Debido al recorte al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 13% menos para este año con respecto a 2024, la SCJN se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales.
Debido a esta situación, se torna incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
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Así lo dio a conocer la Corte en un boletín, luego de informar que el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad, en lo general, los ajustes al presupuesto a ejercer este año, derivados del recorte de 714.4 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo en diciembre pasado a los recursos solicitados por este Alto Tribunal.
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El presupuesto autorizado a la Suprema Corte para este año fue de 5 mil 208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024. Se trata del recorte más significativo de los últimos 15 años, remarcó la SCJN.
Sheinbaum se comprometió a gestionar recursos en casos de ser necesarios
El comunicado destacó que por conducto de la Secretaría de Gobernación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias.
De cualquier forma, la Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora.
Los cambios que se avecinan
Este 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambiará tal como se le conoce, ha dicho la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, que dejará su cargo el 30 de agosto.
La razón del cambio es la reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, que entre los cambios que incluye está el de la elección a través del voto popular de los ministros, que dejarán de ser 11 para ser 9, y ya no estarán divididos en salas especializadas, sino sólo actuarán como un Pleno.
En la elección del 1 de junio, además de la elección de ministros de la SCJN, también se elegirá a jueces y magistrados.
El pleito por los fideicomisos del Poder Judicial
El pasado 7 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura respondieron a la demanda de que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se entreguen a la Tesorería de la Federación. Nacional Financiera, que resguarda más de 10 mil millones de pesos, se niega porque hay suspensiones de jueces en contra de la reforma judicial, señalaron en una tarjeta informativa.
Desde su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que los fideicomisos con los que se financiaban pensiones y pago de gastos médicos de mandos superiores, medios y personal operativo del Poder Judicial y sean restituidos, como señala la reforma constitucional.
El artículo 10 transitorio de la reforma establece que los recursos deben entregarse en un plazo de 90 días después de que el cambio constitucional entre en vigencia; el periodo establecido se venció en diciembre.
El decreto establece también que “los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos (…) y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente y a los demás fines que esta determine”.
Por la noche del martes 7 de enero, la Corte respondió que Nafin se excusó de cumplir con la instrucción de entregar los recursos a la Tesorería girada por la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y del CJF, porque podría incurrir en las conductas delictivas previstas en los artículos 209 y 262 de la Ley de Amparo.
El 262 castiga con tres a nueve años de prisión, multa y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo al servidor público que no obedezca una suspensión debidamente notificada.
"El CJF hizo del conocimiento lo anterior a las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Tesorería de la Federación, previo al periodo vacacional. Se aclara que, el total del monto de los fideicomisos se desglosa de la siguiente manera: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene seis fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos. El Consejo de la Judicatura Federal posee cuatro fideicomisos y al 6 de enero de 2025 se tiene un saldo en conjunto aproximado de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos".
La presidenta de la Corte también instruyó a Banobras que entregara los recursos del Fondo Jurica, creado para el Fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, (853 millones) a la Tesorería. El banco de desarrollo sí atendió la indicación.
Sheinbaum culpa al Poder Judicial
De igual forma, Sheinbaum dijo que la devolución del dinero de los 14 fideicomisos ya está dispuesta en la Constitución, tras la aprobación a la reforma al Poder Judicial
“Tiene que restituirlos, todavía no, todavía no se integran a la Tesorería, pero tiene que, eso dice la Constitución”, señaló Sheinbaum Pardo.
Al decir que los fideicomisos del Poder Judicial deben ser entregados a la Tesorería de la Federación, la titular del Ejecutivo hizo un llamado particular al Consejo de la Judicatura, que posee 6 de estos fondos.
“Y ellos pues son… el Consejo de la Judicatura particularmente, las y los ministros tienen que integrar lo que está en los fideicomisos a la Tesorería”, sostuvo.