La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración.
Los auditores detectaron un probable daño al erario superior a 57 millones de pesos, correspondiente a observaciones de las Cuentas Públicas 2020 y 2021. Esta acción representó la primera denuncia penal que la ASF interpuso contra el organismo en más de dos décadas de revisiones.
De acuerdo con los informes de la Auditoría, las irregularidades se concentraron en la ejecución de programas relacionados con la extinción de fideicomisos de ciencia y tecnología. El Conacyt se sumó así a Segalmex y la Conade como las únicas entidades del sexenio anterior denunciadas penalmente por la ASF.
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La denuncia se presentó en el contexto de una política de austeridad promovida por Álvarez-Buylla, cuyo propósito declarado fue eliminar la corrupción y redirigir los recursos públicos hacia proyectos prioritarios.
Foco de las irregularidades: extinción de fideicomisos
Las anomalías detectadas por la ASF se concentraron en los procesos de cierre y transferencia de recursos de cuatro fideicomisos institucionales. Según el dictamen, el daño presupuestal probable se originó durante las operaciones administrativas y contables para liquidar los fondos del FONCICYT, FORDECYT-PRONACES y CONRICyT.
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Los auditores documentaron pagos sin comprobación de servicios por un monto de 35.1 millones de pesos, distribuidos en cinco contratos con tres proveedores: NRGP Servicios Empresariales Integrales, COFISAA Servicios Empresariales y Soluciones Empresariales & Profesionales ZUVI. Los supuestos entregables consistieron en archivos sin estructura verificable ni documentación de soporte.
También se identificó un pago anticipado de 22.5 millones de pesos a NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V., destinado al seguimiento de 1,799 proyectos transferidos, sin evidencia de prestación efectiva o devengamiento de los servicios.
La ASF reportó además inconsistencias en las bases de datos proporcionadas como evidencia de los trabajos contratados. El propio Conahcyt reconoció que los archivos presentaban duplicaciones, errores en fechas y discrepancias en los montos.
Procesos contractuales y compromisos extemporáneos
El órgano fiscalizador cuestionó un procedimiento de contratación por carecer de al menos dos fuentes en la investigación de mercado y por establecer requisitos que restringieron la competencia, como la exigencia de experiencia previa con el Conacyt.
Los auditores también identificaron un compromiso extemporáneo de recursos del programa FORDECYT-PRONACES, que asignó 97.6 millones de pesos mediante 10 convenios posteriores al plazo legal establecido por decreto el 6 de noviembre de 2020.
Durante la revisión, se detectaron fallas en la rendición de cuentas, inconsistencias en la comprobación documental y ausencia de mecanismos de control para verificar la aplicación de los recursos.
Los hallazgos se presentaron ante la FGR, que inició el proceso correspondiente para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
El contraste entre la austeridad y el lujo familiar
La difusión de la denuncia penal coincidió con la publicación de un reportaje en Dwell Magazine sobre el estudio de arte de Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora del Conacyt.
El espacio, diseñado por la firma Estudio MMX en el terreno familiar de Tlalpan, Ciudad de México, cuenta con dos niveles y 60 metros cuadrados. La publicación generó amplio debate en redes sociales, donde usuarios destacaron el contraste entre la narrativa de austeridad institucional y la construcción del estudio.
Tras la polémica, la artista modificó la visibilidad de sus redes sociales. El episodio amplificó la discusión sobre los gastos del organismo durante la gestión de Álvarez-Buylla.
De acuerdo con datos públicos, entre 2021 y 2023 el Conahcyt destinó más de 7 millones de pesos a vuelos nacionales e internacionales, 5 millones a eventos institucionales y 3.6 millones al comedor del organismo.
Respuesta de la exfuncionaria y contexto legal
Álvarez-Buylla rechazó los señalamientos de la ASF y sostuvo que todas las acciones del Conacyt se realizaron conforme a la normativa vigente. Afirmó que el proceso de extinción de fideicomisos fue “exitoso” y promovió la transparencia en el uso de los recursos.
Indicó que las irregularidades detectadas correspondieron a fallas administrativas localizadas por el Órgano Interno de Control, lo que derivó en la renuncia de directivos de la unidad responsable y en la apertura de procedimientos administrativos.
En sus redes sociales, la exdirectora expresó que las autoridades competentes deberán determinar la existencia de responsabilidades penales o administrativas.
Su gestión transformó al Conacyt en una secretaría (Secihti), proceso acompañado por tensiones con la comunidad científica, ajustes presupuestales y denuncias legales. En 2021, la exfuncionaria presentó una querella contra 31 investigadores por presuntos desvíos de 244 millones de pesos, causa que concluyó en 2023 con la absolución definitiva de los acusados.
Una paradoja institucional
La coincidencia entre la denuncia penal, el daño presupuestal detectado y el contraste público del estilo de vida familiar de la exfuncionaria delineó un escenario que expone la paradoja entre el discurso de austeridad y la gestión de recursos públicos en el sector científico.
La FGR continuará con las diligencias correspondientes para determinar si existieron responsabilidades en el manejo de fondos y si procede acción penal contra los involucrados.
El caso del Conahcyt permanece abierto y constituye el primer antecedente penal en su tipo desde la creación del organismo.
VGB