La Procuraduría Federal del Consumidor difundió este sábado 29 de noviembre un cálculo orientativo sobre el desembolso mensual y anual que realizan las personas que viven con diabetes tipo 2. Según los datos de la Brújula de Compra, el gasto anual por persona se ubica entre 24,086.58 y 46,949.10 pesos, con base en precios mínimos, máximos y promedios de medicamentos e insumos verificados en el programa Quién es Quién en los Precios.
El estimado incluye productos que se adquieren de forma periódica y otros de compra esporádica. Un glucómetro puede costar entre 280 y 1,706 pesos; un dispositivo de punción, entre 83 y 139 pesos; la insulina glargina, entre 1,625.53 y 3,069 pesos por caja; y la metformina, entre 18 y 137 pesos por frasco con 60 tabletas. A esto se suman insumos de uso continuo: lancetas, tiras reactivas y jeringas, cuyos precios varían según el establecimiento.
Profeco señaló que estos montos sirven como referencia, debido a que cada tratamiento sigue indicaciones médicas específicas. La diabetes tipo 2 se relaciona con factores como la predisposición genética, el aumento de edad, la falta de actividad física, el tabaquismo, una dieta alta en productos energéticos y el sobrepeso u obesidad.
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La presión económica para las finanzas nacionales
La diabetes tipo 2 se mantiene entre las enfermedades que generan mayor impacto en la economía mexicana. Estimaciones recientes calculan un costo nacional de 21,900 millones de dólares, equivalente al 2.1% del PIB, cifra que refleja la magnitud de su carga para la productividad y el gasto público.
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En 2022, el conjunto de enfermedades crónicas —incluidas diabetes, cáncer y cardiopatías— representó el 3.6% del PIB, con un valor cercano a 46.7 mil millones de dólares. México ocupó el tercer lugar en América Latina por impacto económico atribuible a padecimientos crónicos, después de Brasil y Argentina.
Además de la atención médica, la pérdida de productividad amplía los costos. El ausentismo y la reducción de rendimiento laboral afectan a personas en edad productiva. Cálculos acumulados entre 2018 y 2022 estimaron que, en promedio, cada mexicano mayor de 15 años necesitó trabajar 11.5 días adicionales por año para compensar la pérdida económica asociada a estas enfermedades.
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El gasto institucional del IMSS y el ISSSTE
Las instituciones públicas enfrentan un gasto creciente debido a la transición epidemiológica hacia padecimientos no transmisibles. El Instituto Mexicano del Seguro Social destinó en 2024 un total de 38,802 millones de pesos a la atención de diabetes, lo que representó 106 millones diarios.
Ese mismo año, el IMSS asignó 33,475 millones de pesos a la atención de insuficiencia renal, una complicación asociada a la diabetes. El costo anual de hemodiálisis por paciente se ubicó en 415,000 pesos. En 2022, la institución invirtió 50,619 millones de pesos en la atención de diabetes mellitus, equivalente al 13.2% de su gasto total.
El ISSSTE también destinó una proporción significativa de su presupuesto a enfermedades crónicas. En 2022, el 30.7% de su gasto total se enfocó en cinco padecimientos, entre ellos diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares.
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Sobrepeso, obesidad y consumo de productos ultraprocesados
El país enfrenta cifras elevadas de sobrepeso y obesidad. Según los reportes más recientes, el 76.2% de la población adulta presenta alguna de estas dos condiciones. Asimismo, tres de cada cuatro adultos viven con exceso de peso, lo que influye directamente en la prevalencia de diabetes tipo 2.
El acceso limitado a alimentos frescos y el predominio de opciones ultraprocesadas de bajo costo influyen en los patrones de consumo. El promedio nacional de refrescos por persona llega a 166 litros anuales, y un envase de 600 mililitros contiene hasta 15 cucharaditas de azúcar.
El consumo de bebidas azucaradas se relaciona con uno de cada tres nuevos casos de diabetes. También se vincula con enfermedades cardiovasculares: uno de cada siete diagnósticos de este tipo deriva de ese consumo.
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El costo para las familias frente a la insuficiencia de los impuestos saludables
La diferencia entre el gasto anual que realiza el país para atender diabetes, obesidad y enfermedades asociadas, y la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es amplia. En 2019, los costos por obesidad y sobrepeso sumaron 445,791 millones de pesos (1.78% del PIB), mientras que la recaudación del IEPS para productos relacionados con estos padecimientos fue de 48,682 millones de pesos (0.19% del PIB).
México invierte 9.2 veces más en atender las consecuencias de obesidad y diabetes que lo que recauda mediante este impuesto. El gasto total por enfermedades vinculadas con el consumo de tabaco y bebidas azucaradas se estimó en 116,000 millones de pesos cada año.
Organizaciones civiles y organismos internacionales han expuesto propuestas para aumentar el IEPS aplicado a bebidas azucaradas. El Banco Mundial planteó un monto de 0.12 pesos por gramo de azúcar, mientras que distintas organizaciones mexicanas propusieron elevar el impuesto a 7 pesos por litro.
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Destino de los recursos y discusión legislativa
En septiembre de 2025, el Gobierno federal anunció que lo recaudado por impuestos a bebidas azucaradas y tabaco se dirigiría a un fondo administrado por la Secretaría de Salud, enfocado en la prevención y tratamiento de diabetes, hipertensión y enfermedades renales. El objetivo informado fue desincentivar el consumo.
Especialistas señalaron que el Paquete Económico 2026 no incluyó mecanismos legales que aseguraran el traslado directo de esos recursos al fondo sanitario. Legisladores y organizaciones discutieron la necesidad de crear un Fondo de Impuestos Saludables dentro de la Ley de Coordinación Fiscal para evitar que esos montos ingresaran a la bolsa general y perdieran seguimiento programático.
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Un panorama que combina costos personales y presión pública
El gasto individual estimado por Profeco muestra la carga que enfrentan las familias para sostener tratamientos permanentes. A nivel nacional, la combinación de alta prevalencia de diabetes tipo 2, consumo elevado de productos azucarados y un sistema fiscal que recauda menos de lo que el país gasta genera una presión constante para las instituciones públicas.
La suma del gasto individual y el costo institucional permite entender el tamaño del desafío para México, que enfrentará la necesidad de fortalecer la prevención, actualizar medidas fiscales y consolidar mecanismos que aseguren la aplicación de recursos en atención primaria.
VGB
