La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado contiene aspectos positivos, como el papel de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en la transformación digital del país, consideró la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo.
“Necesitábamos una parte del Poder Ejecutivo para dirigir la transformación digital, o sea tener un gobierno digital para una política pública de inclusión digital. Eso no lo teníamos y hacía falta”, explicó.
Sin embargo, un aspecto negativo es que la iniciativa busque concentrar demasiadas funciones en el titular de la ATDT, como la especialización y la regulación y el director, José Merino, no podrá con eso, avizoró la excomisionada.
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“Son demasiadas funciones y responsabilidades que sí hacen pensar que aún con la mejor de las intenciones, muchas se van a quedar sin ejercer porque simplemente una persona no puede con tanto. Y eso dándole el beneficio de la duda de que todo lo que está ahí hay que hacerlo”.
Riesgo para el TMEC
Aunque la iniciativa tiene una correcta exposición de motivos y forma parte del interés que ha mostrado la presidenta Sheinbaum en la materia, los problemas vienen a la hora de ejecutarla, planteó por su parte el presidente de DPL Group, Jorge Fernando Negrete.
Entrevistado por La Silla Rota, criticó la redacción del artículo 109, que permite a la agencia suspender a una plataforma digital. Eso puede afectar la libertad de expresión y va contra el artículo sexto de la Constitución de tener derecho a las telecomunicaciones, advirtió.
“Esto es un tema de la mayor relevancia porque podríamos tener abusos de parte de la autoridad y cancelar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información”, remarcó.
Comunicado IDET by La Silla Rota
Estavillo coincide con la posición del abogado, en el sentido de que es negativo que la ley permita a la autoridad suspender una plataforma digital.
“Como está puesto en la ley, parece como un juicio sumario. Se ordena la suspensión inmediata y se va a sancionar. Yo preguntaría, ¿en dónde estuvo el proceso para determinar que ahí había algo que había que bajar? ¿Quién opinó? ¿Quién lo analizó? ¿Cómo nos vamos a la sanción? Eso sí me parece muy riesgoso para para la libertad de expresión”, advirtió.
El experto en política pública digital agregó que uno de los objetivos de la ley es atraer inversiones en la materia, sin embargo, esto parece complicarse al dejar fuera de la ley antimonopolios a la empresa de internet y telefonía móvil, Altan, que tiene como accionista mayoritaria a la Comisión Federal de Electricidad.
“Además se le declara una empresa donde en la prestación del servicio de telecomunicaciones y del servicio de internet no serán consideradas monopolio, por lo tanto, estará sustraída a la regulación de la Ley de competencia económica y eso viola el artículo 18 del TMEC en materia de telecomunicaciones, que señala que no se debe privilegiar a una empresa pública” de esa materia, precisó.
Trámite exprés
La iniciativa de nueva ley de telecomunicaciones fue entregada el 23 de abril al Senado, y apenas un día después, este 24, las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y de Estudios Legislativos, aprobaron en dos horas y media el dictamen respectivo de 311 cuartillas, sin cambios sustanciales al documento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador morenista José Antonio Cruz Álvarez Lima, dijo al presentar el dictamen que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el documento se establecen las facultades de la agencia, autoridad encargada de formular y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y con las facultades para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a redes e infraestructura.
Además, a la agencia le corresponderá emitir criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento de este recurso, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Asimismo, se fija la prohibición a los programadores y operadores de señales, de transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión, de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.
La iniciativa ya generó un espectro de críticas de analistas y políticos de la oposición, muchas de las cuales son por la posible censura que se avizora, en caso de avanzar y aprobarse.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones expuso mediante un comunicado que la censura que la agencia puede ejercer arbitrariamente va desde la radio, la TV, las plataformas digitales y hasta aplicaciones de redes sociales como TikTok, Facebook o X, entre otras.
“¿Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela?”, planteó.
Se espera que el dictamen sea presentado ante el Pleno y votado la próxima semana.
Iniciativa Telecom by La Silla Rota
Otros aspectos
Algo con lo que tampoco está de acuerdo la ex comisionada es que la información tan valiosa que generaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones en materia de transparencia y registro público de concesiones, sanciones, normas, ya no se haga pública.
“Esta obligación de transparencia de la ley se elimina, así como impulsar el servicio de carrera que es de lo más valioso que el país ha invertido en formación de este personal y eso se abandona”, criticó Estavillo.
Problemas en competencia
El director de DPL Group, Jorge Fernando Negrete explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una política de ciencia y tecnología sustentada en la conectividad y quiere atraer empresas de alta tecnología para efectos de nearshoring.
“La presidenta quiere soberanía tecnológica digital, empresas tecnológicas que estén invirtiendo en México e inclusión digital”, continuó.
Pero la única manera de obtener eso es con conectividad y anchos de banda robusto. Si no se tienen las empresas tecnológicas no van a venir al país, enfatizó.
La redacción de la ley significa problemas para puesta en marcha, estima. El primero es el del espectro radioeléctrico porque México tiene las tarifas de espectro más caras en América Latina y de las más caras en el planeta.
“Acá se privilegió la idea de que hay una licitación en términos comerciales y si alguien tiene interés en el tema social, se le va a descontar del pago de derechos la inversión en áreas rurales. Es decir, no veo incentivos para la cobertura en áreas rurales”.
El segundo inconveniente es que Altán va a tener acceso al espectro radioeléctrico en condiciones favorables, absolutamente excepcionales. No solamente esa empresa tendrá facilidades, sino cualquier otra área de la administración pública que quiera explotar el espectro.
Un ejemplo es lo ocurrido con la operadora AT&T, empresa que ha invertido en su propia red, que ha generado una cobertura importante y aún así le ha llevado nueve años hacerse de 21 millones de usuarios.
Esa compañía debe competir con Bait, una empresa de Walmart que usa la red pública de Altan tiene casi 20 millones de usuarios.
“Es un operador móvil virtual que no ha invertido infraestructura, que no paga espectro y que se monta en la operación de Altán.
En dos años, sin invertir en infraestructura, con espectro subsidiado tiene casi 20 millones de usuarios, lo que le ha llevado 9 años a AT&T. Es un subsidio con el dinero público, el espectro público mexicano para financiar una transnacional como Walmart en una operación donde no invierten”.
Altán tiene condiciones privilegiadas y además se le declara una empresa donde en la prestación del servicio de telecomunicaciones y del servicio de internet no serán consideradas monopolio, por lo tanto estará sustraída a la regulación de la ley de competencia económica.
Eso significa una competencia desleal por parte de esta empresa pública que además se asume que no será un monopolio y no será regulada por la ley de competencia económica.
“Estamos matando los estímulos a la inversión y claramente las intenciones de la presidenta Sheinbaum de una política de ciencia y tecnología, de inclusión digital y de nearshoring digital no van a suceder con esta ley”, lamentó.
Se inconforman y piden mayor análisis
La Alianza de MediosMX se pronunció por la iniciativa y, en principio, estimó que es riesgosa la desaparición de un órgano autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será remplazado por un regulador bajo control del gobierno.
Esa concentración puede permitir que se tomen decisiones discrecionales que afectarán la pluralidad de voces, la competencia justa y la libertad editorial.
“Hacemos un llamado a que la industria de los medios sea reconocida como actor clave en esta discusión. La elaboración de una nueva ley que impacta directamente en los entornos de operación, inversión y desarrollo de los medios debe abrir espacios de diálogo amplio, plural y transparente con los actores del sector”, pidieron.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones expuso en su comunicado algo similar.
“México está perdiendo una oportunidad para avanzar sus telecomunicaciones en beneficio de la población. Ojalá se hicieran foros abiertos para que los mejores académicos y especialistas de México y el mudo fortalezcan el futuro tecnológico de los mexicanos y no se retrotraigan derechos y tecnologías”.
La International Chamber of Commerce México también se pronunció y pidió al Congreso de la Unión asegurar un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa.
“La magnitud e impacto de esta reforma exige una evaluación seria y detallada que considere sus posibles efectos sobre la inversión, la competencia y los derechos de los usuarios, considerando las elecciones aprendidas de reformas anteriores”.
Contexto: Qué es Altán
En 2016, tras la reforma en materia de telecomunicaciones presentada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto se concesionó a una empresa privada el diseño y operación de la “red de todos”, un proyecto para brindar servicios de conexión a internet y telefonía en zonas en las que la cobertura era limitada, o que los operadores privados no consideraban rentables.
La compañía se enfocaba en atender a localidades de menos de entre 250 y 10 mil habitantes, y también a las de 250 o menos.
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Las dificultades para alcanzar las metas de cobertura complicaron la situación financiera de Altán, por lo que la compañía entró a concurso mercantil en 2021 ante la imposibilidad de cubrir sus deudas con acreedores.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó una asociación público privada y garantizó la inversión necesaria para que el proyecto cristalizara.