La Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., una asociación civil fundada por juezas y magistradas con la intención de buscar reducir la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en México, emitió un comunicado para protestar en contra de la reforma al Poder Judicial, y de los ataques políticos que sufren los jueces, ministros y magistrados.
“Hoy, cuando el Poder Judicial es atacado por cumplir su deber, alzamos la voz:
Exigimos respeto a las suspensiones de amparo (¡son control constitucional, no "activismo"!).
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Denunciamos la campaña de desprestigio contra juzgadoras que defendemos la ley.
Advertimos: sin independencia judicial, no hay derechos para nadie.
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Únete a este llamado. Comparte. La justicia no es botín político”, expresaron en su cuenta de X.
En su comunicado afirman que “la reforma al Poder Judicial atentó contra la división de poderes, vulneró la independencia judicial y dejo tocado de gravedad el incipiente estado de derecho”.
Y acusan de “irresponsables” a los políticos y funcionarios públicos del poder legislativo y ejecutivo por pronunciarse públicamente en contra de resoluciones judiciales que no les parecen, esto antes incluso que recurrir a otras instancias judiciales para impugnarlas decisiones de los propios jueces.
En específico, su reclamo se centra en acusar a los políticos de ignorar los juicios de amparo contra la reforma judicial aludiendo motivaciones políticas a los jueces, los cuales, exaltan, son los defensores de la Constitución.
Recalcan que la razón por la que los jueces en materia de amparo suspenden las resoluciones legislativas de los diputados y senadores, así como las órdenes ejecutivas, es porque es la función que la “Ley Suprema” les ha conferido. Además de que esto se hace para asegurarse que las reformas y acciones de autoridad de los otros poderes no violen la Constitución y abusen de la ciudadanía.
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La Asociación Mexicana de Juzgadoras reconoce que la división de Poderes otorga funciones diferentes a los tres poderes, el Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo la ejecuta y el Judicial las interpreta y aplica.
No obstante, mientras acusa a los otros poderes de no respetar la división de Poderes, se autoagencian, como integrantes del Poder Judicial, la función de salvaguardas del equilibrio de los poderes públicos, siendo estos la forma de gobierno elegida por los fundadores de la República y no el pueblo mismo (el cual voto a favor de la reforma judicial).
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También denuncian que la reforma judicial se hizo con el propósito de “politizar, controlar y someter” al Poder Judicial. Y advierten que viola los derechos de los ciudadanos.
Por último insisten en el reclamo a los funcionarios públicos de los otros poderes de la Unión a interponer recursos judiciales en contra de las decisiones judiciales con las que no estén de acuerdo, en lugar de acusar el uso político de la justicia por parte de los jueces.
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Y concluyen reafirmándose como los defensores de los derechos de los ciudadanos y afirmando que las mujeres en contra de la reforma judicial son más que las que apoyan la reforma, una vez más, negando la consulta ciudadana que muestra un apoyo mayoritario a favor de la reforma.