se permitiría que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales o plataformas digitales para influir en los asuntos internos del país.
- Sancionar con multas que van del 2% hasta el 5% de los ingresos de los concesionarios o plataformas digitales que difundan propaganda extranjera que viole las normas nacionales.
- Que la Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar y supervisar que la publicidad en servicios de radiodifusión, televisión restringida y plataformas digitales no contravenga las normas.
- Que la Secretaría de Gobernación pueda ordenar la suspensión inmediata de la transmisión de publicidad, propaganda o información general de gobiernos extranjeros, distinta de la cultural o turística.
En el caso de las infracciones para las sanciones, se considerará la intencionalidad del infractor.
La iniciativa desató críticas y acusaciones en contra del Gobierno por la presunta intención de censurar y controlar los medios de comunicación, principalmente por parte de opositores, por lo que, tras hacer presión pública, llegando a instancias internacionales como la ONU, se puso pausa a la aprobación de la Ley y se organizaron 5 conversatorios con especialistas para aclarar los alcances y riesgos de la misma, y en caso de ser pertinente, realizarle los cambios correspondientes.
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Temas y fechas de los conversatorios
- 8 de mayo: Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Incluye temas como la regulación sectorial y la colaboración con instancias de justicia.
- 13 de mayo: Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico.
- 15 de mayo: Servicios digitales. Abordará temas relacionados con plataformas digitales.
- 20 de mayo: El servicio público de radiodifusión. Abordará temas relacionados con el servicio público de radiodifusión.
- 22 de mayo: Derechos de los usuarios y audiencias.
El formato aprobado para los conversatorios
- Habrá intervenciones iniciales de las personas ponentes por un tiempo máximo de 5 minutos cada una.
- Senadoras y senadores de las comisiones, así como las presidencias de las mismas, podrán formular preguntas directas hasta por 3 minutos.
- Las personas ponentes tomarán la palabra para responder hasta por 5 minutos.
- Se podrá consultar si es necesaria otra ronda de participaciones, acordando intervenciones adicionales de 5 minutos o preguntas.
- Las sesiones serán públicas. La modalidad (presencial, semipresencial o virtual) será definida por las comisiones.
¿Cómo seguir o participar en los conversatorios?
Para garantizar la máxima publicidad y permitir la participación ciudadana, se habilitará un micrositio. A través de este micrositio, la ciudadanía podrá seguir las transmisiones, enviar preguntas y realizar su registro si desea participar.
Para solicitar la participación en los conversatorios, las personas interesadas, administradoras, directoras, representantes y ejecutivas de alta dirección de empresas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como organizaciones académicas, medios de comunicación, entidades públicas y personas expertas en las materias o temas que se traten, podrán solicitar su registro en el micrositio que se habilite para tal efecto.
En las solicitudes se indicará su nombre, cargo, currícula, organización a la que representa, conversatorio y tema específico sobre el que desea participar. Entregará una sinopsis de su participación, si su postura es a favor o en contra de la iniciativa y demás requerimientos. La fecha límite para el registro y recepción de documentos o propuestas será tres días antes de cada conversatorio.
A propuesta de los grupos parlamentarios, las Comisiones Unidas, a través de sus presidencias, podrán realizar la invitación directa a personas ponentes a los conversatorios.
Los conversatorios serán transmitidos por el Canal del Congreso, así como por plataformas digitales. También se invitará a los medios de comunicación a dar cobertura. Se publicará una versión estenográfica de todos los conversatorios en el micrositio.
Críticas en contra de la ley de telecomunicaciones
La iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha generado polémica y críticas significativas en diversos sectores. Entre las objeciones se incluyen:
Potencial de censura y control gubernamental
Diversos sectores, incluyendo la oposición y grupos sociales, han alertado que la nueva ley podría abrir la puerta a la censura y a un control al espectro radioeléctrico del país.
La oposición ha calificado la reforma como "Ley Mordaza" o "Ley Censura". Argumentan que otorga un poder excesivo a la Agencia Digital de Transformación, lo que podría derivar en un control gubernamental sobre las plataformas digitales y redes sociales.
El papel del Poder Ejecutivo y la desaparición del IFT
Un punto de controversia es la percepción de que el nuevo regulador de los medios de comunicación sería el Poder Ejecutivo, tras la planeada desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo.
Las funciones del IFT se dividirían entre la Agencia Digital y el organismo Antimonopolio. Esto es visto por la oposición como un otorgamiento de poder excesivo a la Agencia Digital.
El artículo 109 sobre el bloqueo de plataformas digitales
El artículo 109 ha generado mayor controversia porque inicialmente preveía la capacidad de bloquear temporalmente plataformas digitales como Facebook, X, TikTok, entre otras, en caso de incumplimiento.
La regulación y sanción de propaganda extranjera
Aunque la necesidad de impedir propaganda extranjera es un punto de coincidencia (incluso en la oposición respecto a mensajes antimigrantes), la oposición alerta que esta reforma podría ser utilizada como justificación para establecer mecanismos de censura en el entorno digital.
Límites entre regulación y derechos ciudadanos
La aprobación del dictamen (inicialmente por las comisiones) ha avivado un amplio debate sobre los límites entre la regulación digital y los derechos ciudadanos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha llamado a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas.
Proceso de aprobación inicial "fast track"
Las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen de manera que algunos percibieron como "fast track" (vía rápida), impulsado por Morena y aliados, con la oposición votando en contra y acusando censura.
Este proceso generó dudas en empresarios, periodistas y sectores de la sociedad, llevando a la decisión de abrir un espacio de diálogo y conocimiento.
Tras las críticas, los legisladores pusieron pausa a la aprobación de la iniciativa y convocaron a conversatorios.
Piden respetar los derechos de los trabajadores del IFT
El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, recalcó la necesidad de que se haga realidad el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del IFT, tal como lo establece la Constitución y la iniciativa de ley presentada en la materia por la presidenta de la República.
Al participar en el debate en la Cámara de Diputados sobre las leyes secundarias de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el funcionario subrayó que para que el respeto de estos derechos laborales sea una realidad y no solo un párrafo en la Constitución y la ley, se requieren recursos.
Por ello, solicita el apoyo del poder legislativo para asegurar que el instituto cuente con los fondos necesarios. Mojica afirmó que el IFT le ha cumplido al Estado mexicano. No solo en indicadores sustantivos como la penetración de servicios de internet o más opciones de radio y televisión, sino también en términos de recaudación.
Los ingresos que el IFT le genera al Estado
Señaló que por cada peso de su presupuesto, el IFT genera aproximadamente 10 pesos de ingresos al Estado. Y proporcionó datos específicos de recaudación para 2025:
- La ley de ingresos para 2025 contemplaba que los ingresos por el uso de recursos del dominio de la nación (espectro) que generaría el IFT serían de alrededor de 17.7 mil millones de pesos.
- Solo en el primer trimestre de 2025 (a marzo), el IFT ya ha generado 18.8 mil millones de pesos, superando en aproximadamente 1.1 mil millones de pesos lo proyectado para todo el año.
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A pesar del proceso de rediseño institucional en marcha, Mojica asegura que el instituto seguirá cumpliendo con su labor y respondiendo al Estado mexicano. Finalmente, reitera la importancia de contemplar los recursos necesarios para dar vida a los conceptos de respeto a los derechos laborales contemplados en la Constitución y la Ley.